Por Belén de la Banda 

Irreversible. Irreparable. Doloroso y definitivo. Anoche tuve ocasión de ver un reportaje de En Portada sobre las esterilizaciones forzadas de las mujeres peruanas durante el gobierno de Fujimori, entre 1995 y 2000.  Trescientas mil mujeres fueron operadas sin información previa, sin consentimiento real, sin tiempo para pensar si querían o no tener más hijos, o sencillamente si querían tener hijos.

• En Portada – Yermas. Reportaje completo en TVE

La mayoría de las mujeres esterilizadas de forma coercitiva eran mujeres pobres, de comunidades indígenas quechuas o amazónicas, sin estudios y muchas veces incapaces de comprender el castellano. Se les obligaba a someterse a una operación a cambio de recibir atención médica para sus hijos, o para ellas mismas, o tras un parto, o directamente llevándolas por la fuerza y atándolas. También había en muchos casos coerción hacia los maridos, a quienes se obligaba a firmar un consentimiento que en muchos casos no entendían.

¿Cómo fue posible llegar a esas situaciones? En todos los testimonios de las mujeres esterilizadas  hay referencias evidentes a la coerción por parte de los profesionales sanitarios en estas zonas rurales. Presentaban la operación como una obligación legal para ellas ‘me dijeron que ya no tenía que tener más hijos y me tenía que ligar‘ o una necesidad de salud para las mujeres ‘que tenía anemia y me tenía que ligar para que mis hijos no nacieran con anemia‘. Hay documentos que muestran cómo los centros de salud en las zonas rurales del Perú tenían que justificar ante las autoridades un número de esterilizaciones al mes. Si lo cumplían, tenían premios. Si no, los profesionales podían perder su puesto, ya que no eran funcionarios sino contratados, y estaban a merced de sus superiores. En todos los casos, se ve cómo ejercieron superioridad, y en algunos hasta violencia física, sobre las mujeres: analfabetas, pobres, indígenas, que pensaban que estas personas sabían más que ellas, o incluso que les estaban ayudando.

Las operaciones se realizaban sin control previo de salud, en condiciones higiénicas y técnicas deficientes, y a las mujeres se les devolvía a su casa sin esperar a que se recuperaran. Muchos relatos incluyen referencias a infecciones, dolores, y secuelas incapacitantes para las mujeres. A las consecuencias físicas se une el rechazo de las comunidades y de la propia familia, que llega a creer que las mujeres eluden sus compromisos o quieren ligarse ‘para corretear por ahí’ -lo que quiere decir relacionarse con otros hombres sin temor a las consecuencias-. A la esterilización seguía el desprecio y en muchos casos el abandono.

Existen denuncias que equiparan esta acción a un genocidio: un intento de acabar con la pobreza acabando directamente con los pobres. Pero las acciones judiciales se resisten. Las causas se archivan. Los casos no se investigan. Las evidencias -la extensión masiva del problema, la constancia de los incentivos y castigos sobre los profesionales de las postas de salud- apuntan a una grave responsabilidad del régimen de Fujimori -que personalmente presentó un programa de esterilizaciones ‘voluntarias’ en la Cumbre de Beijing. Sus ministros de Sanidad, especialmente Alejandro Aguinaga, hoy congresista del partido de Fujimori, no han respondido ni han reconocido ninguna responsabilidad en todos estos años. Ni siquiera han pedido disculpas por algún ‘exceso’ que pudiera haberse cometido. En la Fiscalía del Perú se acumulan cajas y cajas con información sobre los casos, facilitada con trabajo por las mujeres, sin que nadie les dedique su atención. Varias de las mujeres han sido llamadas a declarar una y otra vez de manera también coercitiva, como para disuadirlas de mantener cualquier tipo de acción judicial. La justicia ha llegado a otras causas de derechos humanos, y actualmente Alberto Fujimori está condenado y en prisión por otros casos graves. Pero para las mujeres, una vez más, la justicia parece inasequible.

Las propias víctimas de esta política son las heroínas de la historia. Sólo una mujer, limeña y operada sin consentimiento en una clínica privada de la capital, ha conseguido alguna reparación. Pero muchas más siguen valientes y fuertes reclamando justicia. Las mujeres de Anta, una zona rural de Cusco, son el ejemplo mundial de denuncia y movilización ante lo que les ocurrió. Ante su enorme sufrimiento, y a pesar de carecer absolutamente de cualquier recurso, tuvieron la conciencia de que sus historias personales, y la acumulación de evidencias, tenían proporciones insoportables. Se unieron y superaron la vergüenza y el dolor para levantar la voz y contar la verdad.  La investigadora Giulia Tamayo  levantó la denuncia cuando las esterilizaciones todavía estaban ocurriendo. Consiguió mover conciencias dentro y fuera del Perú. Fue amenazada y acosada, y tuvo que salir del país. La congresista (diputada) indígena Hilaria Supa, que conoció el caso desde sus inicios, mantiene la exigencia de justicia en todos los entornos.

Las operaciones y sus consecuencias ya son irreversibles. La justicia para los responsables de esta tragedia debería serlo también.

Belén de la Banda es periodista y trabaja en Oxfam Intermón