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Entradas etiquetadas como ‘Amnistía Internacional’

Sin casa pero con demasiados techos

Por Ana Gómez Pérez-Nievas

O por qué las mujeres enfrentan más obstáculos, también, a la hora de ver satisfecho su derecho a la vivienda en España

Sofía quita un móvil de las manos a su hijo de un año, que va cogiendo con rapidez todo lo que se le pone al alcance, mientras mira de reojo a su madre, también agotada y enfadada. “Llevo tanto tiempo peleando que hay momentos en los que te cansas, pero creo que es importante seguir luchando”, asegura con una mezcla de dulzura y fiereza.

Sofía se ha entrevistado con Amnistía Internacional para el informe “La crisis de vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas de alquiler sobre las mujeres en España”, porque sufrió las peores consecuencias de la falta de protección a este derecho que existen en España, y acumuló tres sinónimos de desamparo: mujer, sola y pobre.

Parece dispuesta a todo para denunciar cómo, siendo madre en ese momento de dos hijos y afrontando ella sola todos los gastos, su vivienda social fue vendida a lo que comúnmente se conoce como “fondos buitre” en Madrid, y cómo vio que las condiciones de su alquiler supuestamente social fueron cambiando hasta que llegó un momento en el que no pudo afrontarlas. Parece dispuesta a contar cómo finalmente fue desahuciada, y ahora vive en una casa que no reúne las condiciones adecuadas para ella y sus hijos. Dispuesta, hasta que la desigualdad y la discriminación se imponen de nuevo en su vida: mediante el miedo a que su ex marido maltratador pueda llevar a cabo represalias contra ella si sale en las noticias.

Ahora Sofía no ha dejado de luchar, pero tiene que hacerlo a escondidas. Y es que, como ella, muchas mujeres se enfrentan a un número mayor de obstáculos para el acceso a la vivienda en España por el hecho de ser mujer. Por un lado, porque son quienes “acaparan” la tasa más alta de paro, un 20,3% frente a un 17,2% en el caso de los hombres. Por otro, porque son quienes encabezan el 83% de los hogares monoparentales, sufriendo como consecuencia un mayor riesgo de exposición a la pobreza: un 37,5% de estos hogares la sufre, frente a la media española del 22,1%. Y de esta manera se perpetúa, por desgracia, el círculo vicioso que implica tener a personas al cuidado, que supone una mayor tendencia a tener que asumir empleos precarios y parciales, ya que las mujeres acaparan el 72,1% de los puestos a media jornada. Pero es que además, tampoco aunque sean víctimas de violencia de género tienen asegurada, en muchas ocasiones, una prioridad a la hora de acceder a la vivienda social.

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Una cárcel sin casilla de salida

Por Ana Gómez Pérez-Nievas

Tiene lágrimas secas pegadas en la cara y otras que sigue derramando, tratando de limpiar con un pañuelo empapado. A veces mira al infinito, otras toquetea intranquila un móvil que lleva unos cascos enganchados. ‘Me lo han dejado para escuchar música, a ver si me calmo‘, indica. Está nerviosa, eso es seguro. ‘He adelgazado, yo antes era gorda‘, declara. Y es verdad que su cuerpo, ahora menudo, parece haber albergado algo más grande.

Ellas no pasan por la valla, no cruzan la frontera por puestos habilitados, ni en ferry. Llegan en pequeñas embarcaciones o escondidas en vehículos que atraviesan la frontera. Son las víctimas de redes de trata, y no son las únicas mujeres que sufren las peores consecuencias de la migración y el asilo.

Mariam, de 27 años y nacionalidad argelina. Imagen de Amnistía Internacional.

Mariam, de 27 años y nacionalidad argelina. Imagen de Amnistía Internacional.

Del total de personas que solicitaron protección internacional en España en 2015, solo un 2,5% eran mujeres procedentes de África Subsahariana, cuando la mayoría de las organizaciones coinciden en señalar esta región como una de las principales rutas del tráfico de personas. Lo cierto es que apenas se están concediendo solicitudes de asilo a posibles víctimas de trata, y éstas no están siendo adecuadamente identificadas.

Así lo hemos visto en una nueva visita a Ceuta y Melilla de Amnistía Internacional para conocer la situación de las personas más vulnerables en los CETI (Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes). El propio director del CETI de Ceuta se lamentaba así: ‘El 99% de las mujeres procedentes de África Subsahariana que llega aquí son víctimas de trata’.

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Cinco preguntas pertinentes (o no) sobre trabajo sexual y derechos humanos

Por Ana Martínez

Gate i Oslo. Skummelt, mørkt, skremmende, stemning, natt, opplyst gatemiljø, gatelys, nattestid, ensomt, dystert, høstmørket, gatebelysning, gult gatelys, illustrasjon. Foto: © Luca Kleve-Ruud / Dagsavisen / Samfoto

Calle de Oslo por la noche. Foto: © Luca Kleve-Ruud / Dagsavisen / Samfoto

Oslo, Noruega, 11 de la noche. Las calles están vacías, a excepción de dos mujeres de origen africano que conversan bajo la luz de una farola. Varios policías vestidos de paisano se acercan y las interpelan de malas maneras: “¿Tenéis condones? ¿Dónde está vuestra documentación? No os queremos ver más por aquí”.

