El candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, quiere proporcionar acceso a Internet gratuito mediante tecnología inalámbrica Wifi en 750 puntos de la ciudad, incluyendo parques, bibliotecas y centros de mayores. Dejando aparte sus posibilidades de acceder al cargo que anhela, la idea es buena, muy buena; incluso imprescindible. Y esperemos que el ejemplo cunda. Dentro de muy poco tiempo el acceso a la red ubicuo será tan necesario para la vida ciudadana como la electricidad o el agua corriente. Bueno sería que nuestras ciudades empezaran a adaptarse a este inminente futuro proporcionando un servicio básico mínimo, que no tiene por qué dificultar a las empresas telefónicas el ofrecer servicios de valor añadido y ganar dinero con ellos. Los ayuntamientos debieran velar por ello, y el gobierno debiera adaptar las leyes y hacer saber a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que su celo debiera ocuparse también de los usuarios, y no sólo de la salud empresarial. Nos va a todos en ello el porvenir.
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Estrangulando el WiFi
El acceso inalámbrico WiFi es una tecnología maravillosa. Permite la conexión a una red a alta velocidad sin tener que preocuparse de cableados o de compatibilidades, lo que ahorra problemas y dinero. Basada en estándares abiertos, los aparatos necesarios (puntos de acceso, routers inalámbricos, tarjetas receptoras) son abundantes y baratos. En principio, incluso, la tecnología permite el intercambio directo de información entre ordenadores, lo cual podría desarrollarse en teoría hasta crear una red inalámbrica paralela a Internet que cubriera ciudades enteras. Así que las telefónicas del mundo, que cada vez más se ven forzadas a hacer del acceso a Internet su negocio, aborrecen la tecnología. Y hacen lo que pueden para ponerle trabas a su desarrollo.
Es cierto que existen varias compañías que ofrecen este servicio en contados lugares públicos como ciertos hoteles o aeropuertos. También es cierto que el WiFi disponible en España debe ser de una calidad excepcional, ya que los precios son astronómicos (una hora de conexión puede costar casi lo mismo que un mes de ADSL con llamadas). Las compañías de telefonía móvil están aprovechándose de esta coyuntura, sin duda absolutamente ajena a su voluntad, para promocionar sus ofertas de acceso 3G, que tienen entre otras la ventaja para ellas de volver a su añorado modelo de pago por tiempo. Simultáneamente aprovechan la tecnología WiFi para ahorrarse cablear dentro de los hogares, pero se preocupan muy mucho de obligar a la encriptación de las redes domésticas, no vaya a ser que sus clientes compartan lo que han pagado y es suyo con terceros. A la vez la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones interpreta la legislación en contra de su espíritu original (¿no se trataba de crear redes alternativas?) y bloquea el despliegue de accesos municipales.
Si no fuera porque no cabe dudar de la probidad de las empresas del ramo y sus árbitros políticos uno estaría tentado de pensar que es una campaña deliberada para estrangular una tecnología especialmente apta para reducir la brecha digital y reforzar la Sociedad de la Información. Aunque, lamentablemente, resulte ser contraria a los intereses económicos a corto plazo de nuestras telefónicas, sin duda la combinación de precios exorbitantes, disponibilidad reducida, contratos leoninos que impiden compartir, alternativas cerradas y reglamentación opresiva es tan sólo una casualidad. Sabido es que nuestras telefónicas no tratan así a sus clientes, ni manipulan las ofertas para forzar el uso de tecnologías que les favorecen a ellos y nos perjudican a nosotros. ¿A que no?