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El Salvador no cumplirá la meta 90/90/90 de ONUSida para dentro de cuatro años

Por Lucía Rodríguez Sampayo (@rs_lucia)

Foto de la campaña de ASPIDH Arcoiris / Vía Facebook

Foto de la campaña de ASPIDH Arcoiris / Vía Facebook

En mayo de 2014, diversas organizaciones e instituciones se reunieron en el Primer Foro latinoamericano y del Caribe sobre el continuo de la atención del VIH: ·Del Diagnóstico al tratamiento efectivo. Representantes de los Estados latinoamericanos, de la sociedad civil, de personas que viven VIH y de la academia analizaron la realidad de la región y buscaron juntas alternativas para mejorar la atención y la de las personas con VIH. En aquella reunión participaron también representantes de la comunidad LGBT, que lograron hacer visible al colectivo de la diversidad sexual y, específicamente, a las personas trans y a los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) como colectivos especialmente vulnerables y afectados por las deficiencias en la atención al VIH de los sistemas públicos de salud y los servicios sociales.

En mayo de 2014, diversas organizaciones gubernamentales y sociales hicieron una llamada a la acción a los Estados y la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe, para que se asumiesen los compromisos y se tomasen las medidas necesarias para eliminar, en última instancia, las barreras existentes para la atención integral, universal y de calidad del VIH.

Los compromisos de 2014 apuntaban a aumentar al 90% la proporción de personas con VIH que conocen su diagnóstico, a incrementar al 90% aquellas bajo tratamiento antirretroviral, y a que el 90% bajo tratamiento tenga carga viral suprimida. Las metas “90-90-90”, cuya promoción asumió también ONUSIDA y la Organización  Panamericana  de  la  Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), tienen fecha de vencimiento, deberán ser alcanzadas en el año 2020.

El Salvador, como tantos otros países de Latinoamérica, ha asumido ese compromiso y orienta sus políticas al logro de esta meta mundial. Pero El Salvador, como tantos otros países de Latinoamérica, sigue estigmatizando y excluyendo al colectivo LGBT sistemáticamente. A las dificultades que supone vivir con VIH a los colectivos oficialmente reconocidos por el propio Ministerio de Salud como especialmente vulnerables –con tasas de prevalencia que se catalogan como “epidemia concentrada”– como son las personas trans (prevalencia del 25,8%) y HSH (10,4%), hay que sumar la exclusión social, las dificultades para acceder al sistema público de salud, los obstáculos para encontrar personal capacitado para atender sus especificidades personales y sociales, el estigma y el miedo al rechazo también en la atención sanitaria.

Y hoy, en El Salvador, hay que sumar también la exclusión de la población trans de los procesos participativos de gestión de las políticas públicas de atención al VIH. Diversas organizaciones de defensa de los derechos de las personas trans, agrupadas en la Red de Personas Trans de Latinoamérica y el Caribe (REDLACTRANS), han lanzado una campaña para reivindicar su derecho y la obligación del Estado y las organizaciones internacionales, de permitir y promover la participación de este colectivo en los espacios habilitados para el diseño y la implementación de políticas. Su aporte y su experiencia en la atención y acompañamiento resulta fundamental para lograr una atención de calidad a las personas que viven con VIH.

El lema que promueve ASPIDH Arcoíris Trans (Organización de mujeres trans salvadoreñas) no deja lugar a dudas: “El Salvador no llegará a cumplir la meta mundial de ONUSIDA 90/90/90 sin la inclusión de las personas trans”. Y, en última instancia, El Salvador no logrará ser un Estado democrático y de derecho sin el reconocimiento de las personas trans y de todo el colectivo LGBT como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho.

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