Por Damaris Ruiz R.

Como respuesta a 30 años de lucha del movimiento de mujeres y feminista de Nicaragua, se aprobó la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779), la cual entró en vigencia en junio de 2012. Sabiendo que Nicaragua se caracteriza por tener muchas leyes que no se cumplen, ha sido valorado como un avance muy positivo. Esta ley penaliza el femicidio y contiene medidas preventivas y otras educativas para evitar que las mujeres de cualquier edad lleguen a ser víctimas de la violencia física, emocional o económica que pueda venir no solo del compañero o esposo, sino de cualquier otro familiar; ahora las mujeres sabemos que contamos con un instrumento que podemos utilizar para seguir luchando por el derecho a vivir libres de violencias.

Marcha en Managua contra la reforma de la Ley contra la violencia de género, marzo 2003. (c) Susana García

Lamentablemente, a pesar de la legitimidad de esta Ley, a partir del segundo trimestre del 2013, distintos grupos religiosos y de abogados presentaron recursos por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, además de hacer toda una campaña, planteando que la Ley niega el derecho de oportunidad a los hombres, que es una ley que divide a las familias, etc. La Corte se pronunció en agosto de 2013 afirmando que la Ley es constitucional,  pero envió una iniciativa de Anteproyecto de Modificación de la Ley para que se considere la mediación en los casos de delitos no recurrentes, cuando la persona no tenga antecedentes y cuando se consideren casos leves, referidos sobre todo a la violencia psicológica.

Como era de suponerse, la Asamblea Nacional decidió reformar la Ley  a finales de septiembre de 2013; el movimiento de mujeres y feminista se ha movilizado rechazando cualquier tipo de mediación, compartiendo casos concretos para demostrar los nefastos resultados que ha dejado la mediación en la vida de las mujeres que sufren violencias.

El movimiento feminista y de mujeres salió a la calle contra la reforma de la Ley 779. (c) Susana García

Al final esto reafirma que estamos frente a un Estado y una sociedad altamente conservadora y moralista, donde los fundamentalismos religiosos están en aumento con una clara manifestación en la aprobación e implementación de políticas públicas; esto a su vez, constituye uno de los mayores desafíos para las organizaciones de sociedad civil que promueven los derechos humanos, especialmente de aquellas que defienden los derechos de las mujeres. Y donde se sigue con unas ideas y creencias que colocan a las mujeres como seres inferiores y sin derechos, y donde a la violencia psicológica se le da una importancia menor y lo que realmente vale son los golpes físicos y la muerte. Esta reforma a la Ley 779 se suma a las relaciones tensas que existen entre el Gobierno y diversas organizaciones feministas desde el 2006 a raíz de la penalización del aborto terapéutico, en plena campaña electoral del actual Presidente.

Hay mucho que decir sobre este tema, pero no quiero extenderme tanto, así que para cerrar, sólo quiero compartirles que por experiencia propia afirmo con toda certeza que una mujer que sufre violencias no está en posibilidades de mediar. Cuando una mujer decide poner una denuncia ha aguantado mucho, seguramente ha vivido muchos años de violencias de todo tipo; y cuando decide dar el paso sabe que corre el riesgo que el agresor arremeta contra ella y con más odio al regresar a casa. Todo ello sin olvidar la presión de los abogados para convencerla que medie o que retire la denuncia, sumado a lo que dice la familia y la religión sobre la importancia de mantener unido el hogar. De verdad que no es fácil salir de ese círculo de violencia y es decepcionante que tengamos Estados que sigan tan lejos de miles y miles de mujeres que a diario sufren violencias. Sin duda, el movimiento de mujeres y feminista seguirá luchando para que el derecho a vivir libres de violencias sea una realidad, aun cuando sean muchos los obstáculos con los que tienen que lidiar a diario.

Damaris Ruiz R. trabaja en Oxfam y coordina el programa de Derechos de las Mujeres en Nicaragua.