Por Juan Afán Muñoz
En cualquier empresa privada y seria del mundo occidental, cuando el máximo responsable, por complicidad u omisión, ha participado en un escándalo de la dimensión de los ERES de Andalucía es destituido inmediatamente y en la mayoría de los casos con imputación penal por su negligencia y falta de responsabilidad en la función asignada. Por supuesto sin gratificaciones perennes debido a su incompetencia demostrada.
Aquí, como los gobiernos y las empresas públicas no son de nadie y gestionan miles de millones alegremente, nuestro dimitido presidente Griñán nos hace un discurso con la cara más dura que el cemento (habitual entre nuestra casta política) apelando a su alto sentido de estado para con Andalucía y no perjudicarla más con su presencia en estos difíciles momentos «jurídicos». 
Además, desea seguir «sacrificándose» disfrutando del resto de sus cargos en el partido y de paso blindarse judicialmente en el cementerio de elefantes como senador, ya que su «historial» al frente de la Junta no es obstáculo para seguir chupando del bote mientras el cuerpo aguante.
En esto es en lo primero que los partidos deberían ya cambiar las leyes si desean que los ciudadanos vuelvan a darles la confianza en vez del actual desprecio. Es un momento histórico para el Partido Popular, con mayoría absoluta, para que cambie estas leyes tan protectoras para con los políticos imputados y que huyen hacia el Tribunal Supremo (formado por jueces que ellos mismos han elegido), si es que desean tener credibilidad más allá de las huecas palabras de sus discursos y promesas electorales.
Señor Griñán, mi padre decía: Tanta gloria lleves como descanso dejas. Y en este caso lo suscribo literalmente.