Acoso policial como en este caso, violencia, extorsión, hostigamiento o discriminación. Las personas que se dedican al trabajo sexual están especialmente expuestas a estas y a otras muchas vulneraciones de derechos humanos en todo el mundo. En su mayoría se trata de mujeres que, además, se enfrentan a múltiples formas de discriminación y desigualdades de género.

Amnistía Internacional ha publicado cuatro informes sobre trabajo sexual en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea que evidencian los abusos y violaciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras y trabajadores sexuales en estos países, la solución pasa por exigir a los Estados normas que protejan, respeten y hagan efectivos sus derechos humanos a la vez que abordan la trata, la explotación y la discriminación de género. Entre las medidas que Amnistía Internacional solicita a los gobiernos está la despenalización del trabajo sexual entre personas adultas cuando hay consentimiento.

Mona ejerce como trabajadora sexual y vive en las calles de Port Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea, con sus tres hijos. A menudo, sufren agresiones verbales. “Dormimos y nos bañamos en los desagües. En ocasiones, algún cliente nos paga una habitación. Si pedimos agua a los vecinos, nos persiguen y nos insultan. Me da mucha vergüenza, pero no hay esperanza para nosotros”, explica. Las trabajadoras sexuales y sus familias están particularmente expuestas a la violencia y a otros abusos de derechos humanos. La esperanza de la que habla Mona está precisamente en leyes que garanticen que todas las personas tengan acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, a la educación y a oportunidades de empleo, además de que gocen de una protección y seguridad mayores. La despenalización supone eliminar las leyes y políticas que criminalizan o sancionan el trabajo sexual y reforzar aquellas que penalizan la explotación, la trata de personas o la violencia contra quienes se dedican a ello.

A Laura, una trabajadora sexual de las calles bonaerenses, la asaltaron una noche a punta de navaja. Nunca lo denunció a la policía. “No me van a escuchar porque trabajo en esto”, asegura. Cuando el trabajo sexual está penalizado, las trabajadoras y trabajadores sexuales están también privados de medidas de protección que podrían servir para aumentar la vigilancia e identificar y prevenir abusos de derechos humanos tan atroces como por ejemplo la trata. A menudo, las víctimas son reacias a denunciar si temen que la policía tome medidas contra ellas por vender servicios sexuales.

Es el caso del modelo nórdico, que prohíbe la compra de servicios sexuales, criminaliza la organización del trabajo sexual y penaliza a las personas que ejercen este trabajo y que se organizan con el objetivo de sentirse más seguras. Amnistía Internacional destaca que estas personas tienen dificultades hasta para encontrar algo tan básico como el alojamiento, ya que sus arrendadores pueden ser procesados por alquilarles un hogar. “Algunos clientes te agreden en sus apartamentos. Pueden hacerlo porque saben que estás demasiado asustada como para ir a la policía. No nos queda otra opción que obedecer sus reglas porque estamos en su casa y no podemos llevarlos a la nuestra”, explica Tina, una mujer nigeriana que trabaja en las calles de Oslo.

La doble discriminación y el estigma que sufren algunos colectivos, como el LGBTI, es otra de las principales preocupaciones en torno a la vulneración de derechos humanos en el trabajo sexual. Virginia, una mujer trans que ejerció como trabajadora sexual en Buenos Aires durante años, explica las dificultades a las que tenía que hacer frente para acceder a los servicios médicos: “Cuando estaba enferma, iba al hospital, pero la gente siempre nos maltrataba. Nos decían que fuéramos a otra clínica porque allí no podían tratarnos…”. Ante este tipo de abusos, es necesario combatir la discriminación y los estereotipos de género perjudiciales, empoderar a las mujeres y al resto de grupos marginados y garantizar que ninguna persona carece de alternativas viables para ganarse la vida.

En definitiva, ¿qué deben hacer los gobiernos para proteger los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales? Amnistía Internacional demanda un marco jurídico que proteja a estas personas frente a la violencia, explotación y la coerción; que impulse su participación en la elaboración de las leyes y políticas que afectan a su vida y su seguridad; y que garantice el acceso a la salud, la educación y les ofrezca oportunidades de empleo.

Ana Martínez es periodista en Amnistía Internacional España.

Hasta nunca: un relato sobre el iceberg de la violencia

Por Charo MárCharo Mármolmol 

Esta carta va a ser la última que te escriba, y en ella te voy a decir adiós para siempre.

Me has hecho muchísimo daño y no lo veía. Pensaba que era normal… No es normal que me pegues por cualquier cosa que no te gusta. No es normal que si yo no quiero hacer el amor contigo, tú me obligues. No es normal, que si yo estoy vestida de una manera, tú te celes y me tenga que cambiar de ropa…´’

Así comienza la carta de despedida de Julia (nombre ficticio), una de las mujeres que han pasado por el  Centro de Emergencia de la Fundación Luz Casanova. Hace unos años Amnistía Internacional publicó el Iceberg de la Violencia de Género: Arriba, a la vista, el asesinato, la agresión física, la violación, el abuso sexual, los gritos, las amenazas el insulto… Abajo, invisible a los ojos de los demás: las humillaciones, el desprecio, el chantaje emocional, la culpa…

El iceberg de la violencia de género. Infografía de Amnistía Internacional.

El iceberg de la violencia de género. Infografía de Amnistía Internacional.

