Buena pregunta. Muchos se la hicieron hace unos días al filtrarse que el Grupo Popular había propuesto la creación de una subcomisión sobre redes sociales en el Congreso, pero «en el seno de la comisión de Interior». ¿Interior? Otra buena pregunta.
Al leer el documento de la petición, que podéis ver más abajo y que subió a scribd @cesarcalderon, me quedó claro que el origen estaba en una Proposición no de Ley aprobada en marzo en el Congreso, por unanimidad, que instaba al Gobierno a reforzar, entre otras cosas, «la prevención del acoso por Internet» en el caso de los menores y también las unidades policiales que investigan delitos relacionados con ese acoso.
De acuerdo. Pero, aunque la «prevención» parece el objetivo fundamental de la iniciativa, en el texto se hace mención también a los usuarios adultos de redes sociales, al whatsapp, al sexting y a la propiedad intelectual. En concreto, se habla de «determinar las medidas necesarias para la protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno de las redes sociales y para la comisión de conductas respetuosas con estos derechos por parte de los usuarios de las citadas redes». Eso ya no me quedó tan claro.
Así que me puse en contacto con el responsable de la petición, Conrado Escobar, diputado del PP en el Congreso por La Rioja y portavoz en la comisión de Interior. Y le pregunté.
Lo primero que me dijo es que aún no se habían sentado a debatir, que «el objeto originario y principal» de la subcomisión son los menores y que, en este sentido, el grupo de trabajo no se ceñirá solo al plano de Interior, aunque dependa de ello, sino también a otras cuestiones importantes como “los puntos de vista educativo y familiar”.
La palabra que más me repitió, en efecto, fue «prevención». Pero también insistió en su concepto positivo de las redes sociales: «Son una magnífica herramienta de comunicación». Es más, me explicó que durante su etapa de consejero de política local en La Rioja visitó muchos centros de secundaria y habló con muchos padres cuya primera reacción, dirigida a proteger a sus hijos, tenía que ver con prohibir. Eso, me dijo, «es una barbaridad, porque las redes van a seguir funcionando y, queramos o no, no se pueden poner puertas al campo».
Quieren fomentar también la autoprotección para evitar situaciones de riesgo y hacer entender a los menores que, «conviviendo con este fenómeno», la primera recomendación a poner en práctica es que tienen que comportarse en Internet «como en la vida real». Estas cautelas, insistió, les ayudarán a aprovechar al máximo las posibilidades de las redes. ¿Y qué hay de la mención a los adultos? Pues que la subcomisión pretende abarcar «cualquier situación de riesgo que se pueda originar en redes sociales para cualquier tipo de público».
Vale, ¿pero no se acaba de aprobar en Consejo de Ministros un anteproyecto de reforma del Código Penal sobre esto?, le pregunté, mencionando el caso de la concejal Hormigos y el hecho de que ahora se castigarán el «acecho y el hostigamiento» o la divulgación de imágenes íntimas. ¿No se pisan las dos cosas? Lo que salga de la subcomisión, me respondió, será algo «complementario» o «colaborativo» respecto a la norma.
El efecto del Código Penal, añadió, es «disuasorio y también punitivo, pero por la esencia de nuestro estado de derecho solamente tiene que entrar en funcionamiento una norma penal cuando se han agotado otras posibilidades». Dentro de ellas estaría la subcomisión.
Muy bien, pero la subcomisión es para el estudio de las redes sociales y en la propuesta se habla del whatsapp. ¿No deberían delimitar primero qué es una red social? «Muy atinada observación, casi científica». Lo harán, me dijo, al principio de todo, «ajustarán al máximo cuál es el contenido de una red social para, a partir de ahí, diseñar el ámbito de trabajo parlamentario». Aunque en mente tienen, principalmente, a Twitter, Facebook y Tuenti. Esta última, me recalcó, se está prestado de forma «muy entusiasta» a colaborar (recordad su trabajo con la Policía). Con otras redes «de alcance universal» podría ser más complicado establecer acuerdos y «pautas comunes». Aunque hay buena disposición, según Escobar.
Otra duda que me corroía. Sobre la «prevención de delitos» en redes sociales. Le recordé al diputado el caso del Lord británico al que miles de tuiteros señalaron como pederasta tras un reportaje de la BBC. Algunos ven en ello un delito, aunque hay dudas. «No es un caso único», me dijo, «habrá más». Sin meterse a analizarlo, volvió a la concienciación: «El primer filtro lo tenemos que poner nosotros mismos», me contestó, aludiendo a un uso prudente de Internet sin dejarnos llevar por «la inmediatez». Además, insistió varias veces en que «todo deja rastro» en la Red y que, en el caso de los menores, casi siempre por una cuestión de desconocimiento, medir las repercusiones de un mensaje equivocado es complicado.
Venga, el tema espinoso: la propiedad intelectual. Ya sabe que anda por ahí un borrador de la ley, que el tema es amplio, que tendrían que delimitarlo, que podríamos estar hablando de copiar y pegar un capítulo entero de un libro en Facebook o de, simplemente, enlazar a un artículo de prensa… Sí, le comenté todo eso, con la coletilla de «el enlace es la base de Internet». Es un asunto «controvertido», respondió; «sí, el enlace es la base de Internet», añadió. Después me confirmó que para este apartado, y sin que la propiedad intelectual sea, en ningún caso, la prioridad de la subcomisión, llamarán a «expertos» que arrojen luz al margen de los miembros de carácter parlamentario. Bueno, para esto y para todo lo demás.
¿Quiénes? «Voces autorizadas», en el terreno de la protección del menor y también «gente cercana al Ministerio de Industria o del mundo de la Cultura para aportar visiones» sobre la propiedad intelectual. ¿Y gente del sector, de Internet? «Sí, sí, claro, claro». Quieren que el abanico sea «lo más variado y representativo» posible y que lo que salga de ahí sea «útil». Poco más sobre esto y el papel que tendrá añadido respecto a la citada reforma de la ley. Solo diré que todo esto me retrotrae inevitablemente a cierta época y a otras comisiones y subcomisiones.
¿Tiempos? La subcomisión arrancaría en enero o febrero y trabajará durante cuatro o cinco meses. Sus conclusiones tendrán que ser aprobadas por el pleno del Congreso.
*Fotos de Sara G y Stockmonkeys.com.
