Por Flor de Torres Porras

Cuando María Dolores Calvo Navarro (Mariola) empezó a alzar la voz aún no había sido promulgada la Ley Integral contra la Violencia de Género. Ella, como médica forense, ejercía su  labor en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, y yo trabajaba como fiscal en la misma ciudad. En esos años encontramos un camino común que nos uniría de por vida.

No puedo describir fácilmente lo que veíamos cada día en nuestros respectivos trabajos. Llegó un momento en el que alzamos la voz, porque entendíamos imprescindible amplificar, multiplicar, extender la empatía hacia las víctimas de violencia de género (a la que por aquellos años todavía se llamaba violencia doméstica) y lograr un compromiso contra esa tragedia social que  empíricamente  contrastábamos cada día en el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía. Nos dimos cuenta de que solo lo lograríamos desde la especialización, evitando el cuestionamiento de las víctimas, definiendo correctamente la violencia que enfrentaban. Y ante todo y  sobre todo, con un enfoque profesional, cada una desde su especialidad, al que sumamos dos herramientas personales: empatía y compromiso contra la violencia.

Víctima atrapada. Imagen de Fundación Luz Casanova.

Recuerdo que con frecuencia en su trabajo había comentarios que anteponían el hecho de ser mujer a su calidad de profesional de primera línea. Removía los cimientos de un sistema judicial hecho y pensado por hombres, que se resistían a aceptar los cambios. Profesional de las ciencias forenses de primera línea, cercana, empática y única. Irrepetible. Ambas desarrollamos nuestro trabajo contra viento y marea ante una Justicia masculinizada  en la que había que cambiar la invisibilización de los delitos contra los derechos de la mujer, que se cometen por el hecho de serlo y en el ámbito de la pareja.

A ella como forense y a mí como fiscal nos visitaban a diario  mujeres víctimas de violencia de género escondidas en delitos de ‘violencia familiar’. Mujeres sin rostro frente a la violencia de género que sabíamos que sufrían.  Apenas podían hablarnos. Sus frases eran entrecortadas, asomaba frecuentemente el llanto, les costaba  fijar sus ojos en los nuestros pues tenían la mirada perdida. Su discurso ni siquiera pretendía en muchas ocasiones inculpar  a su pareja, sólo buscaban ayuda y guía para el tortuoso camino de la huida del horror que acaban de emprender.

Eso, cuando eran ellas las que comenzaban a acercarse a la Fiscalía o al Instituto de Medicina Legal. Porque teníamos  muy presentes Mariola y yo a las que no venían a vernos. Víctimas escondidas como las ancianas, los hijos de la violencia de género, las incapaces, las personas discapacitadas… No podían ver un horizonte de esperanza. Nadie les guiaba hacia la justicia, y ellas no conocían  el camino. Estaban en manos de sus maltratadores y solo con ayuda de instituciones públicas, privadas, vecinas, amigos, compañeras, podrían ser conscientes de la necesidad de denuncia de su situación y de la posibilidad de recibir atención médica, apoyo y salidas.

Venían de  distintos orígenes, incluso de distintos países, tenían distintas historias, costumbres, estratos sociales, estudios, profesiones, domicilios. Pero cuando el miedo, la rabia y la impotencia les empujaban a buscarnos, lo hacían de la misma forma: en silencio y a escondidas. Unimos fuerzas y nos coordinamos médica y jurídicamente para darles la mejor atención posible.

Hablando con ellas, pensando en ellas, fuimos desarrollando protocolos internos para reconocer su situación y formular las denuncias. Mariola las reconocía como forense y yo como fiscal denunciaba de acuerdo con las leyes del momento. Tras los juicios, pensábamos en cómo podrían rehacer sus vidas y recomponer su autoestima.

Años después  por primera vez  en España se sintió la necesidad de caminar juntos por la igualdad. La Ley Integral las nombró como víctimas de violencia de género, y creó nuevas herramientas para darles atención y justicia. Se priorizó esta forma coordinada de actuar que habíamos iniciado en Málaga, que se extendió a toda Andalucía y luego a España. Ahora existen, creadas en el marco de la Ley Integral, las llamadas Unidades de Valoración Integral de Violencia de Genero (UVIVG). Son las que nos aportan la perspectiva de género tan necesaria en los procesos judiciales.  Dependen de los Institutos de Medicina Legal y de las pericias que les encomiendan  los Juzgados y Fiscalías de violencia de género. Son pruebas periciales que permiten sacar a la luz los delitos de violencia de género, que sin ellos seguirían invisibles: delitos contra la integridad moral, delitos de violencia de género habitual…

Gracias a las Unidades especializadas se dispone de herramientas que permiten documentar correctamente el testimonio de una víctima y sus hijos y permiten situarlas científica y pericialmente como víctimas de violencia de género. Aportan pruebas necesarias e imprescindibles los procesos. La participación de un forense y su equipo multidisciplinar, formado por psicólogos y trabajadores sociales, permite una  evaluación completa y adecuada de los casos, con la que soñábamos Mariola y yo en los primeros tiempos.

Qué lejos quedan los tiempos en que había que reclamar una y otra vez que María Dolores Calvo Navarro, además de ser mujer, actuaba en su trabajo como Licenciada en Medicina y Cirugía, como especialista, como funcionaria Médica Forense por oposición, como la primera Forense Coordinadora de Violencia de Género en España y hasta como Directora del Instituto de Medicina Legal de Granada. Una trayectoria que incluye un importante paso por Europa y numerosos reconocimientos y galardones y no puede ser cuestionada.

Nombrar a Mariola para mí es  hablar de una hermana de vida y de una mujer solidaria. Este año ha sido la primera finalista del premio Avanzadoras  2016 que cada año convocan 20 Minutos y Oxfam Intermón. Pero sobre todo y ante todo es nombrar a una mujer valiosa cuyo compromiso por la igualdad abracé desde que nos unimos y abrazaré siempre. Una Mujer de Mujeres.

Flor de Torres Porras es Fiscal Delegada de la Comunidad Autónoma de Andalucía de Violencia a la mujer y contra la Discriminación sexual. Fiscal Decana de Málaga.