Todos estos actos, sentimientos… hacen que las mujeres víctimas se sientan culpables, que pierdan su autoestima, que sigan con su agresor, que lo intenten de nuevo:

La verdad: yo te he dado todo, y yo de ti dime ¿qué he tenido? No he tenido nada, solo desprecio. No has sabido valorarme. Hasta aquí he llegado. Ya no aguanto más. Basta ya de tanto pensar en ti y vivir solo para ti. Dios me ha dado a mis hijos, que son la luna y el sol, que me iluminan y me dan calor y son la fuerza de mi corazón. Tú estabas en él, y poco a poco te has ido. Te has ido cuando me pegabas, me chillabas y abusabas de mi. Te has ido cuando no te importó que tuviera a mi hija en brazos y me atacaste con una silla. No tienes sentimientos”.

Cuando las mujeres llegan al Centro de Emergencia acaban de romper con su maltratador, han tenido que abandonar su hogar y sus relaciones familiares, Están en un proceso de ruptura difícil pues aunque ha habido violencia, la dependencia emocional existe y ellas se mueven mucho en torno al sentimiento de pena. Pero la mayoría de ellas, con el apoyo que reciben, ponen nombre a lo que han vivido y recomponen sus vidas

Julia termina su carta así:

“Ahora voy a empezar a luchar por mis hijos y por mí. Tú ya no estás en mi vida. Hasta aquí he llegado. Se acabaron todas tus mentiras, tus palabras que están vacías, que sí, son muy bonitas, pero no hay nada hecho. El único “te quiero” o “te amo” ahora es el de mis hijos, y es puro y sincero, no como el tuyo, que es dañino. Nunca más quiero estar contigo. Quiero ser feliz con mis hijos, que es lo más grande que tengo, y lo voy a lograr. Te voy  a sacar de mi ser, y mis hijos y toda la gente que me quieren, me van a ayudar. Tú no vales nada. Yo valgo más que tú. Tú no tienes sentimientos ni escrúpulos. Eres un animal. Adiós. Hasta nunca”

Charo Mármol es comunicadora, feminista, militante de causas perdidas y autora del blog La mecedora violeta.

Una complicación obstétrica

Por Josefina Salomon Josefina Salomon

El doctor Lemus* tiene miedo de ir al trabajo. Cada vez que se enfrenta a una paciente que ha sufrido una complicación obstétrica, sus jefes esperan que levante el teléfono y llame a la policía. Esperan que, ante la mínima sospecha, denuncie a sus pacientes por haberse inducido abortos, lo que está prohibido en el país, en cualquier circunstancia. Si no lo hace, él mismo puede terminar tras las rejas. Aquí cuenta cómo es ser médico en El Salvador, donde la línea entre ser doctor y policía es cada vez más fina.

Cecilia Vázquez, en la prisión de San Salvador. Imagen: Amnistía Internacional.

Cecilia Vázquez, en la prisión de San Salvador. Imagen: Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional lanza hoy el informe Familias separadas, abrazos rotos, que explora el impacto de la absurda ley anti-aborto de El Salvador en las familias de las mujeres que están actualmente en prisión, acusadas de haber tenido abortos ilegales.

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Madres a ritmo de ayatolás

 Por Carmen López Carmen López AI

150 ó 200 millones es la cifra de población que deben alcanzar los iraníes. Una cifra que fue buena para Jomeini, una cifra correcta para Sayed Alí Jamenei, el actual líder supremo de Irán. En 2012 cuando hizo pública su intención de crecimiento de población, Irán contaba con 78’5 millones de habitantes. Desde entonces la maquinaria se ha puesto en marcha para mermar los derechos de las mujeres y las niñas.

Manifestación en Teherán por los derechos de las mujeres. 8 de marzo de 2006. © Arash Ashoorinia, www.kosoof.com

Manifestación en Teherán por los derechos de las mujeres. 8 de marzo de 2006. © Arash Ashoorinia, www.kosoof.com

El Parlamento debe decidir si aprueba o no el Proyecto de Ley para incrementar los índices de Fertilidad y Prevenir el Descenso de la Natalidad (Proyecto de Ley 446) y el Proyecto de Ley 315. De aprobarse, se dificultaría el acceso a anticonceptivos, se declararía ilegal la esterilización voluntaria, se restringiría más el acceso al aborto seguro, y se desmantelaría el programa estatal de planificación familiar. Un programa, a día de hoy, vacío de presupuesto. Los líderes religiosos quieren que Irán se convierta en una potencia regional dominante.

La idea de población como fuerza militar y de seguridad nacional no es nueva. Justo después de la revolución en 1979, en pleno conflicto con Irak y con necesidad de soldados, se pusieron en marcha políticas de fomento de la natalidad. En sólo 10 años, la población creció en 14 millones de personas. Pero a finales de la década de los 80, con una economía devastada por la guerra y sin capacidad para cubrir las necesidades de la población, se pusieron en marcha políticas para el control de la natalidad. Se pasó de 7 nacimientos por mujer en 1980 a 1,85 en 2014.

Con los nuevos Proyectos de Ley, la mujer sólo puede ser madre y esposa. Para ello se potenciarán los matrimonios tempranos, las mujeres sólo trabajarán como maestras o cuidadoras, habrá exenciones fiscales para las familias, se apostará por la jubilación anticipada de las mujeres, y se las formará en la gestión de la casa y la familia.

