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Ciencia, tecnología, dibujos animados ¿Acaso se puede pedir más?

Entradas etiquetadas como ‘propiedad industrial’

Una europea vergüenza

Gracias a la atenta vigilancia de Cory Doctorow desde BoingBoing descubrimos que el muerto que más veces ha sido matado en la historia de la legislación europea amenaza con regresar. Una vez más, y son incontables ya, se está intentando colar en la legislación europea las patentes de software, de matute y por la puerta falsa. Sí, las mismas patentes de software que han causado incontables problemas en donde existen; las mismas patentes de software que han sido torticeramente utilizadas para silenciar e intimidar a rivales comerciales; las mismas patentes de software que sólo favorecen a las grandes empresas multinacionales enzarzadas en estrategias de disuasión de tierra quemada. Pero, sobre todo, las mismas patentes de software que han sido rechazadas varias veces ya en distintos niveles del Parlamento y la burocracia europeas, en lo que supone un verdadero insulto al proceso democrático y a la inteligencia de la ciudadanía. ¿Es que los abogados de esta degenerada forma de propiedad industrial no tienen pudor ninguno? ¿Es que los políticos europeos carecen de sentido de la autopreservación?

Pero, sobre todo, ¿es que son completamente estúpidos? El intento de resucitar de estrangis las patentes de software en Europa resulta particularmente estúpido y patético ahora, cuando los innumerables problemas prácticos y legales que han provocado en la industria estadounidense han acabado por movilizar a las empresas y no sólo a los activistas, hasta el punto de que la mera idea de patentar ‘software’ o modelos de negocio está en serio proceso de revisión y es probable que resulten anuladas pronto. No se trata sólo de que decisiones individuales sean revocadas, o que haya problemas (que los hay) con la legalidad de miles de patentes estadounidenses por un descuido de procedimiento. No: la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Washington está examinando In re: Bilski, un caso concreto que generará jurisprudencia y que podría anular, o sustancialmente remodelar, la decisión judicial de 1998 que permitió que se patenten tanto modelos de negocio como programas. En otras palabras: ahora que los Estados Unidos están recuperando el juicio e intentan anular un error que les ha salido carísimo, Europa quiere repetirlo, burlándose además de la voluntad de sus ciudadanos y de las nefastas consecuencias que puede tener para su propia economía. Si éste es el nivel de inteligencia de la Unión, si de esta manera trata la voluntad de sus ciudadanos, no es de extrañar el auge del euroescepticismo. ¿No se le caerá a nadie la cara de vergüenza?

Imagen de Vampiro de David de la Luz, tomada de Wikimedia Commons.

La patente que mató a un satélite

Un satélite artificial es una de las piezas de maquinaria más sofisticadas, complejas y brillantes de la historia de la humanidad. En esencia se trata de un robot que opera en unas condiciones extremas: falta de aire, presencia de radiaciones, riesgo de colisión con micrometeoritos, temperaturas que pasan de lo glacial a lo tórrido en minutos, y todo ello sin posibilidad alguna de reparación. Y para colmo tiene que sobrevivir a ser colocado en su lugar por un lanzamiento espacial, básicamente una enorme y prolongada explosión apenas controlada que genera fuerzas titánicas. Es por eso que un satélite es caro, enormemente caro; centenares de millones de euros la unidad, dependiendo del tipo y sin contar los gastos de lanzamiento. Por eso resulta particularmente estúpido bordeando en lo criminal que un satélite geoestacionario privado de comunicaciones recién lanzado se haya convertido en basura espacial por una disputa sobre una patente. Una patente semiobsoleta y que muy probablemente carezca de validez ninguna ha derribado un satélite con tanta efectividad como un misil en una descarnada muestra de lo absurdo del actual sistema de protección de la ‘propiedad’ inmaterial.

