Ayer la patronal bancaria española nos dio una noticia de estas que te amargan el día. Según sus cálculos, los rescates al sistema financiero español (77.800 millones en total) han ocasionado ya unas pérdidas materializadas de más de 53.081 millones de euros. Esta cantidad estimada por los analistas de la AEB (ver cuadro más abajo) es la mayor conocida hasta la fecha y contabiliza más de 13.600 millones perdidos en BFA-Bankia, casi 10.000 millones de euros en Catalunya Caixa y casi 8.000 millones en la CAM, entre otras entidades. Según los grandes bancos españoles esta es, por ahora, la verdadera factura de la reestructuración financiera en España: Un 5% del PIB.

Ayudas al sistema financiero español (AEB)

¿77.800 millones en ayudas? ¿53.000 en pérdidas? El conocimiento de estas inmensas cantidades de dinero público, sin embargo, no ha hecho sino confundirme. Y es que las cifras de ayudas públicas, inyecciones de capital y pérdidas ya asumidas varían de una forma muy notable en función del organismo que hace el cálculo. Y así no hay manera de conocer efectivamente el coste para el contribuyente del rescate financiero. Recapitulemos.

Este mismo mes, el Tribunal de Cuentas finalizaba su informe de fiscalización al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB), el organismo público encargado de gestionar el saneamiento de las entidades españolas en problemas. La cifra total de apoyos públicos destapada por esta institución (ver cuadro abajo) resultó más abultada de lo reconocido por las autoridades: 107.913 millones de euros, entre aportaciones al capital, permutas, CoCos, Esquemas de Protección de Activos (EPA) y anticipos. Más de un 10% del PIB español.

Sorprendentemente (al menos para mi), la entidad con más ayudas no ha sido BFA-Bankia, sino la CAM, que entre el auxilio del FROB (3.000 millones) y el del Fondo de Garantía de Depósitos (casi 22.000M€) es la caja a la que han tenido que auxiliar con más capital. Bankia, por su parte, recibió algo más de 22.000 millones, mientras que Banco de Valencia y Catalunya Caixa han llegado a los 17.000 y 12.000 millones respectivamente. El informe del organismo fiscalizador —es una pena— no incluye, no obstante, cálculo de las pérdidas esperadas conjuntas.

Cuadro de ayudas públicas al sistema financiero español (TCu)

Hace apenas un año, este periodista publicaba una información relacionada con este cacao del dinero público invertido en ayudar al sistema financiero español. Las cifras oscilaban entre los 55.000 y los 589.000 millones de euros, según los distintos criterios tomados en cuenta. Unos meses después retomaba el asunto y fijaba en no menos de 159.000 millones de euros el capital público verdaderamente comprometido en sanear bancos y cajas.

A finales de enero de 2014 el FROB limitó a unos 37.000 millones de euros la cantidad de dinero efectivamente perdido en rescatar a cajas y bancos, sobre un total de 53.000 millones de euros de dinero público invertido en estas entidades. Es decir, que se perderían tres cuartas partes de lo inyectado. Apenas una semana después el máximo responsable del FROB reconocía en sede parlamentaria que Eurostat ya daba por perdidos más de 43.479 millones de euros de los empleados para sanear y rescatar al sistema financiero español. Y lo más sorprendente, la cifra de ayudas también había variado: Más de 61.000 millones, una cifra coincidente con este gráfico elaborado explícitamente por el Banco de España. La cifra era también distinta a la facilitada por el FROB en su informe anual referente al ejercicio 2012 (el último disponible). Entonces las pérdidas reconocidas y asumidas superaban los 36.400 millones de euros.

¿Con cuál nos quedamos? ¿Cómo de definitivas son estas pérdidas? ¿Son reversibles? Porque el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se ha mostrado repetidamente confiado en poder devolver todas las ayudas e incluso en poder llegar a generar valor a la inversión del Estado. Con las actuales proyecciones no parece posible, pero no hay que olvidar que el banco nacionalizado tiene actualmente unas potentes plusvalías latentes en su deuda pública, por ejemplo.

Mi conclusión es que, a no ser que me demuestren lo contrario, el futuro es insondable y las pérdidas o ganancias pueden estimarse, si bien está por ver que sean definitivamente así. Con la actual crisis se antoja complicado pensar en sacar valor de las entidades financieras españolas, pero nada impide que la situación revierta.

Entre abril y mayo de 2009, las cúpulas directiva y administrativa de Caja Madrid dieron luz verde a la emisión de participaciones preferentes entre la clientela. Tal como demuestran los documentos internos inéditos a los que ha tenido acceso este periodista, desde el punto de vista legal y regulatorio la caja presidida entonces por Miguel Blesa tenía un exceso de solvencia. En concreto, unos 2.071 millones de euros de excedente de recursos propios (ver cuadro más abajo).

Los datos sobre recursos propios referentes a 31 de marzo de 2009 mostraban que, pese a que los niveles de solvencia estaban más de 2.000 millones de euros por encima de los mínimos, en los últimos se había producido «un claro consumo de capital», según señalan fuentes conocedoras de la operación que han optado por mantener el anonimato. Es decir, que las pérdidas se habían ido incrementando a medida que la situación económica se deterioraba. Aún así, CM mantenía un excedente de capital del 20%, algo que conocían también el auditor y el regulador.

Fue el 27 de abril cuando el entonces director de Negocios, Matías Amat, propuso a los miembros del consejo la aprobación de una emisión de participaciones preferentes con la finalidad de reforzar la solvencia de la caja. Fue Amat quien diseñó dicha operación, en colaboración con el comité financiero, la banca de negocios y el comité de dirección. La labor de los consejeros era dar el visto bueno a las grandes líneas estratégicas, y esta era una de ellas.

