Por Agustín Arroyo

El alcalde socialista, junto al equipo de gobierno de la ciudad de Soria, han decidido la equiparación del tratamiento fiscal de la Iglesia católica provincial con el resto de los ciudadanos de a pie. Ya va siendo hora de que la mayor multinacional de la Historia desde hace dos mil años empiece a contribuir fiscalmente en serio al bien común y al erario público. Los privilegios, exenciones, prebendas y canonjías son tan obsoletos como anacrónicos y rancios, además de injustos. La Iglesia católica, como institución secular y temporal, atesora un patrimonio en bienes raíces o inmobiliarios que nos podría marear si cuantificásemos su monto total.

La exención del IBI supone la pérdida de muchos miles de millones al erario público. No está España para seguir manteniendo paraísos fiscales dentro de su propio territorio ni corralitos de opacidad insolidaria sacramentada. Va siendo hora, igualmente, de que algún partido verdaderamente laico, y consecuente con esta línea de pensamiento, vaya pensando o exigiendo también la revisión del concordato con El Vaticano que data de 1979. Es cierto que la Iglesia realiza una cierta labor social ligada al mandamiento de la virtud de la caridad, pero también es igualmente cierto que en una sociedad donde reinase la justicia social y la redistribución equitativa de la riqueza no debería existir la caridad como limosna a los más pobres porque estos no existirían. A Dios lo que es Dios y al César lo que es del César aunque se resistan a aceptarlo de buen talante.