¿»Estafa»? Los documentos internos de Caja Madrid muestran que la entidad era solvente cuando vendió las preferentes

Entre abril y mayo de 2009, las cúpulas directiva y administrativa de Caja Madrid dieron luz verde a la emisión de participaciones preferentes entre la clientela. Tal como demuestran los documentos internos inéditos a los que ha tenido acceso este periodista, desde el punto de vista legal y regulatorio la caja presidida entonces por Miguel Blesa tenía un exceso de solvencia. En concreto, unos 2.071 millones de euros de excedente de recursos propios (ver cuadro más abajo).

Los datos sobre recursos propios referentes a 31 de marzo de 2009 mostraban que, pese a que los niveles de solvencia estaban más de 2.000 millones de euros por encima de los mínimos, en los últimos se había producido «un claro consumo de capital», según señalan fuentes conocedoras de la operación que han optado por mantener el anonimato. Es decir, que las pérdidas se habían ido incrementando a medida que la situación económica se deterioraba. Aún así, CM mantenía un excedente de capital del 20%, algo que conocían también el auditor y el regulador.

Fue el 27 de abril cuando el entonces director de Negocios, Matías Amat, propuso a los miembros del consejo la aprobación de una emisión de participaciones preferentes con la finalidad de reforzar la solvencia de la caja. Fue Amat quien diseñó dicha operación, en colaboración con el comité financiero, la banca de negocios y el comité de dirección. La labor de los consejeros era dar el visto bueno a las grandes líneas estratégicas, y esta era una de ellas.

Estas preferentes, según el modelo que se presentó ante el consejo de administración, tenían que comercializarse en el mercado secundario AIAF, «pero como éste nunca llegó a funcionar la CNMV autorizó los polémicos cases internos«, según reconocen fuentes conocedoras de la operación, que añaden que «eran los directivos los que decidían los precios, los folletos, los test de idoneidad… todo se hizo después de que los consejeros dieran el OK a una operación estratégica, sin entrar al detalle». La entidad contaba con un margen legal para emitir más de 5.000 millones de euros entre preferentes y subordinadas. Finalmente fueron unos 3.000 millones los que se colocaron.

Los clientes de Caja Madrid cobraron su remuneración hasta 2011, a cuenta del ejercicio 2010 (en plena crisis ya), y mantuvieron la opción de canje hasta finales de 2011. En 2012 estaba previsto que también cobraran (en relación al ejercicio 2011), «aunque debido a que dejaron de considerarse por Basilea como computables como capital, el acuerdo de los reguladores era canjearlas por acciones (…) solo la intervención pública con reformulación de cuentas hundió la acción y diluyó el capital de las cajas incluyendo las preferentes que no se habían aún canjeado», señalan fuentes conocedoras de la operación.

Las preferentes, a partir de finales de 2011 resultaron ser un completo desastre (por el bloqueo de los cases internos ordenado por el Gobierno, por las pérdidas contabilizadas en el ejercicio 2011 y por la mala comercialización) para miles de afectados. Resultaron ser un desastre pero eso no implica que necesariamente lo fueran en el momento en el que fueron ideadas y planificadas. Juzgar unos hechos pasados por sus efectos conocidos en el futuro no es sino un claro caso de sesgo retrospectivo. Pero los efectos nefastos en el presente no siempre están relacionados con actos delictivos en el pasado. Puede haber otras muchas explicaciones alternativas a la maldad, probablemente menos mediáticas: Un exceso de optimismo en las previsiones macroeconómicas y de negocio, un error en las estimaciones de impacto de la caída del mercado inmobiliario, una regulación financiera demasiado procíclica…

¿Por qué todas estas explicaciones? Este lunes se ha presentado una nueva querella relacionada con el caso Bankia. En esta ocasión ha sido la formación Izquierda Unida, que se ha apuntado a la fiesta dos años después de que estallara el escándalo y la entidad acabara recibiendo más de 22.000 millones de euros en ayudas. ¿Aporta algo distinto la querella de IU frente a las presentadas por UPyD y el movimiento 15MpaRato? Pronto para decirlo, pero tras leer el texto de la querella no soy muy optimista.

Entre los delitos que denuncian los abogados de la formación coordinada por Cayo Lara se encuentra el de «estafa». Por eso pretenden procesar no solo a Bankia y a BFA (banco y matriz), sino a Rodrigo Rato y a otros 31 exconsejeros que actualmente ya se encuentran en condición de querellados/imputados en la causa que instruye en la Audiencia Nacional el juez Fernando Andreu. Igual me equivoco, pero esta historia suena a conocida.

Lo que no es tan conocido (e incluso parece en ocasiones ignorado) es el hecho de que los querellados/imputados en España son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. La presunción de inocencia, aunque antipática e impopular en el caso de banqueros y cargos políticos, es una de las garantías esenciales de un estado de derecho. Y yo personalmente me la creo, sean exaltos cargos de una caja rescatada con dinero público, sean presuntos etarras o sean padres acusados de matar a sus propios hijos. Esto no me libra de contradicciones internas, pero prefiero esta opción a la de ser un palmero de los juicios populares.

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