El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desveló ayer por fin el dato del déficit público de España en 2013. Tal como anticipábamos hace semanas, finalmente, el conjunto de las administraciones públicas registró un desfase negativo entre ingresos y gastos equivalente al 6,62% del PIB. Y eso sin contar las ayudas al sector financiero, que hubiera elevado el agujero hasta el entorno del 7,1%.
Así, España se pasa en apenas una décima y pico del objetivo máximo marcado por Bruselas, que se había fijado (tras múltiples revisiones) en el 6,5% del PIB. Es decir, objetivo prácticamente conseguido. Los mercados no se van a escandalizar por sobrepasar la línea roja en apenas mil millones de euros («no muera usted por una décima», reivindicó Montoro). Hemos cumplido, y si las previsiones de crecimiento (por encima del 1%) para el año que viene se cumplen, es probable que no sean necesarios demasiados ajustes. El aparente éxito, sin embargo, tiene algún aspecto oscuros, tal como han hecho saber a este periodista varios analistas consultados.
Por un lado, están los tan comentados retoques del Gobierno a la hora de presentar datos de saldo público, manipulaciones que ya fueron utilizadas en las cuentas de 2012. No parece una operativa que despierte ninguna confianza entre los mercados internacionales, y será Eurostat los que, como cada año, los tendrá que validar o retocar. Mientras la deuda pública (el dato que de verdad debería preocuparnos) no deja de crecer año a año, los datos del déficit pueden acomodarse (ya saben, lo de la contabilidad y el chicle) para que un año reflejen un impacto menos alarmante. El problema de fondo, tal como hemos comentado otras veces, es no reducir drásticamente el déficit primario y así acumular años y años con déficit altos. Es así como la deuda pública se dispara (y por tanto los intereses a pagar, lo que a su vez desequilibra de nuevo las cuentas públicas).
Por otro lado, no parece una buena señal que, mientras las Comunidades autónomas y los ayuntamientos han conseguido, aparentemente, controlar más sus niveles de gasto, por su parte el Estado central sea el que más desfase ha registrado frente a su objetivo. El Gobierno tiene que liderar estos ajustes si quiere dar ejemplo y resultar creíble.
En definitiva, la reducción del déficit debe producirse en España por convicción, y no por obligación, y sobre todo sin trampear a nuestros socios europeos ni autoengañándonos. No reducir este desfase negativo entre ingresos y gastos solo nos puede acabar conduciendo a la bancarrota, así que mejor si nos dejamos de maquillajes, rodeos y circunloquios.