Las grandes empresas eléctricas con sede en España se manejan en este país como si fuera su cortijo. No temen ni a la competencia, ni a las autoridades, ni al consumidor. Saben que los tienen cogidos por donde les conviene, y ese poder se ha vislumbrado más que nunca esta última semana.

Primero, con el desinterés (¿boicot?) mostrado por las grandes compañías (copan el 90% del mercado) en participar en la primera gran subasta de compra colectiva de energía. La OCU, que había conseguido aglutinar a casi 300.000 hogares para negociar mejores condiciones en la factura de la luz, ha visto como las multinacionales eléctricas no estaban interesadas en competir. No lo necesitan.

En septiembre, la organización de consumidores había presentado la primera plataforma online para llevar a cabo un switching masivo. Esto es, agrupar a un número lo suficientemente grande de consumidores como para «forzar» a las compañías a competir entre ellas por ofrecer un precio más ventajoso. Esta modalidad de compra, que ya es habitual en países como Bélgica, Holanda, Reino Unido o Italia, ha sido recibida con desdén por las grandes compañías del sector.

La segunda muestra de cómo el sector eléctrico se mueve en un ámbito oligopolístico es la extraordinaria penalización que contempla la nueva legislación sobre autoconsumo eléctrico. Así, el Gobierno podrá imponer sanciones muy graves de entre 6 y 60 millones de euros a aquellos ciudadanos que cometan alguna irregularidad con su propia instalación de generación eléctrica. Esto en la práctica igualará las sanciones de este autoconsumo a las de un vertido grave en una central nuclear, tal como publicó el martes el The Wall Street Journal.

El autoconsumo es una alternativa ecológica y que ya es real en países como Japón, que han visto dispararse los niveles de autogeneración a raíz de la catástrofe de Fukushima. Sin embargo, esta posibilidad es cada vez menos real en España, donde el Gobierno no solo ha impuesto duras sanciones a esta actividad, sino también unos peajes tan altos que casi han duplicado los años necesarios para amortizar una inversión de miles de euros en paneles solares y otras instalaciones. Al menos, se exime a las instalaciones ya creadas a pagar el peaje hasta el año 2020.

Es notorio que los intereses de las grandes empresas eléctricas están bien protegidos por este y otros Gobiernos. Todas las empresas del sector tienen contratados a ministros o expresidentes en sus consejos de administración o asesores, lo que garantiza que sus reivindicaciones al final lleguen donde tienen que llegar y sean escuchadas.

Como si de un eterno retorno se tratara, vuelve a aparecer en la palestra política española el asunto de las balanzas fiscales autonómicas. ¿Qué son? No son más que un ejercicio teórico que refleja los saldos de salida de impuestos y entrada de gasto e inversión de cada comunidad autónoma. Si sale positiva, esa región aporta más de lo que recibe; si sale negativa, al revés.

El Gobierno ha anunciado que publicará en pocas semanas las balanzas fiscales de los últimos ejercicios. Esta medida ha sido acogida de forma desigual por las distintas CCAA. Con agrado por parte de los que creen que salen perdiendo del saldo fiscal, porque se reflejará así su agravio; con desagrado por quienes sospechan que salen ganando y son perceptores netos del sistema. Y es que, desgraciadamente, en España no se utilizan las balanzas fiscales como lo que son: un instrumento de información interterritorial que se ha de añadir a otros muchos.

No. Desde hace años las balanzas fiscales se usan para hacer propaganda y denunciar presuntos agravios y «expolios» fiscales, con poco rigor intelectual y atacando directamente a los principios de solidaridad entre los territorios y los ciudadanos que deben regir en cualquier estado democrático. El problema es que, sea el resultado que sea, el Gobierno español tiene mucho perdido en el caso de Cataluña (que al fin y al cabo es la comunidad que sacó a la palestra esto de las balanzas fiscales).

