Por Montse Capdevila Freixas
Un fiscal de Barcelona le ha dicho a mi marido, un ciudadano palestino que reside legalmente y trabaja en la misma ciudad desde 2007, casado conmigo desde 2009 y con 2 hijos nacidos aquí, que sus documentos expedidos por la Autoridad Nacional Palestina no son válidos, sino que debe aportar documentos expedidos por el Estado de Israel. Este fiscal del Registro Civil de Barcelona, encargado de la revisión de la documentación de los expedientes de nacionalidad española, o es anti-palestino o no conoce ni de lejos la legislación aplicable a los ciudadanos palestinos. En la ficha de país que tiene en su web, el Ministerio de Asuntos Exteriores español explica muy claramente que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) es la que gobierna, de forma reconocida por los Acuerdos de Oslo de 1995, en los Territorios Palestinos Ocupados por Israel, y que por lo tanto es la ANP la que expide los documentos de los palestinos que viven bajo su jurisdicción.
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Mi marido nació bajo la ocupación de Israel, ha vivido, estudiado, jugado, reído, llorado, sufrido, estudiado… toda su vida bajo la ocupación de Israel. Por fin en 2007, cuando vino a vivir legalmente a Barcelona, pudo sentir lo que era vivir sin ocupación y sin una metralleta en cada esquina.
En el año 2009 el Registro Civil de Barcelona dio carta blanca a nuestra solicitud de matrimonio reconociendo que los documentos presentados por mi marido, expedidos por la ANP, eran ciertos, válidos y legales en España. Ahora este fiscal del mismo Registro Civil de Barcelona dice que no son válidos. ¿Por qué? ¿Es que un fiscal se puede tomar la justicia por su mano? ¿Cuánto tiempo más se negarán derechos a los palestinos?
