Hace solo dos semanas hablaba con Conrado Escobar, portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso e impulsor de la creación de la subcomisión parlamentaria de estudio sobre las redes sociales, y me dijo que estaban «en la recta final» de sus trabajos.
Lo están, aunque ayer se votó en la Comisión de Interior (de la que depende al primera) continuar durante seis meses (hábiles) más esos trabajos a partir de junio. La petición de prórroga se ha realizado en nombre de todos los miembros de la subcomisión. Estos.
Escobar me explicó que quedaban dos o tres comparecencias por celebrarse. Ayer, en la comisión, detalló que son las del responsable del Ministerio del Interior (¿Fernández Díaz?) y, «por razones de oportunidad», las de «algún operador de las redes sociales» (¿cuál(es)?). Después, vendrán el informe y las conclusiones.
¿Por qué piden seis meses más? Pues porque se ha generado mucha documentación a partir de las más de 40 comparecencias realizadas y porque coincide «felizmente» (sic) en el Congreso la tramitación de la reforma del Código Penal (¿Acabarán en él algunas de las recomendaciones? ¿irán estas en la línea oficialista de introducir algún tipo no contemplado sobre el fomento del odio? ¿o, por el contrario, se centrarán en la educación y en la prevención? ¿se forzará la legislación? Ay, cuántas preguntas.)
Sobre el tema intervinieron brevemente para fijar postura los portavoces de PNV, CiU, PSOE y PP. Y bueno, Esteban González Pons, presidente de la comisión y electo reciente -al que todos desearon buena suerte en su nueva etapa-, que iba dirigiendo la sesión.
Llamó a la subcomisión de estudio sobre las redes sociales «subcomisión de seguridad en las redes telemáticas» (sic). Unas redes, dijo, que «estrechan lazos». Como Instagram, en la que últimamente publica como si no hubiera mañana. En su descargo diremos que algún-que-otro excandidato (ya trataré este tema) se ha olvidado de sus cuentas tras el paso por las urnas.
(En la foto, González Pons junto a María Rosa Ripollés, letrada de la subcomisión de Estudio sobre las Redes Sociales)
Todos los grupos estuvieron de acuerdo -«por asentimiento»- en prorrogar la subcomisión. Utilizaron palabras para este tema como las de asunto «complejo» e «inagotable». Hablaron de las «zonas de sombra» en esto de expresarse dentro y fuera de las redes, de la «pasión» con la que los diputados han abordado el tema y de que algún grupo ha valorado incluso «volver a llamar» a algunos comparecientes a raíz de los últimos acontecimientos tuiteros que, por cierto, se han desinflado casi tanto como las detenciones gota a gota. Pero no.
La subcomisión ha recibido críticas por celebrarse a puerta cerrada. Todas las subcomisiones lo hacen y sus informes se publican solo cuando terminan sus trabajos. José Ignacio Sánchez Amor, portavoz del grupo socialista dijo, de hecho, que la falta de presión mediática les ha permitido trabajar «con una cierta mayor libertad».
Tras referirse a las recientes «diatribas públicas sobre el uso de Twitter», añadió que «el trabajo de la comisión, si estuviese semanalmente escudriñado por la prensa podría ser más envarado, menos fluido» y que de esta forma, van «a ser más útiles a esta comision (de Interior), al parlamento y al país».
Pues no sé yo si me convence.