Por Inés Alonso
Un funcionario frente a un ordenador. (ARCHIVO)
Mi nombre es Inés, tengo 31 años y soy una de tantas jóvenes que abandonaron España en plena crisis esperando encontrar mejores oportunidades laborales en el extranjero. Hace tres años me vine a Montreal, en Canadá, donde actualmente resido. Las «aventuras» a las que nos enfrentamos no solo relatan la historia de la adaptación, el aprendizaje del idioma y la cultura o la más dolorosa nostalgia de nuestra tierra, familia y amigos. También, desafortunadamente, forma parte de nuestro día a día el enredo institucional al que nos vemos sometidos.
Pagamos miles de dólares para obtener permisos de residencia y sufrimos meses/años de espera en los que no podemos planear nuestro futuro más inmediato. Vemos como las instituciones españolas nos dan la espalda. Mucho se ha hablado del voto rogado, pero hay otras muchas barreras, como el hecho de que no podamos renovar nuestro DNI, ni registrar obras artísticas, ni solicitar documentos nacionales por correo. Muchos impedimentos que nos tienen haciendo cola en los consulados sistemáticamente y aceptando «no» como respuesta a las más simples demandas. Consulados que no atienden más que unas pocas horas por la mañana, que no responden ni emails ni llamadas (como el de Montreal), que no interfieren para solucionar problemas básicos. A seis meses de que mi pasaporte caduque (teniendo ya el DNI caducado desde hace meses), voy a tener que ausentarme del trabajo para que el consulado envíe un dichoso folio por correo en mi nombre solicitando la renovación. Algo que no puedo hacer yo (debe ser la dificultad) y que les he solicitado por email más de cuatro veces, sumando no sé ni cuántas horas de espera al teléfono para jamás ser atendida.
Los emigrantes españoles estamos en el olvido institucional. Descuidados, maltratados y a expensas de funcionarias con salarios mínimos que no ponen ni un minuto extra de su tiempo en facilitar las cosas.
