Por Isabel Ortigosa 

La política fiscal, más allá de los debates técnicos, tiene profundas implicaciones en nuestra vida diaria, y condiciona a largo plazo el modelo de sociedad en que vivimos. También en el Sur. No se trata sólo de que desde los países “desarrollados” debamos prestar asistencia técnica para fortalecer las agencias tributarias de países “en desarrollo”. Se trata de que juntos debemos encontrar la manera de garantizar que la política fiscal que se aplica localmente sea justa y promueva la equidad y la redistribución.

Pensemos por ejemplo en las mujeres, que constituyen, como indica el nombre de este blog, más de la mitad de la población mundial. En ese Sur Global del que hablamos las organizaciones de la sociedad civil hay un claro desequilibrio entre la contribución que realizan las mujeres a sus sociedades, tanto con trabajos remunerados como con los que no lo están, y el hecho de que generalmente la equidad de género sea un aspecto muy poco contemplado en las políticas fiscales de los países en los que viven.

IRPF. Imagen de TrasTando

Los impuestos directos impactan de manera diferente en las mujeres que en los hombres: ellas ganan menos (en el caso de países en desarrollo, mucho menos), tienden a entrar y salir del mercado laboral en varios momentos de sus vidas, y sacan adelante trabajos no pagados tanto a nivel de cuidados en los hogares, como en negocios familiares o en iniciativas comunitarias. No recibir remuneración afecta a la posibilidad de pagar impuestos y de beneficiarse de prestaciones sociales y servicios públicos, haciendo a muchas mujeres totalmente dependientes de los “proveedores” del hogar. ¿Qué ocurre con ellas cuándo la figura del proveedor, por distintas razones, desaparece?

En algunos de estos países, siguiendo el ejemplo de experiencias como por ejemplo la de España, existen beneficios fiscales para hogares con miembros financieramente dependientes que aportan trabajo no remunerado. Podría parecer un avance, pero sería un avance con ciertas aristas: este tipo de prestaciones favorecen a hogares basados en un modelo de hombre proveedor / mujer cuidadora, en contraste con un modelo más equitativo basado en una doble fuente de ingresos y una doble responsabilidad en los cuidados.  Estos subsidios suponen un pago por mano de obra no remunerada, pero es un pago que no cobra la mujer que trabaja, sino su cónyuge, y que acentúa por lo tanto su poder y su capacidad de control en la familia. Por otra parte, estas desgravaciones sólo son disfrutadas por familias con trabajos formales y con ingresos relativamente altos. Por lo tanto, los hogares más pobres quedan automáticamente excluidos de estos posibles beneficios, y se acentúa aún más la desigualdad.

Para reducir esta desigualdad, en América Latina se han propuesto programas de transferencias monetarias  condicionadas, como Bolsa Familia en Brasil y Progresa en México, que han sido evaluados positivamente por sus resultados en la mejora de la nutrición, la asistencia a la escuela de los niños y el bienestar general de las familias. Sin embargo, la historia se repite: estos programas son controvertidos desde una perspectiva de género, ya que refuerzan el papel de las madres como únicas cuidadoras y responsables del bienestar familiar.

¿Y qué decir de los impuestos al consumo? En los países en desarrollo los ingresos recaudados a través del IVA suponen una parte sustancial del total de la recaudación fiscal, alrededor de un cuarto de la misma. Es un impuesto eficiente, relativamente fácil de administrar y que genera ingresos significativos a las arcas del Estado. Pero se aplica por igual a todos, independientemente de sus ingresos, y es por lo tanto un impuesto claramente regresivo: los pobres gastan una mayor proporción de sus ingresos en el consumo, y por lo tanto su carga es injustamente más alta.

Además, este tipo de impuestos afectan a mujeres y hombres de manera diferente. Las mujeres tienden a gastar un mayor porcentaje de sus ingresos en la compra de artículos de primera necesidad como alimentos, ropa, artículos escolares y medicinas. Mientras en España modificar estos tipos reducidos para artículos de primera necesidad fue cuanto menos controvertido, muchos países en desarrollo ni siquiera contemplan la posibilidad de un menor gravamen bienes de primera necesidad. Sin embargo, en lugares como India y Kenia la presión de la sociedad civil ha contribuido a que se apliquen distintos umbrales y ciertas exenciones en el IVA.

¿Podría servir de algo aumentar los impuestos a productos tradicionalmente más consumidos por hombres? Por una parte, es cierto que gravando más productos como tabaco y alcohol se obtendrían ingresos que podrían derivar en beneficios para los más pobres (en Filipinas, por ejemplo, la recaudación adicional derivada de un alza en los impuestos al tabaco se destinó a la inversión en servicios sanitarios para los más vulnerables). Pero debemos tener cuidado: también pueden implicar que al final las mujeres tengan menos capacidad adquisitiva, especialmente en hogares donde el dinero es administrado por hombres.

En definitiva, es evidente que, también en el Sur, el factor género que tradicionalmente ha sido olvidado a la hora de configurar sistemas fiscales, debe convertirse en un aspecto clave en la investigación, diseño y ejecución de políticas recaudatorias.

Ni las mujeres ni la sociedad en su conjunto pueden seguir esperando: la fiscalidad debe ser justa para todos y todas, ya.

Isabel Ortigosa es responsable de Incidencia y Comunicación de Inspiraction.