José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura, es independentista. O al menos lo parece, a la vista de sus últimas decisiones referentes al gasto público autonómico. Porque no puede ser más inoportuno y generar más división entre españoles. Y es que nadie como él para —en medio de la crisis de recaudación más fuerte que se recuerda el país— aprobar tres bajadas consecutivas de impuestos (más aquí) y, por si no fuera bastante, una ayuda graciosa de 300 euros anuales a 35.000 mujeres extremeñas mayores de 75 años por el mero hecho de que vivieron la Guerra Civil Española y la Postguerra. 
Que conste: criticaría esta misma medida si se aplicara en mi región: Asturias; pero no es el caso. ¿Cómo es posible tanta alegría presupuestaria si las comunidades autónomas siguen presentando unos déficit públicos notables? El secreto no está en la masa (como diría esa marca de pizzas), no, sino en el modelo fiscal y de financiación autonómica español, que es un absoluto desastre que produce injusticias, agravios y trastoca las capacidades reales de unas y otras regiones. Un modelo que permite que, cuando a todos nos aprieta el cinturón, los receptores netos fiscales den lecciones a los aportadores netos. No se trata de dar las gracias, pero tampoco de escupir.
Vaya por delante que no compro los mensajes de Espanya ens roba y soy un firme convencido de que la solidaridad interterritorial, en términos de PIB, no se tendría que tocar apenas en cuanto a su montante total. Pero sí en los métodos y criterios de reparto. Monago se permite el lujo de dar recetas a los catalanes (con una finalidad política-electoralista evidente) mientras preside una comunidad autónoma que goza del mayor superávit fiscal de toda España (17,6% de su PIB) y mientras gestiona una región que cuenta, gracias a este sistema, con una financiación per cápita al menos un 15% superior al de la media.
No olvidemos que el reciente informe del economista Ángel de la Fuente sobre las balanzas fiscales apuntaba a que precisamente el problema no estaba en si unos pagaban más impuestos que otros. Todos pagamos prácticamente los mismos tributos y eso está bien, pero lo que cambia y genera el agravio es que alrededor de un tercio de la financiación después se reparte con criterios no automáticos; es decir, que dependen de decisiones discrecionales de un gobernante de turno. No es de extrañar que, así, cada reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera sea una reunión de 17 «¿Qué hay de lo mío?«.
El malestar es evidente en otras comunidades porque a veces da la impresión de que a Monago estas medidas populistas le salen gratis. Tener una región sobrefinanciada no significa que le sobre el dinero, ni mucho menos, pero sí que manda una señal peligrosa a los gobernantes, ya que tienen incentivos para aumentar el gasto sin tener el control directo del contribuyente. Quiero decir: que si los extremeños vieran con nitidez que la ayuda de 300 euros a mujeres mayores que vivieron la Guerra la tienen que pagar solo ellos, quizás a Monago no se le ocurrirían medidas así, o no se atrevería a bajar impuestos alegremente mientras el resto de conciudadanos soporta presiones fiscales sin parangón.
¿Mi solución? Seguir con la solidaridad interterritorial, por supuesto, pero reformarla. Reformarla en un sentido federalizante, es decir, que cada territorio recaude sus impuestos (así los ciudadanos podrán saber más directamente qué hace su Gobierno con su dinero) y que las tasas de solidaridad estén vinculadas a criterios automáticos, a los que se les podría añadir otros fondos especiales de solidaridad, etc. Pero lo que no puede ser es que el dinero siga entrando en el Ministerio de Hacienda, y eso se convierta en una caja negra de la que es casi imposible conocer su funcionamiento.