El día en que la intersexualidad encontró un aliado en Europa

Por Enrique Anarte (@enriqueanarte)

Foto: Jagoba Barron

Lo que sucedió el jueves pasado en el Parlamento Europeo fue, en todos los sentidos, histórico.

Nunca antes una institución como la Eurocámara, en cuyo seno está representada la ciudadanía de la Unión Europea (UE), se había posicionado de una forma tan firme contra las violaciones de los derechos humanos que sufren las personas intersexuales, la “i” más invisible, probablemente el eslabón más vulnerable y olvidado de lo que entendemos por diversidad sexual y de género.

La Resolución que el colegislador comunitario aprobó por San Valentín es una llamada de atención sin rodeos a la inmensa mayoría de Estados miembros, que todavía carecen de leyes para defender a esta minoría.

El Parlamento “condena firmemente los tratamientos normalizadores del sexo y las intervenciones quirúrjicas” y aplaude la valiente excepción en la que se han convertido Portugal y Malta, que aprobaron legislaciones sin precedentes al respecto, inexistentes en países de un orgullo mucho más ruidoso.

Pero la Eurocámara, que vuelve a demostrar estar mucho más cerca de la ciudadanía de lo que esta última siquiera sospecha, va mucho más allá de la enérgica condena de una práctica inhumana, aunque incomprensiblemente impune incluso en países que han protagonizado numerosos progresos en otros ámbitos de los derechos humanos de las personas LGTBI (lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales).

La resolución del Parlamento (que pueden leer en castellano en este link) no solo “anima” a que el resto de países sigan la estela portuguesa y maltesa y prohíban unas prácticas que no pueden entenderse sino como una forma de mutilación genital que la clase médica aún no ha tenido la valentía de erradicar. La institución insta aprobar otras medidas legales que contribuirían a acabar con las violaciones de sus derechos fundamentales que estas personas sufren de forma cotidiana, como las cuestiones relativas a los documentos de identidad o a la discriminación.

Junto con esto, el Parlamento apoya toda una serie de medidas de sensibilización pública que, a juicio de la resolución aprobada, deberían partir de los Estados miembros. Recordemos que con relativa frecuencia son los propios países que integran el selecto club de los (por ahora) Veintiocho los que dinamitan algunas de las propuestas más ambiciosas de Bruselas, especialmente en materia de derechos humanos. Además, la Eurocámara insiste en el apoyo estatal a las organizaciones que defienden los derechos de las personas intersexuales y que asisten a este colectivo tan desconocido como estigmatizado.

Vista la cruda realidad que afronta el colectivo intersexual, cualquier diría que este texto comunitario (tardío, sí, pero no por ello menos destacable) responde al sentido común que debería cultivarse a lo largo de todo el espectro político de un sistema democrático. Así debería ser, pero el panorama es mucho más desolador.

Las cirugías de normalización sexual se siguen practicando en nuestros días a los bebés intersexuales en gran parte de la geografía de la Unión (por hablar únicamente de aquellos territorios que integran el bloque comunitario). Como contó mi compañera Carmen López en este mismo blog, un reciente informe de Amnistía Internacional reveló cómo estas brutales intervenciones quirúrgicas aún se dan en países considerados a menudo vanguardistas tanto en el campo de la medicina y la salud como en lo relativo a la diversidad sexual y de género, véanse Dinamarca o Alemania.

A esto se añade la cruzada que lideran desde hace meses (e incluso años) las fuerzas ultraderechistas y los sectores más radicales de las supuestas derechas moderadas contra la quimera de la ideología de género, es decir, contra el largamente postergado reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y de las personas que desafían la norma cisheteropatriarcal. En este sentido, de todo el rico abanico de posibilidades que por fortuna se registran en la sexualidad y el género de la especie humana, es evidente que aún se mantienen diferentes escalones de privilegio dentro del heterogéneo constructo de la “comunidad LGTBI”. Y es evidente que, de modo parecido a cómo ocurre con la transexualidad, la intersexualidad dista de gozar de la comprensión, el respeto y el apoyo que en algunos lugares ha alcanzado la homosexualidad o incluso la bisexualidad (esto último con matices).

Ya hemos hablado en ocasiones anteriores de las complicaciones que supone el sistema político e institucional de la UE para lograr avances legales uniformes en todo su territorio en lo relativo a los derechos humanos de las personas LGTBI. Es importante, sin embargo, resaltar que esta vez (una vez más) el proyecto comunitario ha demostrado ser un puente para canalizar las demandas de un colectivo extremadamente minoritario y tremendamente silenciado. Lo mismo ocurrió hace décadas con las resoluciones del Parlamento Europeo contra la discriminación hacia las personas homosexuales.

¿Cuánto tiempo más tardarán las instituciones de la Unión en aprobar legislaciones efectivas para combatir esta lacra, al menos en los ámbitos en los que los Tratados le otorgan competencia? Estaría bien, para ello, resaltar la importancia que tendrán las elecciones europeas del próximo mes de mayo, en las que amenazan con ganar fuerza las respectivas formaciones de extrema derecha de las diferentes latitudes comunitarias.

Pero, sobre todo, ¿cuánto tiempo tardarán los Estados miembros, los gobiernos y parlamentos de nuestros países, en ponerse a la altura de los valores democráticos y constitucionales que dicen defender? Al final, serán los propios países quienes decidan a partir de qué día la ley protegerá a los bebés intersexuales y a sus familias. Serán ellos, nuestros gobernantes, los que elegimos con nuestro voto, quienes escriban el punto y final a la barbarie de mutilar todo aquello nacido fuera de las absurdas (y mitológicas) fronteras del sexo biológico. Elijámoslos bien.

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