El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por 7 a 2, ha confirmado la inyección letal como método para aplicar la pena de muerte; el argumento de que ese procedimiento mortal causa “un sufrimiento cruel” no ha merecido la conformidad de los jueces. El 7 a 2 es un resultado contundente que revela que la pena de muerte sigue contando con mucho soporte en la cúpula judicial.
La sentencia del Supremo pone punto final a una moratoria en las ejecuciones que duraba siete meses. Los estados federados, que son los competentes en la materia, volverán a aplicar la pena capital por este procedimiento. Algo más de una decena de estados ha decidido suprimir la pena de muerte, Nueva Jersey lo hizo hace poco menos de un año, en la que parecía ser una corriente favorable a esa posición.
La sentencia del Supremo, aunque no sea sobre el fondo del asunto, refuerza a quienes defienden esa pena. Ninguno de los tres candidatos que siguen en la carrera electoral para la presidencia ha cuestionado la pena capital.
En Europa se entiende mal que una democracia tan experimentada como la norteamericana mantenga ese sistema, que no ha acreditado que prevenga el delito. Todo lo contrario la sociedad norteamericana tiene un grave problema de delincuencia y un abrumador número de personas en prisión en condiciones duras que no son suficientes para desalentar a los delincuentes.