El satélite es el AMC-14 [arriba], que puso en órbita el pasado marzo un cohete ruso Protón para cubrir los Estados Unidos; su precio, 95 millones de euros. Como ocurre en ocasiones, el lanzamiento no fue perfecto, y el satélite no llegó (por poco) al punto intermedio que necesitaba para poder llegar a su órbita definitiva. SES Americom, propietarios del AMC-14, estudiaron sus opciones y descubrieron una: utilizando los cohetes de maniobra del satélite es posible lanzarlo hacia la Luna para sobrevolarla. Usando ese cambio de órbita AMC-14 puede alcanzar una posición estable en la órbita geosincrónica y operar durante al menos cuatro años. Pero no va a ser así: el satélite artificial ha sido declarado basura espacial y el intento de rescate no se llevará a cabo. La causa: hay una patente sobre el procedimiento de sobrevuelo lunar, a nombre de Boeing. Boeing y SES Americom tienen una disputa legal, y Boeing ha aprovechado su patente para exigir a la otra empresa que ceda o pierda el AMC-14. ¿Consecuencia? El satélite muere.

No importa que para los expertos legales de SES Americom la patente carezca de valor, ya que esencialmente Boeing ha patentado las leyes de la física. Lo que importa es que echarla abajo ante un tribunal es un proceso lento, incluso cuando está claro, y el satélite no puede esperar. Una patente que probablemente no debió concederse jamás y una empresa que utiliza a su favor todas las bazas que tiene, por dudosas que sean, van a transformar en chatarra de alta tecnología un satélite perfectamente operativo. Este despropósito, este desperdicio absurdo de recursos e ingenio humanos demuestra a las claras que el sistema de protección de la llamada ‘propiedad’ intelectual e industrial está profundamente enfermo. Es hora de tirarlo por la borda y empezar de nuevo con algo un poco más razonable.

Corregido y aumentado el concepto de ‘propiedad’ inmaterial el 14/4/2008; gracias, aitor.

Cuando se abusa de la ley

Hay una empresa muy ocupada estos días demandando a media humanidad. La razón es que una ley de patentes mal hecha y un departamento de patentes (el estadounidense) mal encaminado le han concedido a esta empresa la patente, es decir el monopolio, del ‘smartphone’. O sea, de un teléfono móvil capaz de conectarse a Internet, como el que usted lleva en el bolsillo; como hay millones en el mundo. La empresa en cuestión piensa forrarse abusando de una ley fallida, y provocando daños económicos considerables. Y no es la única que se aprovecha de las meteduras de pata de los legisladores; un despacho de abogados, también estadounidense, ha conseguido rizar un rizo legal: someter a ‘copyright’ sus cartas de denuncia. De este modo quienes reciben estas cartas no pueden publicarlas en la Red para obtener ayuda legal gratuita, un método habitual de defensa para los pequeños editores. Lo cual hace más sencillo silenciar las voces molestas mediante amenazas legales y abusos de la propiedad intelectual. Las leyes que defienden la supuesta ‘propiedad’ intelectual e industrial no sólo están obsoletas: además hacen daño. Hay que cambiarlas, ya.

Rusia y la patente del AK-47

El emblemático perfil del fusil de asalto Kalashnikov AK-47 lo ha convertido en un verdadero icono del siglo XX. Su perfil, y el hecho de que centenares de millones de ellos han matado a más gente que la peste en el último medio siglo en todo el planeta. Su horrible éxito, que lo ha llevado hasta a las banderas (como la de Mozambique, arriba), se debe en parte a su carácter soviético, y por tanto libre de propiedad industrial. Lo dice el análisis económico de un sesudo profesor de Oxford, que hace notar cómo el arma se ha fabricado en tales números que sus abundantes defectos han sido compensados por su misma ubicuidad.

La nueva y orgullosa Rusia, sin embargo, ve en esta falta de patentes un peligro a su economía, y una humillante campaña de piratería de alcance mundial. Así que ha decidido exigir el inmediato abandono de la fabricación sin licencia de AK-47s en Europa del Este, ‘incluso en algunos países de la OTAN’, ha aclarado un miembro del gobierno ruso. Lo cual puede indicar por dónde van, nunca mejor dicho, los tiros: contra la expansión del tratado atlántico más que contra la piratería. Judicialmente lo van a tener mal. porque para cuando una factoría rusa se acordó de patentar el fusil (en 1999) ya llevaba casi 50 años en servicio y había sido fabricado en decenas de países por millones. Pero el uso de la Propiedad Industrial para fines intimidatorios ajenos a su objetivo primordial no es una táctica nueva en el capitalismo salvaje. Rusia aprende deprisa las peores artes de Occidente.

