Por Karla Casillas Bermúdez

Me gustaría dirigir esta carta a todos los autónomos de España, que en su momento creyeron, de manera ilusa, que pasarían a ser ciudadanos de primera categoría al aprobarse la ley que nos otorgaba el derecho a cobrar el paro.

Las cifras oficiales dicen que casi al 70% de los autónomos que solicitamos este derecho se nos deniega por “aspectos técnicos”, y es que a ninguno de nosotros, se nos ha explicado que esto es una monumental y vil patraña. Durante los tres años que mantuve abierto mi negocio de hostelería (en el que invertí todo mi capital) pagué religiosamente mi cuota como autónoma, la cual ascendía a 280 euros mensuales e incluía el concepto de “Protección por cese de Actividad”, que en teoría me daba derecho a pedir la prestación en caso de que mi negocio quebrara.  Al tercer año y debido a la crisis, no solo acabé en números rojos, sino que acumulé una enorme deuda e iniciaron contra mí una demanda de desahucio por impago de alquiler.

En octubre de 2012, ya con el negocio cerrado por quiebra, comencé a tramitar mi prestación y después de presentar a FREMAP -la mutua que gestiona la concesión de prestaciones- un archivo interminable de documentos para comprobar mi “cese de actividad por causas económicas”, ésta me fue denegada, por segunda y última vez a finales de enero de 2013.

El proceso que tuve que afrontar estuvo plagado de agravios, arbitrariedades y humillaciones. He llegado a la conclusión de que la mutua no hace más que plantear objeciones con la clara intención de que el trabajador autónomo desista de su derecho de cobrar el paro, cayendo en una situación más dramática aun si cabe tras la quiebra de su negocio, lo cual me parece una actitud francamente indolente.

La mutua ha elaborado un ‘manual de quiebra’ que establece una rígida  y poco realista definición de lo que se entiende por quebrar: dos años con un 20% de pérdidas, seguidos por un tercer año con más del 30% de pérdidas. De esta manera, me parece que el paro de autónomos es una tomadura de pelo, pues hay tantas maneras posibles de quebrar, como negocios mismos hay. Y si no, que se lo digan al 70% referido anteriormente. En mi caso concreto quebré en un solo año de manera fulminante.

Tras tres meses de papeleos un empleado de FREMAP me recomendó que “mejor acudiera a los juzgados” pues es a través de esta vía como se resuelven de verdad los casos. ¿Alguien cree que es ésta una buena manera de incentivar a los emprendedores?

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