Porque este y otros anteriores, durante muchos años no dieron respuesta adecuada a lemas falaces como el «Espanya ens roba», y ahora costará mucho convencer de lo contrario a una población y una opinión pública cansadas tras cinco años de crisis, y adolescentemente ilusionadas por la escapada hacia delante del independentismo. Sea cual sea el resultado que arrojen estas balanzas fiscales, la idea del agravio ya está inoculada en los cerebros de millones de ciudadanos (también en los de Madrid, gracias a Ignacio González).

El tema es que no está nada claro que esos agravios sean tales, ni tan siquiera que existan. Os recomiendo leer este post de Ezequiel Uriel para el blog De cigarras y hormigas. Lo dice claro: No es razonable confundir saldos fiscales con la financiación autonómica. Como diría aquella alcaldesa, es mezclar peras con manzanas. También son muy aclaratorios los dos artículos escritos en Nada es Gratis por Guillem López Casanovas, así como este recopilatorio de artículos sobre el asunto de Maven Trap.

Como reflexión final diré que, creo, será mucho más deseable afrontar este debate (el más serio al que nos enfrentamos como país desde la transición) desde el rigor y las evidencias, y menos desde las banderas y las posiciones apriorísticas.

Un día comparece el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y dice que los salarios en España no están bajando, sino «moderando su incremento». No alude a fuente alguna, ni demuestra su aseveración con datos comprobables. Otro día -el pasado viernes- sale la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y engorda la cifra de fraude en las prestaciones por desempleo hasta el medio millón de personas, alarmando primero y cabreando después a la opinión pública. En ambos casos las aseveraciones del Gobierno fueron desmentidas por las estadísticas oficiales, que para algo están.  

Banco de España, Instituto Nacional de Estadística, ministerios, observatorios, servicios de estudio, fundaciones… tenemos la suerte de que, a pesar de los recortes, sigue habiendo una buena cantidad de recursos estadísticos sobre los que trabajar para poder sustanciar, con datos, nuestras observaciones. Me llama por tanto la atención que, ministros que cuentan con gabinetes especializados en preparar sus discursos públicos no recurran a estas fuentes para dotar del máximo rigor (que es un mínimo exigible) al Gobierno cuando habla a ciudadanos y periodistas.

¿Improvisación? ¿Mentiras? Quizás sea solo una acumulación de errores humanos; quizás sea un problema achacable a la tan manida política de comunicación de este Ejecutivo. Pero la verdad es que desde hace tiempo me tiene muy mosqueado el bajísimo listón con el que (a mi juicio) nos valoran los miembros de este y otros gobiernos. Parece ser tal su falta de respeto «real» al ciudadano medio que me los imagino, cualquier día, señalando al cielo y asegurándonos que no es de color azul.

Esta semana una doble recomendación de un solo autor. Se trata de los dos volúmenes de Los enemigos del comercio, del académico y ensayista Antonio Escohotado, uno de los, creo, pensadores españoles imprescindibles de estos últimos 40 años. La segunda parte de su particular trilogía sobre las ideas en contra de la propiedad privada acaba de ser publicada por la editorial Espasa.  

Las publicadas hasta el momento son dos obras extensas y profundamente documentadas (la pasión y el estilo elegante con los que escribe Escohotado son, en mi opinión, uno de sus puntos fuertes, comparta o no su visión del mundo) que descubren los orígenes y personalidades que fomentaron el comunismo a lo largo de la historia. Si en el primer volumen se centra en los orígenes históricos y éticos del movimiento, en esta segunda obra abarca los siglos XIX y XX. Aquí, una breve reseña de él mismo:

Nada puedo decir que mejore lo ya escrito o dicho por el profesor Escohotado, célebre también por su Historia general de las drogas, otra obra inabarcable. Solo que capítulo a capítulo (el segundo volumen apenas lo he empezado) se percibe la ingente labor de recopilación y búsqueda de datos, fuentes y referencias. Da la sensación (y eso es mérito del escritor) de ir descubriendo los hechos a la vez que el autor, y que sus conclusiones son las nuestras, que nos acompaña. Dos libros muy recomendables para cualquier personas interesada en la economía, la historia de las ideas y la historia en general.

