Por Óscar Doñate Palos*
El Estado, con sus razones, nos obliga actualmente a llevar casco o cinturón de seguridad, aunque sólo nos afecte a nosotros el no usarlo. Tampoco nos permite conducir demasiado rápido, ni hacerlo después de haber bebido, ni fumar en según qué sitios o retirar la mayoría de medicamentos de las farmacias sin presentar la receta.
Un doctor pone una vacuna a un niño. (GTRES)
Sin embargo, el mismo Estado considera perfectamente lícito que padres (que por lo general no son profesionales sanitarios cualificados) desoigan las recomendaciones de los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las principales agencias de salud pública, así como de sus pediatras, médicos y farmacéuticos, y decidan no vacunar a sus hijos, poniendo así en peligro tanto la vida de estos niños como la de los que les rodean, sobre todo los más débiles.
Y me pregunto: ¿Se hace todo lo posible para evitar las muertes por accidente de tráfico pero se puede permitir que muramos de una enfermedad que, además, se puede evitar? No encuentro una explicación coherente a este hecho.
(*) Padre, farmacéutico y miembro de la Junta de la Asociación de Farmacias de Barcelona.