Con leyes como éstas, ¿cuáles habrían sido las posibilidades de mujeres como Shirin Ebadi, abogada y Nobel de la Paz, Maryan Mirzakhari, la primera mujer en recibir el Fields Medal, considerado el Nobel de matemáticas, Pardis Sabeti, la investigadora que ha cercado al Ébola, o Masih Alinejad, periodista y defensora de los derechos de las mujeres que acaba de recibir el Premio de Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres?

Pero son muchas las leyes que ahondan en la discriminación de las mujeres. Irán es uno de los países con menos participación femenina en el trabajo, según datos del Foro Económico Mundial, ocupa el puesto 139 de un total de 142. Y no dejan de salir leyes que prohíben a las mujeres trabajar de cara al público en oficinas, en hostelería, e incluso cantar. También son muchas las que por ley se han quedado fuera de la universidad. Se les ha cerrado las puertas de carreras como minería, agricultura, ingeniería, contabilidad, química, inglés, literatura, ciencias políticas, administración de empresas o administración pública. Pero se les han abierto las de estudios femeninos, gestión familiar o valores tradicionales.

No olvidamos otras leyes que las dejan indefensas frente al divorcio o los malos tratos, que les penaliza por no vestir como marcan los líderes supremos, o que les prohíbe ver un espectáculo deportivo.

Amnistía Internacional alerta sobre esta situación en el informe Procrearás y recuerda a las autoridades iraníes que deben respetarse y promoverse los derechos de las mujeres, y que no pueden refugiarse en la costumbre, la tradición o la religión para no hacerlo. No podemos permitirnos que mujeres como Maryam, Pardis, Shirin o Masih no existan. Ellas son la única receta frente a la irracionalidad.

Carmen López es periodista de Amnistía Internacional

Mujer tenías que ser: el informe 2015

ana gómez pérez-nievas Por Ana Gómez Pérez-Nievas 

 Violencia sexual, esclavitud, tortura, acoso… El cuerpo de las mujeres no sólo ha sufrido como consecuencia de los combates en los conflictos armados. También su mente: el miedo a las violaciones sigue alejándolas de las escuelas, y la marginación o el ostracismo al que pueden ser sometidas por culpa de esos abusos les impide salir del círculo de violencia. Yara Bader, periodista y activista siria encarcelada por su trabajo en el Centro Sirio de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión lo sabe bien, pero asegura, tajante, que esa no es la única realidad. Invitada para el lanzamiento del informe anual de Amnistía Internacional, recuerda que existen ejemplos de mujeres empoderadas y valientes, que van desde la conocida abogada, Razan Zaitouna, hasta Souad Nofal, la maestra de una pequeña escuela de Raqqa que se enfrentó al ISIS llevando un cartel con claras referencias contra el grupo armado y su extremismo. Analizamos cómo los derechos de las mujeres y las niñas siguen siendo los más vulnerados por el hecho de serlo.

Yara (23 años) es una refugiada de Siria y madre sola con cuatro hijos:  Mohieddine (7 años), Miriam (6), Mohammed (3) and Mutanama (2). Su marido fue arrestado en la frontera entre Siria y Líbano y ella pagó 2000 dólares para que lo liberaran © Ina Tin/Amnesty International

Yara (23 años) es una refugiada de Siria y madre sola con cuatro hijos: Mohieddine (7 años), Miriam (6), Mohammed (3) and Mutanama (2). Su marido fue arrestado en la frontera entre Siria y Líbano y ella pagó 2000 dólares para que lo liberaran © Ina Tin/Amnesty International

‘Odié hacer ese informe. Me sentí como cuando en la guerra de Kosovo se decía que los periodistas iban preguntando: ¿dónde hay una mujer violada que hable inglés, por favor?, ¡un testimonio!’. Así hablaba en un encuentro con periodistas Donatella Rovera, investigadora desde hace más de 20 años de Amnistía Internacional, experta en Oriente Medio y Próximo, conocedora de países y conflictos. Su preocupación, la de revictimizar a las personas a las que hace referencia en su informe, se dio de frente con el hecho de que tenía que contar lo que estaba pasando: las mujeres y las niñas, especialmente las de las minorías religiosas como la yazidí, eran las víctimas más vulnerables de los combatientes del Estado Islámico (EI) en Irak y Siria.

‘No paraban de traer posibles compradores. Afortunadamente, ninguno nos eligió porque no éramos bellas, y porque estábamos siempre llorando, y agarradas de la mano. Intentamos suicidarnos, y el hombre que nos vigilaba empezaba a hartarse de nosotras. Menos mal que conseguimos escapar porque sólo era cuestión de tiempo que acabáramos casadas por la fuerza o vendidas con algún hombre, como muchas otras chicas, porque querían deshacerse ya de nosotras’, relata una joven, capturada junto a su hermana.

Una niña acogida en el campo de refugiados de Khakhe que fue víctima de abuso por el Estado Islámico. © Amnesty International

Una niña acogida en el campo de refugiados de Khakhe que fue víctima de abuso por el Estado Islámico. © Amnesty International

Los terribles episodios que narran dan cuenta de la crueldad de la que el EI es capaz. Pero también de la valentía de unas cuantas mujeres y niñas, que tratan de escapar de la violencia sexual y los matrimonios forzosos, de las vejaciones, los insultos y las amenazas. Las que logran escapar, las que no se suicidan para evitar ser violadas o vendidas, también tienen que enfrentarse a la soledad, no sólo porque muchos de sus familiares han sido secuestrados o ejecutados por combatientes, sino por las consecuencias sociales que su cautiverio puede tener para su futuro. Muchas tienen que hacer frente al estigma y al temor de no poder casarse, incluso aquellas que no han sido violadas, por la creencia generalizada de que todas las secuestradas han sido víctimas de violencia sexual.

