Por Margarita Saldaña 
Muchas protagonistas de esta historia no han oído hablar del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) «sobre el trabajo decente, pero sufren en sus carnes el hecho de que, dos años después de ser propuesto (16 de junio de 2011), el Estado español no lo haya ratificado. Rosemary, Eugenia, Verónica o Guadalupe son como pequeños granos de arena en el inmenso desierto del empleo doméstico mundial, del que forman parte más de 53 millones de personas, sin contar niñas y niños. No se nos puede pasar por alto un dato significativo: el 83% de los trabajadores domésticos son mujeres.
El horario de la empleada doméstica. Animación del proyecto ‘Mujeres migrantes, mujeres con derechos’ de Marcosur y Oxfam
Si les pidiéramos a nuestras protagonistas que nos hicieran un resumen de sus condiciones de vida, podrían narrarnos algo así: «En la actualidad, las trabajadoras domésticas con frecuencia reciben salarios muy bajos, tienen jornadas de trabajo muy largas, no tienen garantizado un día de descanso semanal y, algunas veces, están expuestas a abusos físicos, mentales y sexuales, o a restricciones de la libertad de movimiento. La explotación de las trabajadoras domésticas puede ser, en parte, atribuida a los déficits en la legislación nacional del trabajo y del empleo, y con frecuencia refleja discriminación en relación al sexo, raza, casta». A decir verdad, esta descripción tan precisa, aunque bien podrían haberla hecho ellas mismas, procede de la OIT.
Una cosa, claro, es leer formulaciones impecables en artículos impresos o virtuales, otra cosa es escuchar los relatos que hacen las propias protagonistas, y algo absolutamente distinto debe de ser vivir un día tras otro, un año tras otro, la cruda verdad que las estadísticas reflejan con frialdad. Al adentrarnos en la realidad española, salta a la vista que gran parte de las trabajadoras domésticas se ven obligadas a soportar una dificultad añadida a la precariedad ya señalada: el factor de la inmigración. Es precisamente en este cruce de variables donde las historias concretas de las mujeres que conocemos y acompañamos desde Pueblos Unidos apuntan con el dedo a situaciones estructurales de flagrante injusticia y vulneración constante de derechos humanos, hábilmente invisibilizadas tras los muros de los domicilios particulares y bajo el amparo legal.
Rosemary, boliviana, lleva 8 años trabajando en España y, sin embargo, continúa en situación irregular. El lector suspicaz podría sospechar que “algo habrá hecho”… pero no, esta mujer no tiene antecedentes penales. Surgen muchas preguntas. Por ejemplo: ¿por qué Rosemary “no tiene papeles” si de hecho trabajó tanto tiempo? ¿quiénes se beneficiaron de tenerla trabajando ‘en negro’ sin cotizar a la Seguridad Social?, ¿y cuál es la responsabilidad del Estado cuando permite que estas situaciones se hayan producido hasta la saciedad en los últimos años?
Hoy domingo 16 de junio se cumple el segundo aniversario del Convenio 189 de la OIT, que trata de garantizar la protección de los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores domésticos. El Gobierno de España ha propuesto la no ratificación, alegando incompatibilidades de la ley española con los artículos 2, 7, 13 y 14 del Convenio. Mientras tanto, ajenas a convenciones europeas y debates parlamentarios, millones de mujeres continúan sufriendo condiciones laborales injustas de las que otros sacan buen partido. Esta es una ‘indecencia’ de la que en los próximos días seguiremos hablando.
Margarita Saldaña trabaja en el Centro Pueblos Unidos, de Madrid.
Más de la mitad dedicará durante los próximos días un espacio destacado a conocer las situaciones de las personas que dependen del trabajo doméstico para vivir.