Por Carmen Miquel Acosta
Este artículo comienza con una afirmación obvia: España forma parte de la comunidad internacional y como tal tiene compromisos con los derechos humanos que nos incluyen también a las mujeres. Desafortunadamente, en relación con la igualdad de género esta realidad se traduce en muchas ocasiones en papel mojado. Así se ha podido comprobar en la reciente reunión del Comité de la ONU que se encarga de vigilar la situación de discriminación de las mujeres en el mundo, celebrada en los últimos días en Ginebra.
Manifestación feminista. Imagen: Alianza por la Solidaridad.
En este encuentro, España ha sido sometida a examen sobre su grado de cumplimiento de los derechos de las mujeres, recogidos en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (conocida como la “CEDAW”, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en nuestro país en 1984. Y ¿qué ha pasado con este examen? Pues que seguramente nos darán un merecido suspenso. En Ginebra hemos tenido la evidencia de que algo no va bien con quienes nos representan: en sus contestaciones al Comité demostraron una patente falta de preparación y un discurso voluntarista pero nada riguroso; es más, realizaron afirmaciones que no están respaldadas por datos o que entran en serias contradicciones con los recabados por la sociedad civil en sus Informes. Como colofón, dejaron claro al Comité que sus recomendaciones no son vinculantes para este Gobierno.
Esta postura da al traste con el trabajo desarrollado anteriormente, pues en los últimos años, España se había venido posicionando como un actor referente en su trabajo por los derechos de las mujeres. Además, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, en su candidatura asumió que la igualdad de género era uno de sus puntos fuertes. Sin embargo, lo ocurrido estos días demuestra que ya no somos ese pretendido referente dentro y fuera de nuestras fronteras, sino que vamos camino de todo lo contrario.
Esta pérdida de protagonismo se ejemplifica claramente en la condena de la CEDAW a España, hace un año, debido al grave caso de Ángela González Carreño, la madre cuya hija fue asesinada por el padre y exmarido maltratador durante las visitas que ella trató sin éxito de que fueran supervisadas judicialmente. La falta de respuesta por parte de las autoridades tuvo un resultado terrible para Ángela y su hija. A día de hoy, el Gobierno no ha cumplido, ni tiene visos de cumplir, con las indicaciones del Comité para resarcirla ni se han tomado medidas para que crímenes como éste no se repitan. Y entonces, ¿para qué firmar tratados internacionales de derechos humanos? ¿para qué viajar hasta Ginebra si lo que allí de dice “no es vinculante”?
Las mujeres en España no hemos salido mejor paradas en el reciente informe realizado por un grupo de trabajo de la ONU sobre la discriminación de género, tras la visita que realizó en diciembre pasado a nuestro país. Este documento (por ahora sólo disponible en inglés) hace un repaso del retroceso en derechos de las mujeres que hemos experimentado en este país sobre todo a raíz de la puesta en marcha de los recortes en el 2008. Entre otros asuntos, menciona el desmantelamiento de las políticas de igualdad, niveles intolerables de violencia de género y las restricciones al acceso al aborto de las menores de 18 años.
Por si fuera poco, en la revisión de Beijing +20 que tuvo lugar en marzo pasado, España excluyó a la sociedad civil de la negociación de los acuerdos. Beijing fue la Conferencia de la ONU sobre la mujer que tuvo lugar en 1995, histórica por los compromisos adquiridos por los Estados en relación a la situación de la mujer en áreas como pobreza, educación, salud, violencia, economía, participación política, derechos humanos y medios de comunicación. Si bien tampoco es vinculante, fue adoptada como una agenda para la acción a nivel internacional.
Si es muy cansino ese discurso de que “todo va bien”, que no hay alternativa a la crisis, incluso que vivimos la supuesta “recuperación económica”, también lo es esa postura paternalista porque los derechos humanos son innegociables y su reconocimiento no debería depender de la voluntad de los Estados. España no puede pretender llevarse una palmadita en el hombro si incumple los derechos de las mujeres; es un asunto que no es indiferente a la ciudadanía responsable en una sociedad democrática, consciente de que un mundo sin igualdad es un mundo injusto. Todas las personas tenemos debemos reclamar que nuestros Gobiernos cumplan con los derechos humanos. No más papeles mojados.
Carmen Miquel Acosta es técnica del Programa de Derechos de las Mujeres de Alianza por la Solidaridad