Patentes y guerra nuclear

Con las patentes de software se repite el viejo proverbio: cuando los elefantes luchan quien muere es la hierba. La patente, un monopolio temporal del uso de un invento a cambio de su publicación, garantizado por el estado, no es mala, con las invenciones tangibles. Sólo se oponen a ellas quienes rechazan la idea misma de propiedad, o están en contra del estado. Pero en los EE UU un juez extendió las patentes al software y los modelos de negocio, y ahora se patentan cosas que no se pueden tocar. Hay oposición, y con buenas razones: las patentes de software se están concediendo mal, y las grandes empresas han creado arsenales de patentes disuasorias. Ahora ya no basta con tener una buena idea para montar un negocio: hacen falta abogados feroces y mucho dinero para defenderla. Los elefantes están empezando a hacerse la guerra entre ellos, y es nuclear: hasta a Microsoft le duele pagar una indemnización de 1.500 millones de dólares, como acaba de ordenarle un tribunal. Las patentes de software están empezando a costar demasiado dinero a la empresa estadounidense. Ya hay un fuerte movimiento de reforma de esta absurda idea de patentar lo intangible. Sentencias como ésta lo reforzarán; esperemos que además impidan que en Europa copiemos esta locura.

El sistema enfermo

La llamada ‘propiedad’ intelectual, como la propiedad industrial (patentes y marcas comerciales), son inventos legales creados para favorecer la creatividad recompensando a artistas, científicos, tecnólogos y los inversores que los respaldan. Por su parte la legislación que regula la industria farmacéutica está diseñada para exigir rigurosos controles antes de que se utilice un medicamento en humanos que aseguren su efectividad y seguridad, y para impedir estafas y hasta envenenamientos, antaño comunes. Una permite a los inventores ganar dinero con sus inventos, que se entiende favorecen a la sociedad en su conjunto, y la otra protege a los miembros de esa sociedad de los abusos. Y eso es bueno. Pero algo tiene que estar mal en el sistema cuando la aplicación rigurosa de estos principios está bloqueando la investigación sobre una prometedora molécula en la lucha contra una terrible enfermedad: el cáncer.

Las células cancerosas lo son porque sus mecanismos de autodestrucción, vitales para el control del crecimiento celular, están desconectados. Y estos mecanismos se disparan desde las mitocondrias, los orgánulos que crean la energía para la célula toda. En las células cancerosas las mitocondrias están desconectadas, lo que inhibe el mecanismo de autodestrucción y fuerza a las células a usar otro sistema energético llamado glicolisis. Una molécula simple llamada dicloroacetato (DCA) es capaz de reconectar las mitocondrias, lo cual acaba con la glicolisis. Y al hacerlo activa el proceso de autodestrucción celular: la célula cancerosa muere. En pruebas de laboratorio en ratones y en tumores humanos in vitro se ha demostrado que funciona: los tumores dejan de crecer y desaparecen. La molécula es fácil y barata de fabricar, y ya ha sido usada en medicina, así que se conocen sus efectos secundarios (a veces graves, pero mucho menores que los de la quimioterapia actual).

Pero no hay dinero para hacer las complicadas y carísimas pruebas clínicas para aplicarla a los tumores humanos, porque el DCA no se puede patentar: ninguna empresa farmacéutica está interesada. Sencillamente no se sabe si el DCA es efectivo en el tratamiento en personas vivas, y puede pasar mucho tiempo hasta que se averigue: de momento no es más que una molécula prometedora, que actúa sobre un mecanismo conocido, pero nada más. La legislación de protección al consumidor exige pruebas con múltiples garantías: la imposibilidad de patentar hace que ninguna compañía financie estas pruebas (hay una colecta abierta para ayudar a ello). Aunque el dinero se obtenga, el proceso tardará años. En cualquier caso, algo huele a podrido en un sistema que complica lo que se supone debería facilitar; un sistema que estorba hasta a la esperanza.