El estado de insumisión, rebeldía y aconstitucionalidad en que se ha declarado el Gobierno Rajoy respecto a las Cortes es uno de los grandes escándalos democráticos de lo que va de siglo y de parte del anterior, desde la primera Transición. Un colofón con el que uno de los Ejecutivos españoles más prepotentes que vieron los tiempos, que ha legislado cuatro años a golpe de decreto ley, se hace un homenaje a sí mismo y le hace un desprecio supino a la soberanía popular ejercida en las elecciones del pasado 20 de diciembre.
El Gobierno está en funciones, sí, pero el Congreso de los Diputados no. El Congreso está en pleno ejercicio de sus atribuciones, y no parece lógico, ni jurídico, que un Gobierno en funciones tenga menos obligaciones o más atribuciones que un Gobierno en pleno ejercicio, ni que un Congreso en pleno uso de sus facultades las vea limitadas.
Son muy preocupantes los tics antijurídicos y antidemocráticos del Gobierno Rajoy en sus minutos basura. Durante la reciente campaña electoral, tanto el presidente del Gobierno como muchos de sus ministros y diferentes dirigentes del PP se empecinaron en decir, reiterar, repetir y tripitir, a ver si colaba, que tras el 20-D tenía que gobernar el partido más votado, que eso era «lo democrático y lo legal». No es verdad, y ellos lo saben. Saben que el artículo 99 de la Constitución -tan invocada a su conveniencia por el Partido Popular para otros asuntos- dispone taxativamente que no gobierna quien gana unas elecciones con los votos de los ciudadanos, sino quien consigue la investidura con el apoyo de un determinado número de diputados.
Mira uno ahora atentamente la Constitución y encuentra una y otra vez disposiciones como la del artículo 66, que dice que «las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución» o la del 110 –«Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno»– o la del 111 –«El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras»-, y no encuentra ningún artículo que diga que un Gobierno en funciones queda exento de esas obligaciones.
Hoy, todos los grupos, salvo el PP, han reprochado en el Congreso al Gobierno que no se someta al control parlamentario y han aprobado llevar su negativa ante el Tribunal Constitucional. Que no tarden en hacerlo y que no tarde el Constitucional en pronunciarse y acertar.