La escalada de conflictos ha tenido como consecuencia el creciente número de personas refugiadas y desplazadas en el mundo, especialmente en la región de Oriente Medio y el Norte de África. Miles de personas han tenido que huir de sus hogares. También las mujeres refugiadas o desplazadas se enfrentan a más obstáculos por su condición de género. La discriminación, el acoso y los abusos por ser mujeres se unen a su vulnerabilidad por su condición de refugiada, en muchas ocasiones estando solas al cargo de una familia. Es el caso de Yara, refugiada siria en Líbano, que descubrió por Youtube que su marido, detenido por las autoridades sirias, estaba muerto. Vive sola con sus cuatro hijos, uno de los cuales con una enfermedad que requiere constantes cuidados, en un país donde no se siente segura ni para ir a inscribir a su hijo a la escuela. ‘Todo es difícil siendo una mujer refugiada. Mucha gente me dice cosas malas y me acosa. Solía trabajar en una librería. Pero un día un taxista, en lugar de llevarme a donde le pedí, me llevó a otra calle, y empezó a acosarme y a decirme que fuera su compañera. Estaba a punto de tirarme del coche cuando llegamos a un checkpoint‘. Yara y sus hijos, apenas salen de casa, y tienen dificultades para pagar el alquiler. Como ella, casi 380.000 personas necesitan ser reasentados en países europeos debido a vulnerabilidades específicas, como necesidades médicas, su condición sexual o su identidad de género o su discapacidad. Excepto Alemania, los 27 países de la Unión Europea restantes sólo han ofrecido 9.114 plazas, lo que supone apenas el 0,24% de los refugiados sirios que se encuentran en los principales países de acogida: Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto.

La violencia sexual no sólo es ejercida contra las mujeres en el contexto de un conflicto. En países como Egipto, ONU Mujeres ha denunciado que el 99% de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso sexual. Una violencia que se ejerce tanto en el propio hogar como en los espacios públicos,  como se vio en las manifestaciones de la plaza Tahrir, donde muchas egipcias fueron atacadas y violadas por multitudes violentas en plenas calles llenas de gente. Y es que en todo el mundo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como el derecho a vivir sin ningún tipo de violencia ni coacción, se han visto reprimidos. También el derecho a tomar decisiones sobre cuándo tener hijos. En muchos países, las mujeres no tienen acceso a métodos anticonceptivos, y un total de 28 Estados prohiben el aborto en todas sus formas, incluso cuando la vida de la madre corre peligro o el embarazo ha sido producto de una violación.

A pesar de los retrocesos, las mujeres y las niñas también han visto algunos avances en este 2014 tan convulso. En enero de 2014, Marruecos eliminó de su legislación la laguna jurídica que permitía a los hombres que mantienen relaciones sexuales con niñas menores de 18 eludir el correspondiente castigo comprometiéndose a casarse con sus víctimas. En mayo, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptó una resolución para proteger los derechos de todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género reales o percibidas. En julio, se retiró del proyecto del Código Penal de Mozambique un artículo que habría permitido a los violadores eludir el enjuiciamiento casándose con sus víctimas. Chile dio un paso importante hacia la despenalización del aborto al anunciarse en junio reformas sobre la ley para algunos casos, y España retiró un anteproyecto de Ley que ponía tantos obstáculos en el acceso a servicios de aborto legales y seguro que arriesgaba las vidas de mujeres y niñas.

En este 2014 han pasado por la sede de Amnistía Internacional mujeres activistas que luchan por los derechos humanos. Mujeres como Fouzia Yassine, que asiste a víctimas de violencia de género en Marruecos, un país con una media de 100 violaciones al día. O como Farida Aarrass, que se ha erigido la portavoz y líder de la causa por su hermano, Ali, torturado por las autoridades marroquíes. O como Alejandra Burgos, salvadoreña que lucha por la despenalización del aborto en un país donde las mujeres que sufren abortos espontáneos pueden ser condenadas hasta a 50 años de cárcel por homicidio agravado. También nos ha visitado Aminetou Mint El Moctar, activista mauritana contra la esclavitud y la violencia a las mujeres, después de recibir una fatua por defender un juicio justo para un hombre acusado de apostasía en la que se decía, literalmente: ‘Quien la mate o le saque los ojos será recompensado por Alá‘. Y ahora Yara Bader, periodista encarcelada por su trabajo en el SCM. Son mujeres que han combatido y combaten una guerra sin armas pero muy arriesgada para lograr la igualdad en sus derechos.

Ana Gómez Pérez-Nievas es periodista de Amnistía Internacional España

Je suis Nigeria

Por María Solanas CardínMaría Solanas

Lo que no se cuenta, parece no existir, incluso cuando las dimensiones y la brutalidad de la masacre sobrepasan –con mucho- otros dramáticos atentados que han estremecido al mundo. En Nigeria, las acciones del grupo terrorista Boko Haram (que se puede traducir del hausa como “la educación occidental es pecado”) superan, desde 2009,  las 13.000 víctimas mortales. La violencia afecta, de manera particularmente cruel, a niñas y mujeres – que además de asesinadas y secuestradas, son obligadas a morir como bombas humanas por “pasar más desapercibidas y levantar menos sospechas” en los mercados y las plazas públicas-. Una violencia atroz y execrable que la pasada semana asesinó a 2.000 civiles en Baga. Pero, como tan acertadamente escribe Jesús Núñez,  Baga (Nigeria) no es Paris.

