Por Susana Martínez Novo 
Cuando estudiaba Derecho decían mis profesores que las normas deben adaptarse a la realidad social del tiempo en que deban ser aplicadas. Sin embargo cuando hablamos de violencia de género, nos encontramos con que la conciencia social y política todavía está muy por detrás de la legislación.
El pasado 6 de junio fue publicado en el BOE el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica – Convenio de Estambul-, abierto a la firma el 11 de mayo de 2011.
Con frecuencia, el maltratador obliga a la víctima a obedecer sus caprichos mediante coerción y amenazas. Ilustración de Ana Sara Lafuente.
El convenio constituye a mi modo de ver un intento bien intencionado de promover las políticas públicas contra la violencia de género, comenzando por la necesidad de visibilizar la existencia de la violencia mediante la recogida de datos, que en muchos paises todavía no se realiza. Pero sobre todo supone un avance y un reconocimiento de otras formas de discriminación hacia la mujer hasta ahora silenciadas.
Condena el convenio todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la sexual, matrimonios forzados, mutilación genital femenina, y esas otras más sutiles como la privación arbitraria de la libertad y la violencia económica, que las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres vienen poniendo de manifiesto desde hace mucho tiempo.
Parece que no acabamos de enterarnos que determinadas formas de violencia como el control de las actividades de la pareja, de los horarios, los movimientos, de los ingresos familiares… provocan de forma ineludible una dependencia personal y económica del violento, que bajo el paraguas del amor y del paternalismo no deja salida. Pero es más, por fin se censura la existencia de justificaciones de tipo cultural, religioso y específicamente el ‘honor’ como fundamento de las conductas violentas.
De esta forma discursos como los ofrecidos por determinados personajes de marcada relevancia social, sacerdotes y otros cargos públicos, especialmente en pequeñas localidades donde su opinión es fuente de ideología y transmisión de valores, quedan ahora más que nunca deslegitimados y deben ser objeto de rechazo y reproche social.
Por otra parte, produce cierta satisfacción contemplar como se aborda la necesidad de asignación de recursos financieros y humanos para la aplicación de las políticas públicas dirigidas a estos objetivos, y se hace especial hincapié en el reconocimiento que a todos los niveles debe otorgarse a la labor de las organizaciones no gubernamentales, por su experiencia en la materia y a la necesidad de establecer una cooperación eficaz con dichas organizaciones.
Creo que no podemos olvidar el servicio que desde las organizaciones se ofrece a las víctimas y que la cooperación entre instituciones y organizaciones es un cauce necesario para rentabilizar recursos y para favorecer el seguimiento personalizado de los casos.
Por no ir más lejos, el otro día me decía una mujer: ‘¿Cómo quieren que no nos desanimemos si en el Punto Municipal han atendido a mi hija en tan solo dos ocasiones en más de tres meses y está psicológicamente destrozada?’ Por supuesto, le hemos ofrecido terapia grupal en nuestra organización.
Ahora estamos a la espera de ver como se pone en marcha la aplicación del Convenio, que entrará en vigor en nuestro país el próximo 1 de agosto. Tres años ha tardado España en ratificar dicho convenio, pero lo más patético y sorprendente es que a fecha de hoy solo 11 países de los 47 que conforman el Consejo de Europa lo han ratificado y en concreto que países como Francia y Alemania todavía no lo hayan hecho. ¿ No sufren sus mujeres algún tipo de discriminación o violencia?
Esto pone de manifiesto que la violencia de género todavía no forma parte de las prioridades de la agenda política de muchos países de la Unión Europea y si esto es así como pretendemos que se remueva la conciencia social de las y los ciudadanos que viven bajo esos gobiernos y de los otros que queramos o no, nos dejamos manejar por las prioridades de Europa.
Susana Martínez Novo. Abogada y activista. Presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, participa también en la Asociación Española de Abogados de Familia.
