Por Alejandro López Parejo
La futura Ley de Servicios Profesionales (LSP), impulsada por el Ministerio de Economía y que pretende “liberalizar” la actividad de distintas profesiones, supone un verdadero despropósito para con la razón.
Aquellos que a día de hoy cursamos los estudios de arquitectura, asistimos con estupor al fin de nuestro futuro. Según el borrador filtrado, podrán proyectar y dirigir obras de edificios residenciales, culturales, docentes o religiosos, arquitectos e ingenieros con competencias en edificación. Dicho de otra manera, un ingeniero industrial, de caminos o de minas, podrá proyectar y firmar su futura vivienda.
Hasta el momento, cada ingeniero tenía la posibilidad de proyectar edificaciones dentro de su ámbito. Sin embargo, la LSP plantea acabar con esto, tirando por la borda el futuro de miles de arquitectos y lo que es peor, la historia, el valor público y el servicio social de la arquitectura. Ya lo decía Octavio Paz: “La arquitectura es el testigo insobornable de la historia, porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de una época, su cultura, su sociedad, sus intenciones…” Ciudades vacías y edificios sin corazón para un país que parece empeñado en acabar consigo mismo.