Por Luis Fernando Crespo Zorita

El ‘capitalismo popular’, desarrollado ideológicamente durante los años finales del siglo pasado como ‘democracia económica’, predicaba que cualquiera, con un pequeño esfuerzo de ahorro previo, podíamos convertirnos en accionista de una o varias macroempresas y participar efectivamente de los beneficios generados, por muy especulativos que estos fuesen. El resultado es que, a pesar de las críticas que se le pueden hacer, el sistema de acumulación capitalista tiene un grado de aceptación social mayor del que la lógica y un análisis racional inteligentes le podrían conceder. Es ya una cultura con valores propios y una visión del mundo enraizada en la mentalidad de los “ciudadanos-clientes-consumidores”, que determina su comportamiento como una segunda naturaleza.

Hasta que ha aparecido la cruda realidad y sus consecuencias reales y no previstas han ido estallando, una tras otra, las burbujas (punto.com, capital-riesgo, inmobiliarias, preferentes…). Entonces surge de nuevo el ciudadano reivindicativo, el ‘pequeño ahorrador’ que necesita del Estado, que previamente habíamos reducido en aras de la iniciativa privada, para que ponga orden a posteriori en un mercado insaciable y tan canalla que devora a sus propios hijos, sobre todo a los que más habían confiado en el sistema, la sufrida clase media, la única que por su nivel de ingresos puede ahorrar, pero no puede especular.

Lo que está ocurriendo con el rescate de los bancos hipotecarios, los beneficios fiscales a la inversión o la reducción de impuestos exige una desinversión pública poco o nada rentable socialmente y oculta la enfermedad de fondo: la desaparición de la soberanía popular y de la voluntad política conformadas electoralmente, para dejar la defensa del interés general a las fuerzas económicas más rentables en cada momento. Esta es la gran paradoja. Sepamos a ciencia cierta que sus decisiones van a ser siempre egoístas por buscar, con legitimidad o sin ella, exclusivamente el beneficio particular o corporativo.

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