Un post más o menos optimista: Los mercados internacionales dan por hecho que la recesión en Europa es cosa del pasado. Pese a los flojísimos últimos datos de inflación en la Eurozona (que han revitalizado las alarmas de una hipotética deflación) buena parte de los principales bancos de inversión ya dan por hecho que la caída de la economía europea ha tocado fondo, y que por lo menos el descenso ya se ha detenido.

BCE

Esta es precisamente la tesis de los analistas del banco francés Societe Generale, que en su último informe señala que «la emergencia de la recesión no apunta a una verdadera recuperación económica». ¿Por qué? Porque no hay apenas crecimiento todavía y porque los datos de desempleo en Europa (ya no digamos en España) son muy pobres. Con este panorama, sostienen que el PIB crecerá débilmente tanto en 2014 como en 2015.

Más optimistas, mucho más, se muestran los técnicos de otro gran banco francés (BNP Paribas), para quienes se están produciendo «genuinos signos de recuperación», tal como consta en su último informe. «Las cosas están empezando a mejorar, a pesar de proceder de una situación particularmente deteriorada», indican, al tiempo que ven incipientes descensos en el número de parados, si bien reconocen que estas mejoras son demasiado prematuras para ser percibidas por la opinión pública.

Dos versiones de la misma realidad. ¿Con cuál te quedas?

Este martes hemos sabido que el Gobierno ha ofrecido a los bancos acreedores de una decena de autopistas de peaje en problemas un pseudo rescate que implicaría afrontar más del 50% de las deudas de éstas con las entidades financieras. En su conjunto, la operación tendría un coste para el erario público de más de 2.400 millones de euros.

En cuanto la noticia se ha conocido, ha saltado la polémica en las redes sociales, incluso entre académicos y economistas de prestigio. Y no es para menos. En una época plagada de recortes en temas esenciales como pensiones, sanidad y educación es difícil de entender que el Gobierno emplee una suma tan grande en rescatar a unas entidades público-privadas, mientras que no ha hecho lo mismo por «rescatar» ni a otras entidades ni a los millones de parados que han visto perder su empleo durante la crisis. ¿Demagogia? Tal vez, y por eso creo que es especialmente importante que el Gobierno, en estos casos, haga una adecuada política de comunicación.

Si el Ejecutivo no quiere más ciudadanos cabreados, y si no quiere que se levanten todo tipo de suspicacias sobre oscuros intereses, bien haría en explicar detalladamente por qué es más interesante para el contribuyente costear la mitad de la deuda de estas autopistas de peaje en vez de dejarlas caer. Por mi parte, recomiendo mucho leer las aclaraciones al respecto de dos tuiteros como John Muller y Carmelo Tajadura. Muy clarividentes.

Son varias las razones, dicen, que justifican este desembolso de dinero público como un mal menor. Por un lado, y tal como defiende la patronal Seopan, porque la liquidación de estas radiales dañaría la imagen de España. También cabrearía a la banca internacional. Teniendo en cuenta la deuda exterior española y el déficit público, es preferente para el Ejecutivo tener el beneplácito de los mercados internacionales. Así que nada de darles sustos.

Otro de los problemas clave está en que el Estado, para conseguir que en su momento se financiaran estas obras ruinosas, había suscrito con los bancos los llamados RPA. Estos no son sino seguros que garantizaban a las entidades financieras el cobro de la inversión. Como ni los tráficos ni los beneficios han sido los esperados, las entidades tendrían, en teoría, esos avales con los que salvarían el agujero. Sin embargo, el Gobierno les está ofreciendo una quita de aproximadamente la mitad. Visto desde este ángulo, parece que el Ejecutivo no estaría jugando una baza tan mala, ya que la alternativa es ejecutar lo firmado, es decir: Pagar el doble.

Dicho lo cual habría que revisar muy mucho por qué en su momento (con gobiernos diversos) se optó por avanzar estos proyectos con claúsulas de rescate adheridas tan claramente perjudiciales para el contribuyente, en el que es él quien en todo caso adquiere el riesgo de que un proyecto de infraestructura vaya mal, mientras que son otros los que se llevan buena parte del pastel si va bien.

Hoy comienza a celebrarse el luto oficial por la muerte del expresidente Adolfo Suárez. Se va así una de las figuras clave de la llamada Transición española, esa tan puesta en cuestión en nuestros días. Imperfecta sin duda, modélica para algunos, una traición para otros, un giro lampedusiano para los de más allá… No seré yo el que se atreva a calificar de forma rotunda nada de lo ocurrido entonces. No estaba allí (apenas era un bulto, ya grande, en el vientre de mi madre).

