A finales del año pasado se detallaron las características que tendrá el llamado Asset Quality Review, el test de resistencia a la banca europea que llevará a cabo el BCE en colaboración con consultoras internacionales como condición previa a la puesta en marcha del sistema único de supervisión y la unión bancaria europea. Poco a poco se van conociendo detalles sobre cómo y con qué criterios se realizarán los test, pero aún se mantienen serias dudas, que tienen mosqueados tanto a los bancos como a los inversores y analistas internacionales.
Hay, por ejemplo, dudas sobre cómo se aplicarán los repartos de cargas (las pérdidas obligadas) a los inversores de deuda no garantizada en caso de que haya que recapitalizar a una entidad financiera. Tal como señala el servicio de estudios del BBVA en un reciente informe, «no hay unanimidad entre las autoridades sobre cómo afrontar los posibles déficit de capital». Este es un asunto clave, ya que en caso de una unión bancaria han de quedar fijadas unas mismas reglas de recapitalización para todos los bancos, con el fin de jugar todos con las mismas reglas.
BCE
La reciente normativa de solvencia aprobada por el Banco de España en consonancia con las autoridades europeas marca un límite mínimo de capital de máxima calidad (CET1) del 4,5% a partir de 2016. Sin embargo, los test de estrés que realizará el BCE exigirán a las entidades un colchón adicional, por lo que tendrán que tener un capital mínimo del 8% para no ser forzados a recapitalizarse (con nuevas acciones en el mercado, con ayudas públicas o imponiendo pérdidas a inversores).
Más dudas despiertan las posibles ayudas públicas concretas que necesitarán las entidades financieras. Tal como señala este documentadísimo artículo publicado en Voxeu, y según sus cálculos teóricos, los sectores financieros de Bélgica, Chipre y Grecia, por lo menos, precisarán de inyecciones de capital público. Sobre el resto de países, incluyendo a España, hay dudas acerca de si las recapitalizaciones se podrán culminar sin auxilio público o no. Actualmente la banca española, según este estudio, está entre las más capitalizadas del entorno europeo, y solo presentaría un gran déficit de capital si los créditos morosos tuvieran que cubrirse al 100% (esta decisión aún no está tomada).
Según los cálculos efectuados por los autores de este estudio, el déficit de capital acumulado por las entidades financieras europeas, dependiendo de los criterios que finalmente se fijen, oscilará entre los 82.000 y los 767.000 millones de euros (España, según estas cuentas, requeriría entre unos 53.000 y 91.000 millones). Unos cálculos similares maneja el think tank Bruegel en su último informe al respecto, en el que calcula unas necesidades de entre 50.000 y 600.000 millones de euros para el conjunto de Europa. Estas oscilaciones tan grandes no hacen sino mantener la desconfianza en el sistema financiero europeo en su conjunto, y por extensión en la sostenibilidad de las cuentas públicas y el euro mismo. Lo inquietante es que serán las propia reglas del BCE las que marcarán que las necesidades de los bancos sean mayores o menores, y siguen si aclarar las exigencias que impondrán.
La autoridad bancaria europea tiene ahora que jugar con un puñado de variables, todas importantes: Hay que mandar una señal clara a los mercados, en el sentido de que las pruebas de resistencia serán muy exigentes y eliminarán cualquier duda sobre el sistema financiero. Por otro lado, tiene que intentar preservar la estabilidad del sector, y no llevarse por delante las finanzas de los países miembro, por lo que las exigencias de capital tendrán que ser lo más ajustadas posibles. Como ven, la ecuación es muy complicada, porque hay un grave riesgo de pasarse de largo o quedarse cortos. Y en ambas circunstancias, el problema de la banca europea no se resolverá.