Estas preferentes, según el modelo que se presentó ante el consejo de administración, tenían que comercializarse en el mercado secundario AIAF, «pero como éste nunca llegó a funcionar la CNMV autorizó los polémicos cases internos«, según reconocen fuentes conocedoras de la operación, que añaden que «eran los directivos los que decidían los precios, los folletos, los test de idoneidad… todo se hizo después de que los consejeros dieran el OK a una operación estratégica, sin entrar al detalle». La entidad contaba con un margen legal para emitir más de 5.000 millones de euros entre preferentes y subordinadas. Finalmente fueron unos 3.000 millones los que se colocaron.

Los clientes de Caja Madrid cobraron su remuneración hasta 2011, a cuenta del ejercicio 2010 (en plena crisis ya), y mantuvieron la opción de canje hasta finales de 2011. En 2012 estaba previsto que también cobraran (en relación al ejercicio 2011), «aunque debido a que dejaron de considerarse por Basilea como computables como capital, el acuerdo de los reguladores era canjearlas por acciones (…) solo la intervención pública con reformulación de cuentas hundió la acción y diluyó el capital de las cajas incluyendo las preferentes que no se habían aún canjeado», señalan fuentes conocedoras de la operación.

Las preferentes, a partir de finales de 2011 resultaron ser un completo desastre (por el bloqueo de los cases internos ordenado por el Gobierno, por las pérdidas contabilizadas en el ejercicio 2011 y por la mala comercialización) para miles de afectados. Resultaron ser un desastre pero eso no implica que necesariamente lo fueran en el momento en el que fueron ideadas y planificadas. Juzgar unos hechos pasados por sus efectos conocidos en el futuro no es sino un claro caso de sesgo retrospectivo. Pero los efectos nefastos en el presente no siempre están relacionados con actos delictivos en el pasado. Puede haber otras muchas explicaciones alternativas a la maldad, probablemente menos mediáticas: Un exceso de optimismo en las previsiones macroeconómicas y de negocio, un error en las estimaciones de impacto de la caída del mercado inmobiliario, una regulación financiera demasiado procíclica…

¿Por qué todas estas explicaciones? Este lunes se ha presentado una nueva querella relacionada con el caso Bankia. En esta ocasión ha sido la formación Izquierda Unida, que se ha apuntado a la fiesta dos años después de que estallara el escándalo y la entidad acabara recibiendo más de 22.000 millones de euros en ayudas. ¿Aporta algo distinto la querella de IU frente a las presentadas por UPyD y el movimiento 15MpaRato? Pronto para decirlo, pero tras leer el texto de la querella no soy muy optimista.

Entre los delitos que denuncian los abogados de la formación coordinada por Cayo Lara se encuentra el de «estafa». Por eso pretenden procesar no solo a Bankia y a BFA (banco y matriz), sino a Rodrigo Rato y a otros 31 exconsejeros que actualmente ya se encuentran en condición de querellados/imputados en la causa que instruye en la Audiencia Nacional el juez Fernando Andreu. Igual me equivoco, pero esta historia suena a conocida.

Lo que no es tan conocido (e incluso parece en ocasiones ignorado) es el hecho de que los querellados/imputados en España son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. La presunción de inocencia, aunque antipática e impopular en el caso de banqueros y cargos políticos, es una de las garantías esenciales de un estado de derecho. Y yo personalmente me la creo, sean exaltos cargos de una caja rescatada con dinero público, sean presuntos etarras o sean padres acusados de matar a sus propios hijos. Esto no me libra de contradicciones internas, pero prefiero esta opción a la de ser un palmero de los juicios populares.

Post a raíz de un estudio interesante. Desde el inicio de la crisis, las entidades financieras en todo el mundo desarrollado han tenido que ser rescatadas. La caída de la actividad y de los precios de los activos han dañado seriamente los balances de la banca, que han necesitado multimillonarias inyecciones de dinero público o privado para reforzar sus posiciones de solvencia.

Foto: JORGE PARÍS

El deterioro de los balances no se ha detenido y las nuevas reglas internacionales de Basilea exigen a las entidades que incrementen sus posiciones de solvencia, precisamente en un momento en el que la desconfianza sobre las mismas es mayor. Vale, queremos tener bancos más sólidos para que no vuelvan a suceder crisis bancarias como las vividas desde 2007 y hasta ahora. El problema, es que estas exigencias regulatorias están lejos de ser asépticas y de salir gratis.

Tal como muestra este interesante estudio publicado por el think tank Voxeu, la exigencia de mayores niveles de capitalización en los bancos tienen una repercusión directa en la cantidad de crédito que éstos podrán conceder. Y es que los ratios de solvencia (que se miden como el ratio de capital respecto al total de balance) pueden incrementarse tanto aumentando los niveles totales de capital como reduciendo el volumen total de créditos.

Es un hecho, a mayor exigencia de capital, más se cierra el grifo del crédito. A esa conclusión llegan también los autores de este informe del Banco de Inglaterra, según el cual, «en respuesta a unos requerimientos de capital mayores, las entidades incrementan gradualmente sus ratios de capital (…). Los bancos además reducen las tasas de crecimiento de sus créditos», explican.

Es precisamente al leer este tipo de documentos que uno se pregunta si las autoridades nos cuentan todo lo que saben cuando por un lado piden a las entidades que se refuercen y a la vez hacen como que les exigen que concedan más créditos. Va a ser que las dos cosas no se pueden.