Carrillo y Suárez

Lo que sí creo que puede aportar datos relevantes es aportar algunos datos sobre la evolución económica que ha experimentado España desde que Suárez (y otros) dieron los pasos necesarios para que el país pasara a ser una democracia homologable en el panorama europeo.

Quizás lo damos por hecho y no le damos mérito alguno, pero España, en el periodo democrático, ha dado el paso de ser una economía prácticamente en vías de desarrollo a ser un país en la media europea. ¿Hay defectos? Muchos, pero también se ha avanzado mucho. Llevamos ya más de seis años de una crisis económica arrolladora que nos ha conducido a poner en duda todo, y sobre todo el sistema. Algunas estadísticas han experimentado un deterioro considerable, y aún así merecen revisarse en perspectiva histórica.

Bueno, aprovechando el duelo creo que es positivo reflexionar. Aquí unas estadísticas:

•  La renta per cápita de los españoles pasó en poco más de 35 años de las 260.262 pesetas (1.564 euros) a más de 22.300 euros por habitante en la actualidad. Cierto que los precios y la inflación han aumentado considerablemente también en ese periodo, pero es innegable que el periodo democrático ha traído un poder de compra mayor para el conjunto de la población (¿Cuántos años nos costaba comprar un coche entonces, y cuántos ahora?).
• La esperanza de vida es otro de esos indicadores que, si bien por si solos no sirven para explicar la prosperidad de un país, sí que ha de ser tenido en cuenta, ya que habla de la mejora de los sistemas públicos de salud, del aumento de la equidad y de una convergencia con Europa. A mediados de los 70 la esperanza de vida en España era de poco más de 69 años para los hombres y por encima de los 74,5 años para las mujeres. Actualmente, llega a los 85 años en las mujeres y roza los 80 años en los hombres.
• Con la tasa de paro no hay discusión de que hemos ido a peor, y de que la crisis está marcando una generación entera. Si en 1978 el desempleo oficial rondaba el 9%, y a día de hoy está en el 26%. Eso sí, entonces la tasa de actividad de las mujeres era la mitad que ahora (27% frente a 52%), lo que obviamente podía disfrazar los datos reales del mercado laboral.
• En relación a los movimientos migratorios, hay cambios y constantes. La crisis ha provocado que el número de españoles emigrantes (unos dos millones) se haya igualado a los que había en aquel 1978. Ha cambiado más, no obstante, la composición migratoria de la sociedad española. Actualmente, y pese a los miles de inmigrantes retornados, hay viviendo en España más de 5,5 millones de extranjeros. Un país que ha pasado de emisor (en 1975 no tenia ni 165.000 foráneos residentes) a receptor.

La Unión Bancaria Europea está más cerca. Mucho más cerca. Primero fue la creación del Supervisor Bancario Único, a la que siguió el diseño de los test de estrés que se llevarán a cabo en las 128 entidades más importantes de la Eurozona. Hoy, el comité formado por miembros del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, han dado un segundo paso decisivo: Hay acuerdo para crear el nuevo Mecanismo Único de Resolución (SRM, por sus siglas en inglés).

BCE

Tal como señalan los analistas del servicio de estudios de BBVA —y pese a la sensación de que unos y otros han tenido que ceder— el avance ha sido tremendo. Tanto que hace dos años no habríamos siquiera imaginado que ahora estamos aquí.

Pero ¿Cuál será la misión de este SRM? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué supone un gran avance en la Unión Bancaria? ¿Nos va a costar dinero? Aquí van las que creo que son las principales claves:

•  Las decisiones para rescatar o cerrar un banco, en manos del Banco Central Europeo. El organismo presidido por Mario Draghi será el encargado de determinar si una entidad financiera ha de entrar o no en un «programa de resolución». Una vez tomada la decisión por parte del BCE, será el propio SRM el que tome las decisiones sobre cómo emprender esta liquidación de forma ordenada. Por su parte, la Comisión Europea y el Consejo Europeo tendrían cada uno apenas 12 horas para «vetar» una operación en el caso de que crean que no es de interés público. Es decir, que al contrario de lo que ocurrió por ejemplo en los rescates a la banca española, con el nuevo diseño europeo las resoluciones se regirían, en principio, por criterios técnicos. Unas reglas de juego más claras para todos.
• El SRM contará a partir de 2016 con un fondo de 55.000 millones de euros para costear las liquidaciones y los rescates a la banca europea. ¿Quién lo va a pagar? Serán los propios bancos de la UE, que durante 8 años tendrán que destinar parte de sus beneficios a costearlo. Solo en el primer año deberán acopiar ya el 40%. Otro coste regulatorio adicional para unas entidades enfrentadas a constantes provisionamientos.
• La Unión Bancaria, pese a los avances evidentes, sigue estando coja. No solo porque la potencia de fuego del fondo del SRM se antoja limitada (55.000 millones, aunque parece un dineral, es una cantidad relativamente escasa si de gran banca europea hablamos), sino porque no parece haber ningún avance en la tercera pata imprescindible: El Fondo de Garantía Europeo. Este organismo debería ser el encargado, entre otras funciones, de garantizar los depósitos de los clientes, lo que definitivamente alejaría el riesgo soberano del bancario. Por el momento tendremos que funcionar con fondos de garantías nacionales, lo que impide desde este punto de vista romper estos vínculos de riesgo.
• Algunas dudas siguen abiertas, tal como señalan los analistas del think tank europeo Bruegel. Entre ellas, por ejemplo, queda por definir quién y cómo respaldará el fondo del SRM (el de los 55.000 millones, el que se quedará corto). Hay un compromiso de los países de dotar este fondo en el futuro, pero no se han definido más detalles. También está en el aire el «alcance» del SRM.

Los cinco grandes bancos españoles decidieron ayer lunes mantener la candidatura de José María Roldán —antiguo director de Regulación del Banco de España— como futuro presidente de la patronal bancaria AEB, en sustitución de Miguel Martín. El nombramiento, que se hará efectivo el 22 de abril, viene a contradecir la voluntad manifiesta del ministro de Economía Luis de Guindos, que no solo se mostró explícitamente contrario a este fichaje con el sistema de la puerta giratoria, sino que incluso modificó la ley ad hoc para evitar más casos como este en el futuro.  

La patronal bancaria, manteniendo a José María Roldán pese a las llamadas a buscar un sustituto, ignora así al Ministerio y evidencia una creciente ruptura que se ha ido fraguando paso a paso, decreto a decreto, en el sector financiero español. No han gustado, por ejemplo, algunas exigencias que las autoridades han impuesto a las entidades (entrar sí o sí en el Sareb, por ejemplo), así como la estrategia seguida, por ejemplo, tras la nacionalización de BFA-Bankia.

Si bien no tiene por qué ser en absoluto una buena noticia que un Gobierno esté en plena sintonía con su sistema bancario, es mucho más preocupante una situación en la que los grandes bancos y el Ministerio de Economía se lleven «a matar». Por el bien de todos se templarán los ánimos. Por lo visto hasta ahora, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no va a decir gran cosa respecto al nombramiento definitivo de Roldán. La banca se saldría así (por ahora) con la suya.

«Personalmente a mi me han llamado amenazándome con un expediente disciplinario por escribir (…) Esto parece una república bananera. Dan ganas de exiliarse, la verdad». Quien me dijo esto, hace unas semanas, es editor de uno de los blogs de opinión y análisis más influyentes de España. Hablábamos de las presiones recibidas por quienes a través de bitácoras como Nada es Gratis, ¿Hay derecho? o De Cigarras y Hormigas tratan de, entre otras cosas, alimentar el debate sobre las políticas más indicadas para salir de esta crisis.

Muchas veces, y a pesar de su tono moderado, las críticas procedentes de estas webs (soportadas algunas por think tanks más grandes detrás) son las que más duelen en el Gobierno, ya que a menudo los que las exponen son colegas de promoción, académicos o funcionarios. Colectivos con especial incidencia en el Ejecutivo. No es lo mismo que yo diga que la venta de entidades financieras nacionalizadas ha sido un desastre a que lo diga, por ejemplo, el profesor Tano Santos. Porque son expertos, son influyentes, y porque saben que el alcance de sus críticas es internacional.

Es sabido que desde hace meses, varios de los principales editores de Nada es Gratis, los economistas Luis Garicano y Jesús Fernández Villaverde (dos de los investigadores españoles más prestigiosos a nivel internacional) han dicho adiós tanto a su participación en el blog como en sus respectivas cátedras en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el think tank impulsado por el Banco de España y financiado por las grandes compañías españolas. Una pérdida irreparable.