Manifestación.

Mujeres cristianas y musulmanas protestan contra el secuestro de niñas en Bauchi, Nigeria. Imagen de EFE / STR.

Gracias a Amnistía Internacional y otras organizaciones que trabajan en el terreno, la opinión pública ha conocido la masacre y el terror que están sucediendo en los estados del noreste de Nigeria. Sin embargo, lo que la magnitud y las consecuencias de la barbarie terrorista de Boko Haram exigen con urgencia es actuar. La condena internacional, la solidaridad con las víctimas, el foco informativo, o la movilización de la opinión pública -habiendo sido deseables y siendo aún necesarias- son ya absolutamente insuficientes. Con más de un millón y medio de desplazados huyendo del conflicto a otras zonas del país, y a los vecinos Camerún, Níger y Chad; más de 10.000 personas muertas en 2014 como consecuencia de la violencia; y  230 niñas secuestradas desde el pasado mes de abril, ha llegado el momento de pasar de la repulsa global y las campañas en redes sociales a la acción eficaz y la cooperación de la comunidad internacional para afrontar un problema que no es sólo de otros, y que ningún gobierno puede abordar en solitario. Que debemos asumir colectivamente porque amenaza la paz y la seguridad globales. También la nuestra. También somos Nigeria.

La marginación, la pobreza y la inestabilidad de los estados del noreste del país -a donde no llegan los beneficios del petróleo que han convertido a Nigeria en el primer productor del continente africano- requieren de un enfoque multidimensional que incluya no sólo medidas de seguridad, militares, de cooperación en materia de contra-terrorismo y de prevención de la radicalización, sino también y sobre todo, de un desarrollo inclusivo que ofrezca un horizonte vital a la población, en particular a los jóvenes de las zonas afectadas. El gobierno nigeriano debe abordar con mayor determinación un conflicto cuya magnitud y complejidad no hacen sino crecer. Las elecciones presidenciales del próximo mes de febrero deberían ser una oportunidad para asumir un compromiso firme en esa dirección. Hasta ahora las autoridades nigerianas han evitado por todos los medios que la violencia de Boko Haram “empañe” la campaña electoral. Tras la masacre y la destrucción de Baga, será difícil seguir ignorando el conflicto.

Con la ayuda de los países y organizaciones de la región, en particular de la CEDEAO y la Unión Africana es necesario poner en marcha una estrategia integral para lograr el fin de la violencia, y sentar las bases que prevengan la lacra terrorista. La próxima Cumbre de la Unión Africana, prevista para los días 23 a 31 de enero en la capital etíope Addis Abeba, y centrada, entre otros asuntos, en el 2015 como año del empoderamiento de las mujeres, no puede ser una ocasión perdida. La comunidad internacional, y en particular la Unión Europea, deben también contribuir a garantizar la paz y la seguridad en uno de nuestros vecinos del sur, cuya estabilidad es clave para el conjunto de la UE, y muy en especial para España. En su última reunión de diálogo político con la Unión Europea, Nigeria apeló a la cooperación permanente en materia de inteligencia, incluida aquella que afecta a las fuentes externas de financiación y al suministro de armas a Boko Haram. La Unión Europea no parece tener sentido de urgencia,  pero el margen para poder afrontar la amenaza con ciertas garantías de éxito es cada día más estrecho. No ignoremos, como hemos hecho hasta ahora, que también somos Nigeria.

María Solanas es Coordinadora de Proyectos en el Real Instituto Elcano. Privilegiada en los afectos, feliz madre de una hija feliz.

Aborto en El Salvador: sumisión, cárcel o muerte

Por Ana Gómez Pérez-Nievas autora ai

Mientras el pasado martes nos acostábamos tranquilas al escuchar que el anteproyecto de ley sobre aborto en España, esa iniciativa regresiva y discriminatoria, era retirado, hay países en América Latina que ni siquiera sueñan con algo así. De momento, tienen que enfrentarse a obstáculos mucho mayores. Es el caso de El Salvador, donde el  57% de las muertes de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años embarazadas es por suicidio, para no soportar la humillación, la cárcel o la discriminación.

Marlene fue acusada y condenada por aborto después de sufrir una pérdida natural de su embarazo cuando tenía 18 años. © Amnistía Internacional.

Ayer domingo se celebró el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y Caribe. Una fecha señalada para denunciar que en esa región todavía hay otros seis países, además de El Salvador (Honduras, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Surinam y Chile, aunque este último está dando pasos para reformar la legislación), donde la prohibición del aborto es total, sin excepciones, incluida en los casos de violación o aquellos en los que la vida de la madre corre peligro. Como consecuencia de esta ley tan restrictiva, las mujeres y las adolescentes se ven empujadas a abortos clandestinos e inseguros, o a llevar a término embarazos peligros que pueden acabar con sus vidas. En El Salvador, las que deciden interrumpir sus embarazos se enfrentan a penas de entre 2 y 8 años de cárcel, igual que las personas que les ayuden a hacerlo. Los profesionales médicos que se los practiquen, a penas de hasta doce años de prisión.

