En una situación de máxima tensión en las calles de Cataluña y gran preocupación en el resto de España. Con un Govern en rebeldía amenazando con una declaración unilateral de independencia y un Gobierno de España que no está logrando ni aplacar la insurrección ni encontrando vías de entendimiento y diálogo. Con decenas de miles de catalanes independentistas protestando en las calles frente a la «represión policial» y con decenas de miles de catalanes no independentistas indignados con la deriva ilegal del Govern. Con el Jefe del Estado, Felipe VI, llamando al respeto del orden constitucional, apoyado por el PP, Ciudadanos y gran parte del PSOE, y cuestionado por los nacionalistas, Podemos y algunos socialistas. Con el conflicto copando las portadas y las televisiones de los grandes medios de comunicación mundiales. Con los grandes organizaciones empresariales muy preocupadas y algunas empresas catalanas cayendo con fuerza en la bolsa y otras migrando a otras regiones. Con Cataluña al borde del caos y el enfrentamiento social… parece que algo se mueve a nivel político.
El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, regala un facsímil de El Quijote al presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en La Moncloa. Paco Campos/EFE
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dejado pasar unos días antes de aprobar la declaración unilateral de independencia (hasta el próximo lunes), seguramente esperando una vía de diálogo con el Estado español, exigida por la Unión Europea. Pero al mismo tiempo hace declaraciones en medios de comunicación internacionales pronosticando que declarará la independencia. Puigdemont confía, probablemente, en buscar un acuerdo que se base en un referéndum de independencia pactado con el Estado. Legal y vinculante. La CUP de Anna Gabriel exige la declaración de independencia ya, el lunes a más tardar, mientras ERC de Oriol Junqueras quiere forzar la máquina al máximo, pero, en la línea de Puigdemont, creen que la más deseable sería un referéndum pactado con el Estado, si Rajoy (más Sánchez y Rivera) se aviene forzado por la amenaza de ruptura y la presión internacional.
El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, busca que la presión de Alemania y Francia, y del Vaticano fuercen a una negociación pero siempre en el marco de la Constitución Española. El acuerdo se basaría en una reforma de la Carta Magna con un nuevo sistema de financiación autonómica que beneficiaría a Cataluña y otras CCAA, pero sobre la base innegociable para el PP de que la soberanía nacional seguiría siendo del conjunto del pueblo español.
Rajoy ha frenado la tesis del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de aplicar ya el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña. Solo lo haría, la aplicación del 155, si Puigdemont declarara la independencia de forma unilateral. Llegado a ese extremo de ruptura total, el Gobierno de España, según fuentes del PP, haría valer toda la fuerza coercitiva del Estado, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, y el beneplácito de la Unión Europea (Merkel y Macron piden a Rajoy que agote las vías de diálogo, pero le apoyarán en la opción de restituir por la fuerza el orden constitucional si Puigdemont rompe la baraja).
Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. EFE
El PSOE de Pedro Sánchez está apoyando al Gobierno de España, pero sigue haciendo gestos hacia el Govern en busca de un posible acuerdo para desbloquear la complicada situación. Fuentes de Ferraz aseguran que Sánchez rechaza aplicar el artículo 155, como sí exigen ex dirigentes socialistas como Alfonso Guerra, e incluso ha pedido reprobar a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría por la actuación «desproporcionada» de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil para evitar el referéndum del 1 de octubre. No obstante, existe división interna en el PSOE. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, está en desacuerdo y pide centrar la crítica en quienes considera que han quebrado la ley, Junts pel Sí y la CUP, y no en el Gobierno de España. En cualquier caso, Pedro Sánchez quiere dejar una puerta abierta al diálogo con los independentistas en busca de un acuerdo hacia una España federal, descentralizada, en la que Cataluña tendría un reconocimiento como nación, dentro de una España nación de naciones. También apuesta por conceder un estatus especial a Cataluña, con competencias blindadas a nivel cultural, como le ha pedido Miquel Iceta, líder del PSC. Pero, como Rajoy y Rivera, Pedro Sánchez apuesta por una reforma constitucional en la que no se pusiera en cuestión que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español.
Senyeras y esteladas en la movilización de la ANC y Òmnium el 11-S en Barcelona. (ACN)
Pablo Iglesias y Ada Colau rechazan tanto la declaración unilateral de independencia como la aplicación del artículo 155. Apuestan por una mediación internacional en busca de un referéndum pactado y vinculante, en la línea de lo que reclama Carles Puigdemont. Pero, eso sí, sin aprobar en ningún caso una independencia sin celebrar antes un referéndum con garantías y acordado con el Estado español.
Podemos apuesta por primera vez por un diálogo directo entre el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, -no pedirá su dimisión si hay opciones de diálogo- y por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, así como entre todas las fuerzas políticas españolas. Socios de Podemos como Izquierda Unida o Compromís discrepan con Iglesias en cuanto a la mediación internacional y creen que deben ser los políticos españoles quienes sean capaces de solucionar el problema. Así lo ha manifestado Alberto Garzón.
Pablo Iglesias quiere una reforma de la Constitución hacia un Estado federal español y plurinacional, que reconociera el derecho de autodeterminación también a Euskadi y Galicia.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el lehendakari, Íñigo Urkullu.
Y otro actor clave es el Gobierno vasco de Íñigo Urkullu y el PNV, que se ha ofrecido como mediador entre las dos partes, el Gobierno de Rajoy y el de Puigdemont. Urkullu apuesta, como Iglesias, por un referéndum pactado como fórmula para superar el conflicto, aunque cree que Euskadi podría sentirse cómoda en España si ésta pasa a ser un Estado plurinacional.
Sobre toda esta complejidad surge, pese a todo, una pequeña esperanza de abrir vías de diálogo en busca de una solución que, en ningún caso, pasara por la balcanización de España. Al borde del precipicio, algo empieza a moverse. Ojalá sea positivo.
En el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, a muy alto nivel, se está extendiendo una idea reclamada desde el empresariado catalán que se está barajando seriamente en Moncloa para tratar de lograr un acuerdo con el Gobierno catalán que preside Artur Mas: una ambiciosa reforma de la financiación autonómica beneficiosa para Cataluña (cercana al pacto fiscal vasco) a cambio de que CiU se olvide de la convocatoria anticipada de elecciones prevista para el 27 de septiembre y la 
