Por Alejandro Prieto Orviz.
Según la información aparecida hace unos días en la prensa acerca del coste de las matrículas en las universidades públicas de las distintas comunidades autónomas, el precio de, por ejemplo, la carrera de Derecho, puede variar entre los 591 euros de Galicia y los 1620 euros de Madrid, es decir, el esfuerzo económico de las familias para acceder a la universidad puede verse casi triplicado en función del lugar de residencia dentro del territorio nacional. 
¿Obedece ello a los gastos en iluminación, calefacción, materiales formativos, salarios de personal o mantenimiento de instalaciones? La mayor parte de la ciudadanía (entre la que me incluyo) no sabe con detalle qué variables intervienen y motivan una diferencia de semejante calibre, pero estaría encantada de conocer las causas de la disparidad existente en una materia social de relevancia como es la educación. En otros asuntos de índole monetario e interés ciudadano (con independencia del lugar en el que se viva), parece darse una mayor homogeneización: véase el importe del salario mínimo, la cuantía de las jubilaciones o la ayuda a parados de larga duración.