Tuvimos un caso muy difícil de una niña que se quedó embarazada a los nueve años después de haber sido abusada durante su infancia. Ella no entendía lo que le estaba pasando… Nos pidió colores. Crayoles. Y ahí se nos partió el alma porque nos empezó a dibujar a todos nosotros. Dijimos: ‘¡Si es sólo una niña!‘. Así cuentan algunos profesionales médicos a Amnistía Internacional, que este jueves publicó un informe sobre la situación en el país, cómo las opciones son sólo dos: el estrago que supone un embarazo para algunas mujeres y niñas en determinadas situaciones o la cárcel.

La prohibición total del aborto en El Salvador obliga a mujeres y niñas a arresgar su vida en secreto y condena a otras a décadas de prisión. © Amnistía Internacional

La prohibición total del aborto en El Salvador obliga a mujeres y niñas a arresgar su vida en secreto y condena a otras a décadas de prisión. © Amnistía Internacional

La persistente desigualdad de género y los estereotipos que relegan a la mujer al papel de madre, la violencia generalizada en un país donde casi la mitad de las mujeres han sufrido agresiones en el hogar y el 10% de ellas ha sido víctima de violencia sexual o las dificultades en el acceso y la información sobre métodos anticonceptivos modernos, especialmente para las más jóvenes, son algunas de las causas de una ley tan restrictiva como la salvadoreña.

También lo es la presión de las creencias religiosas. Yaneth sufrió violencia intrafamiliar. Cuando fue a denunciarlo, las palabras de la jueza le dejaron atónita: ‘Me dijo: ‘Para que mejoren la relación entre ustedes, van a tener que ir a misa todos los domingos y yo voy a mandar a llamar a los niños para ver si se ha cumplido lo que yo he ordenado‘.

Cuando la falta de acceso a métodos anticonceptivos conducen a que El Salvador sea el país con la tasa más elevada de embarazos adolescentes, y la carencia de información con la que cuentan las mujeres y las niñas sobre salud reproductiva y sexual sea tan alarmante, las deja en una situación desamparada. Casi la mitad de las menores que se quedaron encintas en 2013 no deseaban  el embarazo. Y cuando, encima, es producto de una violación, la posición en la que se encuentran es devastadora.

En 2013, la Policía Nacional del país registró un total de 1.346 violaciones de mujeres y niñas. En casi los dos tercios de los casos la víctima tenía menos de 15 años. ‘Obligar a que una adolescente continúe con su embarazo producto de una violación es una tortura, porque se la expone a que estén experimentando todos los cambios del embarazo, que esté sintiendo el bebé, y por lo tanto está recordando constantemente lo que les pasó‘, explica otro de los médicos.

En todo el mundo mueren cada año 47.000 mujeres por abortos inseguros y otras 5 millones sufren incapacidades como consecuencia. En El Salvador, en una perversa y cruel vuelta de tuerca más, las mujeres que sufren abortos espontáneos pueden ser condenadas hasta a 50 años de cárcel por homicidio agravado. La organización de derechos humanos Agrupación Ciudadana ha identificado a 129 mujeres que fueron acusadas de aborto o de homicidio agravado entre enero de 2000 y abril de 2011.

Graffiti que pide la despenalización del aborto en una calle de San Salvador. © Amnistía Internacional -El Salvador's total ban on abortion is forcing women and girls to secretly risk their lives and condemning others to decades behind bars © AI -Marlene was accused and charged with having an abortion after she had a miscarriage when she was 18 years old © AI

Graffiti que pide la despenalización del aborto en una calle de San Salvador. © Amnistía Internacional

María Teresa Rivera es una de ‘las 17’. Con ese nombre se conoce a las 17 mujeres encarceladas por motivos relacionados con el embarazo que han agotado todos los recursos legales,  para las que la Agrupación Ciudadana presentó el pasado mes de abril una petición de indulto. No sabía que estaba embarazada cuando un día sufrió una hemorragia en el trabajo que la dejó inconsciente. Un miembro del personal del hospital al que fue llevada la denunció a la policía y, tras un juicio sin garantías y con irregularidades, cumple condena de 40 años de cárcel por homicidio agravado tras haber sufrido un aborto espontáneo.

Como ella, cientos de mujeres salvadoreñas se ven obligadas a elegir entre una vida que no quieren o una vida sin libertad por esta violencia institucionalizada de la que el Estado de El Salvador es el máximo responsable. Mientras, una sociedad dominada por el patriarcado se lava las manos después de tomar decisiones sobre el futuro de más de la mitad de sus habitantes.

*Amnistía Internacional ha puesto en marcha una ciberacción para exigir la despenalización del aborto en El Salvador.

 Ana Gómez Pérez-Nievas es periodista de Amnistía Internacional España

Sierra Leona: zona libre de mutilación genital femenina

Por Josefina Salomon
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El pasado 22 de julio se celebró en Londres la primera Cumbre de la Niña. Uno de sus objetivos: acabar con la mutilación genital femenina, una práctica abominable a la que han sido sometidas 140 millones de mujeres y niñas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Algunas comunidades en Sierra Leona, mientras tanto, ya han comprendido hace tiempo lo que esta cumbre propone: en apenas un mes, unas 600 niñas se salvaron de este tipo de tortura.  

El tour Art for Action reunió en Bruselas en 2013 cuatro creaciones hechas con más de 42 mil pétalos de rosa para presentarlas ante responsables políticos europeos y de otros países. Cada pétalo lleva la firma de una persona comprometida contra la mutilación genital.