¿Presiones? ¿De quién? ¿A quién? A pesar de que es vox populi que los más altos poderes del Estado han tenido algo que ver con la marcha de Garicano y Fernández Villaverde, nadie se atreve a dar detalles de lo ocurrido. Unos porque no quieren perjudicar a los actuales miembros de Fedea y otros porque aseguran no haber recibido ningún tipo de presión.

Más allá de que varios miembros de Fedea se hubieran significado como grandes críticos del Gobierno a lo largo de la legislatura (también en la pasada, con Zapatero, por si alguien no lo recuerda), lo cierto es que han sido varios artículos de NeG (y otros publicados en El País o en El Mundo) los que han molestado especialmente al Ejecutivo. Por ejemplo, este de Fernández Villarde sobre los nombramientos de la recién creada CNMC. Tras dejar el blog dependiente de Fedea, ha encontrado acomodo en ¿Hay Derecho?, una bitácora independiente de cualquier interés corporativo que pueda ser influido por el Gobierno o las grandes corporaciones.

Esta tarde hemos sabido (lo publica El Mundo) que el profesor Ángel de la Fuente será a partir de ahora el nuevo director de la Fedea, en sustitución del hasta ahora máximo responsable, Michele Boldrin. De la Fuente, que es un prestigioso académico —autor de algunos de los mejores estudios sobre balanzas fiscales y financiación territorial— no es culpable de lo ocurrido antes de su llegada. Ni mucho menos. Sí que ha dejado clara su intención de no hablar de política, sino de políticas. Espero de verdad que lo ocurrido con Garicano y Fernández Villaverde no suponga una futura autocensura tanto para él como para el resto de magníficos investigadores que aún quedan. Porque les necesitaremos.

Hoy es el día. La comisión de expertos entrega su documento de propuesta de reforma fiscal definitivo al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. A falta de conocer los detalles concretos (hoy, en Cinco Días, el compañero Jaume Viñas avanza las principales novedades) las grandes líneas ya están marcadas por el propio Gobierno desde hace tiempo: Rebajas en el IRPF y Sociedades, aumento del IVA, eliminación de deducciones y aumento de algunos impuestos especiales.

Más allá de las buenas intenciones y las bonitas palabras pronunciadas ayer por el ministro Montoro y durante el Debate sobre el Estado de la Nación por Rajoy, lo cierto es que el Gobierno se encuentra ante varias paradojas a la hora de emprender esta reforma fiscal. Por un lado, desde el Ejecutivo hablan de una reforma fiscal y tributaria que baje esencialmente los impuestos. Lo dicen los mismos que han subido más de 30 impuestos desde su llegada al poder, a finales de 2011. Primero nos pegaron el hachazo y luego nos venden la bajada que, con suerte, servirá para estar como antes.

Cristóbal Montoro

Otro problema, aún mayor, es el hecho de que España todavía no ha resuelto, ni mucho menos, su problema fiscal. Esta misma semana hemos conocido —ya lo habían adelantado los analistas— que el déficit público no se cumplirá de nuevo (se registrará al menos un 6,7% del PIB, frente al 6,5% comprometido), lo que viene a mostrar que el saldo entre ingresos y gastos sigue estando muy comprometido. Cuidado con no aprobar una reforma que signifique una recaudación más baja.

España es uno de los países con los impuestos más altos, y sin embargo es de los que menos recauda. Hemos hablado ya de las causas: Fraude, gran número de exenciones, deducciones y bonificaciones, unas cargas tributarias diseñadas para un modelo económico de burbuja inmobiliaria… Toca ver si los expertos designados por el Gobierno han sabido dar en la tecla para aumentar la recaudación sin perjudicar el potencial de crecimiento de la economía española ni descompensar la progresividad del sistema tributario.

Precisamente esta progresividad es otro de los desafíos de la reforma: Si se habla de reducir la imposición directa e incrementar la indirecta, de alguna forma se reduce el reparto de cargas. Sin embargo, lo garantizaba ayer el ministro Montoro en su comparecencia parlamentaria: «No le quepa duda de que traeremos un proyecto de reforma tributaria en el que insistiremos en esa política«, le aseguraba el popular al diputado Sixto Iglesias. El Gobierno, acertadamente, emprendió la tarea de reformar el sistema fiscal y tributario español. Veremos ahora si el modelo elegido es el adecuado.