Por Elena Saura 
En días pasados el Gobierno, bajo el paraguas de una reforma para la racionalización del sector público, decretó una serie de cambios que afectan a la igualdad entre mujeres y hombres. El cambio más notorio es la modificación, no solo del nombre sino de las competencias, del Instituto de la Mujer que pasa a ser Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades e incorpora las políticas contra la ‘discriminación de las personas por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social’.
Bajo el paraguas de la igualdad. Ilustración de Ana Sara Lafuente.
Al eliminarse la Dirección general de Igualdad de Oportunidades, sus competencias se incorporan al Instituto de la Mujer compartiendo estructura, es decir equipos, y presupuesto. Los presupuestos 2015 están en discusión en estos momentos, pero pretenden mantener los mínimos del año pasado con una ligerísima subida para evitar el desplome de casi el 10% en cuatro años de recortes. Son exiguos pues suponen aproximadamente un 0.1% de los presupuestos generales que si ahora tienen que destinarse además de para la igualdad entre mujeres y hombres, para evitar todo tipo de discriminaciones ¿será suficiente? Los presupuestos confirman la verdadera voluntad política en abordar el tema. Veremos que sucede.
No obstante, algunas alarmas se nos vienen a la cabeza. La primera y la más acuciante, la ya mencionada del presupuesto.
Segunda, la alerta de los recursos humanos. Lo mismo da la formación en igualdad de género que para evitar la discriminación por origen étnico, religión, edad, discapacidad y demás mencionadas entre las nuevas competencias del Instituto. ¿No existía un amplio consenso que confirma que la especialización es necesaria si se quieren realmente afinar las propuestas políticas?
Tercero, se va a diluir –si no desaparecer- la transversalización de la igualdad de género en todas las acciones, propuestas y políticas generales del Estado. Para que la igualdad empape todo, tiene que haber oportunidades para ejercer influencia en la formulación de todas las políticas gubernamentales ¿con un equipo más reducido y un presupuesto menor es viable? Si ya brillaba por su ausencia el horizonte no es muy halagüeño.
Cuarto, el rango del mecanismo nacional de igualdad ¿queda en entredicho? Desde hace dos décadas que se insiste que para lograr un funcionamiento eficaz de los mecanismos nacionales es preciso que se los considere en las instancias más altas de gobierno que sea posible, y que estén bajo la responsabilidad de un ministro del gabinete ¿es así? La igualdad tenía un ministerio propio, ahora se integra en el de sanidad, políticas sociales e igualdad pero el rango de Instituto no es el mismo. El dilema está servido.
Quinto, estos procesos institucionales ¿agilizan la planificación descentralizada, la aplicación y la vigilancia con miras a lograr la participación de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias, empezando por las de base?
Sexto, la crisis ha evidenciado que se necesitan políticas específicas. La sobrecarga de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado en manos de las mujeres es alarmante pero esto no parece preocupar a la clase política. No obstante, también ¿son ciegos ante la cantidad de mujeres asesinadas este año? ¿Y la violencia sexual? ¿No les importa el incremento del desempleo femenino o la ampliación de la brecha salarial?
Con una decisión como ésta el Gobierno nos hace retroceder y mucho. Es otro ataque a la igualdad y la libertad de mujeres y hombres. Lo peor, que los resultados perjudicarán a toda la sociedad. Si no lo ven, la crisis continúa y que no vendan en el exterior que España va bien.
Elena Saura es economista, especialista en género y desarrollo y miembro del colectivo Tejedoras.
