Por Lucía Rodríguez Sampayo
- Fotografía de EFE
Hablábamos de mujeres valientes. Lesbianas que salieron a la calle a reivindicar su autonomía y su placer a pesar de haber sido amenazadas, directa e indirectamente. Y hablábamos también de quienes no aceptan esa autonomía, quieren coartarla y recurren a la violencia ante las expresiones de libertad que pueden poner en peligro el sistema patriarcal, o los subsistemas de privilegios que algunos han logrado consolidar, asumiendo la exclusión de otras como un “mal necesario” para su propio bienestar.
Ese sistema habló, tras la Marcha de la Diversidad Sexual de 2014 en El Salvador, de “neutralizar” expresiones que consideraba inconvenientes. Yo hablo de más violencia. Porque no contentos con haber puesto en riesgo la integridad de aquellas mujeres que defendían sus derechos y su dignidad, quisieron hacerle creer al mundo que su disidencia, su libertad, era la que generaba la violencia. Que sus reivindicaciones tenían un impacto en el incremento de los “crímenes de odio”.
Cada año, tras el Orgullo LGBTI, aumentan en El Salvador los asesinatos de personas de la diversidad sexual, y específicamente de mujeres trans, las más expuestas por su especial situación de exclusión y desprotección . Pero no podemos consentir que se responsabilice de estos crímenes a las defensoras de los derechos humanos y de la población LGBTI. Parece que es cierto que la visibilización de las demandas, de la exigibilidad de esos derechos, exacerban los odios y la violencia de una sociedad que no tolera la diferencia, la diversidad ni la disidencia. Así lo demuestra el hecho de que, en los últimos 10 años, se haya incrementado la tasa de crímenes por odio en un 400% en El Salvador. Pero la responsabilidad es exclusivamente de los violentos, de los criminales, y de las autoridades que no hacen nada ante estos crímenes, que permiten y perpetúan la impunidad.
El Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, de la mano del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones no solamente la situación de inseguridad y exclusión de la población LGBTI, sino también y sobre todo la vulneración sistemática de sus derechos a la vida y la seguridad jurídica . En una campaña lanzada esta misma semana se ha comprometido a acompañar a las instituciones nacionales y a las organizaciones de la sociedad civil en su lucha por la exigibilidad de los derechos de las personas LGBTI. “Penaliza la violencia, no las diferencias”, busca visibilizar también la necesidad de generar un cambio cultural basado en el respeto a la diversidad, en el reconocimiento de la igual dignidad y derechos de todas las personas. No cabe duda de que ése ha de ser el primer paso. La violencia, los homicidios, son consecuencia de las fobias sociales e institucionales; y solo cuando la sociedad condene de forma unánime y sin fisuras la exclusión y la discriminación de la población LGBTI podremos dejar de hablar de crímenes de odio.
Tenemos una larga y ardua tarea por delante. Y no hay tiempo que perder.
Yo creo que podríamos empezar por los medios de comunicación. Medios que han permitido culpabilizar a las defensoras de derechos humanos de propiciar el incremento de los crímenes de odio, obviando que es el Estado el responsable de la garantía de esos derechos, de la prevención de la violencia y del delito y de la persecución de los criminales. Medios que, ante cada asesinato de una mujer trans, se empeñan en hablar de hombres que no eran. Medios que perpetúan la exclusión, la discriminación y el odio a través de titulares que niegan la dignidad de las víctimas, de sus compañeras y de sus familias. Medios que tienen que asumir su responsabilidad social, y dejar de ser cómplices de tanta violencia.