La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) publica este mes un estupendo informe sobre el proceso general de desapalancamiento de la economía española. Me ha parecido especialmente interesante el capítulo, elaborado por el profesor Joaquín Maudos de la Universidad de Valencia, sobre el coste comparado en el contexto europeo del rescate al sistema financiero español. El documento completo lo podéis adquirir aquí y podéis leer un buen resumen del propio Maudos en esta tribuna del diario Expansión. El informe, muy riguroso y documentado, llega a cinco conclusiones fundamentales:

Foto: JORGE PARÍS

1) Como porcentaje del PIB, la ayuda española para recapitalizar a sus bancos (del 5,2% del PIB) está dentro de la media europea, y muy por debajo de países como Alemania (10,8%), Reino Unido (7,4%) o Grecia (18,4%).

2) Los recursos económicos para resolver la crisis financiera se empezaron a movilizar mucho más tarde que el resto de países europeos. De haberse hecho en su momento, los problemas se hubieran resuelto antes.

3) Las ayudas públicas a la banca han tenido en España un efecto mucho peor en el déficit público que en otros países europeos.

4) Las pérdidas esperadas para el contribuyente ascienden a más de 43.000 millones según los cálculos de las autoridades europeas, y a apenas 36.000 millones según las estimaciones del FROB.

5) Las ayudas en forma de garantía u otros formatos distintos a la recapitalización directa son en España más del doble que la media europea.

Cada vez, desde el inicio de la crisis, que se presenta el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, ocurre lo mismo a nivel mediático. Periodistas y analistas nos sumergimos en las montañas de documentos y extraemos los que, a juicio de cada uno, son los tijeretazos más dolorosos: desempleo, dependencia, cooperación al desarrollo… Desde hace cuatro o cinco años, la constante respecto a los PGE es, como dijo el ministro Montoro, «repartir dolor». 

A mi, a la vista del proyecto presentado este lunes ante el Congreso, se me hace más claro que nunca que, desgraciadamente, éstos son los niveles a los que tendremos que acostumbrarnos por bastante tiempo. Con los actuales niveles de paro y crecimiento, reclamar subidas en las partidas de gasto (tanto inversión, como gasto social) parece más un acto de voluntarismo que otra cosa. Basta mirar un dato: casi uno de cada cuatro euros de estos presupuestos se consiguen recurriendo a nuevo endeudamiento. Pero casi nada de este endeudamiento está destinado a invertir (como dictaría un criterio económico sensato), sino que se utilizará para pagar los propios intereses de esa deuda, las prestaciones por desempleo y subvenciones a todo tipo de sectores con más o menos lobby.

Mención aparte merece, a mi juicio, el hecho de que, como cada año, haya cientos (¿miles?) de partidas presupuestarias que van destinadas a pagar todo tipo de gastos cuanto menos curiosos. A pesar de las proclamas del Ejecutivo respecto a la reducción de organismos públicos, lo cierto es que echar un vistazo a los presupuestos es darse cuenta de que todos estamos pagando aún un nivel de estructura que quizás no podemos permitirnos. Existe un consenso más o menos claro de que en España las prioridades de gasto deberían ser Sanidad y Educación, y todas estas «pequeñas» partidas de gasto no suponen sino detraer de lo verdaderamente esencial. Eso no debería perderlo de vista ningún Gobierno, por muchas presiones que reciba.

Es muy duro enfrentarse al hecho de que el país se ha empobrecido y ya no puede asumir los niveles de gasto que antes veíamos como esenciales. Dios me libre de defender a este Gobierno, pero reconozco que, con la actual capacidad recaudatoria del Estado, toca hacer frente al hecho de que los antiguos niveles de gasto e inversión no volverán, al menos en mucho tiempo (nuestros objetivos de reducción del déficit han venido para quedarse). ¿Tiene solución? No soy ningún experto, pero ahí va una propuesta, que además de popular, viene con el sello de técnicos e inspectores de Hacienda: una verdadera y decidida apuesta por combatir el fraude fiscal.