Por Flor de Torres 

Ésta es la auténtica dimensión del problema, según el informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 13 millones de  mujeres de la Unión Europea han experimentado violencia física y 3,7 han sido víctimas de violencia sexual por parte de sus parejas o ex parejas en los 12 meses previos al estudio que se ha  realizado  sobre una muestra de 42.000 mujeres pertenecientes a los 28 estados de la UE. Es decir, un 22% de mujeres sufren violencia física y sexual desde los 15 años de edad. Casi una de cada cuatro es, o ha sido, agredida por razón de género.

Se echa en falta una categoría más que es la violencia psicológica, que no ha sido objeto de encuesta, lo que en todo caso produciría un efecto sumatorio a estas impresionantes cifras. Y no nos casan los datos judiciales con los datos de esta encuesta, aunque sabíamos que los datos judiciales eran solo la punta de un iceberg. El problema  sigue estando escondido bajo una dimensión inabarcable.  Tiene tal magnitud que en cifras oficiales sigue oculto mayoritariamente. Por ello es imprescindible abordar su detección.

Maltrato. Ilustración original de Ana Sara Lafuente.

Los datos siguen hablándonos: Una de cada 20 mujeres  ha sido violada desde los 15 años, lo que supone un 5% y  un 12% antes de  esa temprana edad. El 18% ha sido acosada y el 30% ha sufrido agresión sexual. Ello estigmatiza  a más de la mitad de las mujeres europeas, que tienen que tomar medidas para evitar futuras agresiones y acosos. Un 53% se ve obligada a tomar medidas drásticas para proteger su integridad física y psíquica.

El problema es demasiado común, demasiado profundo, mucho más grave que las estadísticas judiciales. Nos queda un camino enorme por recorrer aún.  Es necesaria, imprescindible, la detección del problema para organizar la protección. Desgraciadamente en España la mayoría de las víctimas de maltrato durante los dos últimos años no había denunciado ni obtenido medidas de protección. Pasaron inadvertidas por los órganos judiciales y por los mecanismos legales de detección. En el año 2013, de las 54 víctimas mortales, habían denunciado sólo 11 y en las primeras semanas de este año 2014, de las 12 mujeres que han sido asesinadas sólo 5 habían denunciado previamente. Es decir, solo se ha detectado judicialmente un 24%. Un 76% no tuvieron acceso a los controles de prevención que podrían haber salvado sus vidas.

El peor de los problemas es que el  delito puede estar cometiéndose contra tus hijas, tu madre, tu amiga o tu vecina y pasar inadvertido. Nos queda la prevención y la educación. Estas sí que  son las apuestas seguras. Por ejemplo, la posibilidad de detectar en el control médico y en la atención primaria de salud a las mujeres víctimas, ya que la mayoría pasan por sus consultas. Por ello se han impulsado protocolos de sensibilización y de actuación en la medicina familiar y de urgencias.

Nos queda la educación, con los controles protocolarios que permiten detectar la violencia hacia nuestros menores a través de los centros educativos. Tenemos policías especializados en violencia de género y Centros de Igualdad donde acuden  las víctimas para asesorarse. Están los vecinos, que escuchan a nuestras víctimas y no deben ni pueden quedar impasibles. Existen muchas asociaciones de mujeres que las acogen. Todos y todas deben dirigirlas a la protección judicial de forma inmediata.  Ya está toda la sociedad preparada para que ningún maltratador pueda escudarse en el silencio y en la impunidad de su dormitorio.

Pues es la propia sociedad  la que ha de ser consciente que  el único camino de protección pasa por la denuncia. Allí esperamos a tantas mujeres que acuden a diario como último, como único, recurso de supervivencia.

Es un problema de Estado. Es una cuestión de Estado. Es  demasiado común. No colabores en ampliar estos datos con tu silencio y mucho menos cuestiononando la violencia de género. Es tu deber y tu obligación actuar ya.

Flor de Torres Porras es Fiscal Delegada de la Comunidad Autónoma de Andalucía de violencia contra la mujer y contra la discriminación por identidad sexual y de género.