Hace una semana se me estropeó mi ordenador portátil. Simplemente dejó de funcionar. Y aunque soy un consumidor informado, de servicios de reparación de ordenadores no tengo ni idea. Pero sí un buen amigo, Antonio, que se dedica a estas cosas y tiene una tienda en mi barrio.

Así que, como mi ordenador ya no está en garantía, se lo llevé a Antonio y esa misma tarde me llamó para que lo recogiera. Me explicó que simplemente tenía un cable de conexión pelado, porque seguramente se había desviado de su habitáculo por algún movimiento brusco, y de tanto abrir y cerrar la tapa del portátil, había acabado por pelarse.

“No te voy a cobrar por esto porque hay confianza. Si tuviera que hacerlo, te pediría unos 20 euros por el tiempo que me ha llevado abrir y manipular el ordenador, pero la avería se detectaba rápido. Eso sí, seguro que esto lo llevas a otra tienda y te cobran lo que quieran. A ti que te gustan tanto estas cosas, Justo, si quieres hacemos un experimento y lo llevamos a otras tiendas a ver qué pasa”.

La propuesta de Antonio me pareció fascinante, pero únicamente me sirvió para recordar que el reto ya estaba inventado, y con el mismo producto, un portátil. La OCU ya llevó un ordenador portátil a varias tiendas para arreglar una leve avería, casi idéntica a la que presentaba el mío, y los resultados fueron escandalosos.

Cincuenta y dos euros les pedían en la primera tienda a la que fueron por abrir el ordenador y conectar un cable, aunque ellos lo adornaron con conceptos como “mano de obra” o “material a sustituir”. ¿Qué material?

En la segunda tienda, ésta mucho más aparente y presuntamente cara a simple vista, la tarifa aumentó hasta los 116 euros por la reparación, que incluía la sustitución de un “procesador”. A todas luces un invento del reparador.

En otro establecimiento, en un gran centro comercial, volvió a crecer el precio de la reparación: 147 euros por la “sustitución de componentes dañados” y “mano de obra”.

Los precios oscilaban entre los 52 euros iniciales y los insospechados 147 de la tienda situada en un centro comercial. Lo que no esperaba nadie llegó en la última tienda visitada: un pequeño comercio de tecnología regentado por un comerciante chino. Aquí la sorpresa fue mayúscula: 9 euros por la reparación, y el único sitio donde la descripción de la avería coincidía exactamente con la que tenía el ordenador.

No quiere decir esto que la mejor opción para reparar un ordenador portátil sea una pequeña tienda de barrio regentada por un comerciante chino. O sí. Simplemente estos fueron los resultados que deparó ese experimento de la OCU, que también me hubiese gustado hacer a mí.

Ni que decir tiene que algunas de las prácticas llevadas a cabo en las diferentes tiendas visitadas son cuanto menos denunciables. De los 9 euros que pedían en el pequeño comercio chino a los 147 del establecimiento del centro comercial hay nada menos que 138 euros de diferencia ¿en concepto de qué?

La ley ampara a los consumidores sobre sus derechos en las reparaciones de estos productos, concretamente el Real Decreto 58/1988, de 29 de enero, sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso.

En cuanto a los precios, en España rige la economía de libre mercado en la prestación de servicios, que conlleva a su vez la libre fijación de precios. Lo que hace que las tiendas establezcan sus tarifas sin referencia alguna.

Se contemplan, eso sí, los precios abusivos, pero para identificarlos han de ser especialmente llamativos, puesto que la norma es un tanto ambigua en su redacción.

En cuanto al presupuesto, la ley permite a las tiendas cobrar por este concepto en varios supuestos, únicamente en el caso de que no sea aceptado. Pero no hay nada como mencionar de antemano que no estás dispuesto a pagarlo y que hay muchas tiendas.

En cuanto a la garantía, por ley el plazo mínimo de una reparación son tres meses, ampliables o no según las políticas de cada establecimiento.

La elección de un establecimiento de reparaciones no es fácil. Si el producto está en garantía, obviamente debe llevarse a un comercio oficial. Pero si ya no lo está, como vemos, en ocasiones se abre un panorama desolador para los consumidores, casi siempre obligados a ‘creerse’ lo que le pasa a su aparato y a pagar la cantidad que les pidan.

* Foto: GTRES