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Un ‘no’ a esta reforma del Código Penal

Por la Plataforma No Somos Delito

Desde la Plataforma No Somos Delito, a la que pertenecen más de 70 organizaciones sociales, consideramos que si la reforma del Código Penal está pensada para combatir a pederastas y a autores de delitos más graves, cabe preguntarse por qué se incluyen nuevos delitos para perseguir a colectivos sociales que no constituyen ni un peligro, ni una amenaza real para la sociedad como los activistas, los inmigrantes o las personas sin recursos y sin embargo, se suavizan las sanciones contra los delitos económicos de “cuello blanco”.

En un país afectado por la corrupción, nos parece muy grave encontrarnos con un nuevo Código Penal que será menos severo que el actual con los políticos que roben dinero público. En cambio llevarse sin pagar una botella de leche en un supermercado será delito y supondrá antecedentes penales.

Uno de los leones del Congreso de los Diputados. (EP)

Uno de los leones del Congreso de los Diputados. (ARCHIVO)

Haciendo referencia al titular de la noticia “El Código Penal pensado para combatir a pederastas lleva un año parado«, habría que hacer mención a la desproporcionalidad con la que se aplicará esta reforma, la cual podría sancionar de igual manera, con penas de dos a seis años de prisión para los responsables de webs que ofrezcan enlaces para descargar obras protegidas por derechos de autor así como para aquellos que abusen sexualmente de menores de edad.

[ “Este texto endurece los actos cometidos contra la libertad sexual de los menores e introduce por primera vez penas como la prisión permanente revisable en el ordenamiento jurídico español».]

No es cierto que este tipo de pena sea necesaria. Nuestras penas ya son muy severas y los periodos de cumplimiento de las mismas son de los más elevados de la Unión Europea (art.70.4). Consideramos que una normativa que quiere imponer de nuevo la cadena perpetua camuflada bajo el nombre de prisión permanente revisable no puede tener cabida en un Estado que pretende considerarse social y democrático de Derecho. Con la introducción de esta cadena perpetua encubierta, el Derecho Penal del Estado deja de lado los principios de reinserción y reeducación exigidos en nuestra Constitución en su artículo 25.2.

[La Cámara Baja ha ampliado reiteradamente el plazo de presentación de enmiendas parciales y el Gobierno ha avanzado su intención de introducir nuevas penas, como es el caso de los yihadistas retornados.]

Para justificar esta reforma, el Gobierno está haciendo uso de la vieja estrategia del miedo con la intención de provocar una sensación ficticia de inseguridad entre la población. Hace pocos días, en declaraciones a los medios veíamos como el Ministro de Interior introducía en su discurso un mensaje de alarma hacia la ciudadanía sobre la posible amenaza de ataques yihadistas.

En No Somos Delito  nos oponemos claramente a esta reforma porque creemos que hay que revisar el Código Penal pero a favor de las personas no en su contra. Esta reforma criminaliza la solidaridad entre personas (Art. 318 bis), con sanciones a quienes ayuden a personas extranjeras en situación irregular, y vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión o la protesta social incluyendo delitos hechos a medida de las protestas sociales (incluidos en el Libro II – título XXII.- Delitos contra el orden público). Con el nuevo CP tuitear consignas de una manifestación que acabe en disturbios (Art. 559 bis). Las protestas contra los desahucios o las preferentes también serán delito (Art. 557 bis).

Con esta reforma el Estado pretende endurecer de forma injustificada el Código Penal, lo que parece demostrar que su único fin es la represión y el negocio carcelario, olvidándose de los fines sociales cuyo resultado beneficiaría a toda la ciudadanía ¿Qué preferimos, una efectiva reinserción de los condenados gracias a la cual no volverán a delinquir o llenar las cárceles de presos sin fecha de salida incrementando el coste que eso supone para el Estado?

Por todo ello decimos alto y claro No a esta reforma del Código Penal.