El tour Art for Action reunió en Bruselas en 2013 cuatro creaciones hechas con más de 42 mil pétalos de rosa para presentarlas ante responsables políticos europeos y de otros países. Cada pétalo lleva la firma de una persona comprometida contra la mutilación genital femenina. Imagen: Amnistía Internacional

Mientras varias decenas de mujeres se sentaban en círculo en la jefatura de Masungbala, en el noroeste de Sierra Leona, para hablar de sus historias de horror y dolor, los líderes varones de la comunidad compartían sus opiniones en otro grupo. Las mujeres, una a una, describieron cómo les habían mutilado los genitales en el marco de rituales de iniciación y el dolor casi insoportable que se vieron obligadas a aguantar. La mayoría de ellas dijo que se arrepentía de haber apoyado esta práctica. Sostuvieron con  firmeza que sus hijas no debían sufrir lo mismo. Unos pasos más allá, los jefes varones debatían cómo podía abordar la comunidad este problema.

Intergenerational dialogue session on Female Genital Mutilation in Masungbala Chiefdom

Sesión de diálogo intergeneracional sobre mutilación genital femenina en Masungbala (Sierra Leona). Imagen: Amnistía Internacional

Y entonces, lo que se creía imposible ocurrió. Después de días de debates y negociaciones en el contexto de una serie de talleres organizados por Amnistía Internacional y organizaciones locales en agosto de 2011, la comunidad firmó un memorando de entendimiento que prohíbe la mutilación genital femenina para niñas menores de 18 años de edad. El memorando establece asimismo que toda mujer que supere esa edad tiene que dar su consentimiento antes de que se lleve a cabo el procedimiento.

Unas 600 niñas se salvaron de la mutilación en la jefatura de Masungbala en el plazo de un mes tras la firma del memorando de entendimiento.

La experiencia de los talleres fue tan positiva que los colectivos de activistas locales dicen que cientos de comunidades de todo el país han seguido el ejemplo y han prohibido también esta práctica tradicional nociva.

Aunque la Ley de Derechos de la Infancia de 2007 protege a los niños y niñas de prácticas tradicionales nocivas, no hay ninguna ley que prohíba específicamente la mutilación genital femenina en Sierra Leona, pero estas comunidades están dando un gran ejemplo de lo que es posible’, ha afirmado Aminatou Sar, directora del Proyecto de Educación en Derechos Humanos en África de Amnistía Internacional.

*Romper el silencio*

“Sierra Leona podría convertirse en una zona libre de mutilación genital femenina”, asegura Arun Turay, coordinador de Advocacy Movement Network (AMNET) que, junto con Amnistía internacional, organizó los talleres para sensibilizar a las comunidades seleccionadas y empujarlas a tomar medidas para combatir la mutilación genital femenina.

El proyecto forma parte del programa educación en Derechos Humanos en África de Amnistía Internacional que se desarrolla actualmente en siete comunidades del distrito de Kambia, en Sierra Leona, y se centra en varias cuestiones de derechos humanos que afectan a las comunidades locales, entre ellas la mutilación genital femenina.

Es muy difícil que la gente hable de estas cuestiones, pero como las comunidades tienen una sólida tradición de diálogo, reunimos a todos los miembros de la comunidad para hablar de los peligros de la mutilación genital femenina’, explica Arun. ‘Quedó claro que la gente quería abordar el problema pero no sabía cómo hacerlo. Ahora el proceso ha cambiado por completo las vidas de muchas mujeres y niñas.’

Arun mantiene un contacto asiduo con las comunidades: ‘Hace sólo unos meses, los jefes me dijeron que el cambio de práctica ha sido ya plenamente aceptado y que la atención se ha trasladado ahora a educar a las niñas‘, ha afirmado.

La razón de que los acuerdos funcionen, según Arun, es que la mayoría de los miembros de la comunidad están comprometidos con ellos como consecuencia de un proceso de diálogo puesto en marcha por los talleres. Los líderes y miembros de las comunidades que apoyan y practican la mutilación genital femenina dicen que es necesaria para proteger el así llamado “honor” de las mujeres. Esta actitud refleja estereotipos muy extendidos acerca de la sexualidad de las mujeres, así como la creencia de que esta sexualidad debe ser controlada. Además, en algunas sociedades persisten creencias que consideran impuras a las mujeres no mutiladas y no les permiten manipular los alimentos y el agua.
La experiencia de Sierra Leona ha impulsado a Arun a ver el futuro con optimismo: “Lo que ha ocurrido en las comunidades con las que trabajamos en Sierra Leona podría ocurrir en otros países de África o incluso en todo el mundo. El diálogo en la comunidad es una poderosa herramienta de educación en derechos humanos y puede llevar al cambio”, asegura.

La Organización Mundial de la Salud calcula que hasta 140 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a mutilación genital en todo el mundo.  El procedimiento puede llevarse a cabo a diversas edades, desde poco después del nacimiento hasta cuando una mujer ha completado su desarrollo. Las mujeres y niñas a las que se mutilan sus genitales externos a menudo sufren dolor severo, hemorragias, shock, dificultades para orinar, infecciones y en ocasiones incluso la muerte. Muchas sufren también dolor crónico, dificultades durante el parto –incluido un riesgo mayor de mortalidad materna–, disminución del placer sexual y trastorno de estrés post-traumático.

Josefina Salomon es periodista y trabaja en Amnistía Internacional.