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Sin casa pero con demasiados techos

Por Ana Gómez Pérez-Nievas

O por qué las mujeres enfrentan más obstáculos, también, a la hora de ver satisfecho su derecho a la vivienda en España

Sofía quita un móvil de las manos a su hijo de un año, que va cogiendo con rapidez todo lo que se le pone al alcance, mientras mira de reojo a su madre, también agotada y enfadada. “Llevo tanto tiempo peleando que hay momentos en los que te cansas, pero creo que es importante seguir luchando”, asegura con una mezcla de dulzura y fiereza.

Sofía se ha entrevistado con Amnistía Internacional para el informe “La crisis de vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas de alquiler sobre las mujeres en España”, porque sufrió las peores consecuencias de la falta de protección a este derecho que existen en España, y acumuló tres sinónimos de desamparo: mujer, sola y pobre.

Parece dispuesta a todo para denunciar cómo, siendo madre en ese momento de dos hijos y afrontando ella sola todos los gastos, su vivienda social fue vendida a lo que comúnmente se conoce como “fondos buitre” en Madrid, y cómo vio que las condiciones de su alquiler supuestamente social fueron cambiando hasta que llegó un momento en el que no pudo afrontarlas. Parece dispuesta a contar cómo finalmente fue desahuciada, y ahora vive en una casa que no reúne las condiciones adecuadas para ella y sus hijos. Dispuesta, hasta que la desigualdad y la discriminación se imponen de nuevo en su vida: mediante el miedo a que su ex marido maltratador pueda llevar a cabo represalias contra ella si sale en las noticias.

Ahora Sofía no ha dejado de luchar, pero tiene que hacerlo a escondidas. Y es que, como ella, muchas mujeres se enfrentan a un número mayor de obstáculos para el acceso a la vivienda en España por el hecho de ser mujer. Por un lado, porque son quienes “acaparan” la tasa más alta de paro, un 20,3% frente a un 17,2% en el caso de los hombres. Por otro, porque son quienes encabezan el 83% de los hogares monoparentales, sufriendo como consecuencia un mayor riesgo de exposición a la pobreza: un 37,5% de estos hogares la sufre, frente a la media española del 22,1%. Y de esta manera se perpetúa, por desgracia, el círculo vicioso que implica tener a personas al cuidado, que supone una mayor tendencia a tener que asumir empleos precarios y parciales, ya que las mujeres acaparan el 72,1% de los puestos a media jornada. Pero es que además, tampoco aunque sean víctimas de violencia de género tienen asegurada, en muchas ocasiones, una prioridad a la hora de acceder a la vivienda social.

Es lo que sucede en Madrid, donde el requisito de presentar una sentencia condenatoria o una orden de protección concedida (como si dependiera de ellas, como si solo con denunciar ya se les asegurara) está provocando que muchas mujeres en situación vulnerable no puedan acceder a viviendas sociales. Pero también sucede en otras Comunidades Autónomas, donde la ley exige resoluciones judiciales para acreditar su condición de víctima de violencia de género para “sumar puntos” en un sorteo.

Como consecuencia de ello, la realidad es que a pesar de las advertencias de Naciones Unidas de que sectores como justicia, vivienda, salud o educación son fundamentales para ayudar a la mujer que sobrevive a la violencia, y que los Estados deberían asignar recursos y financiación suficientes, lo cierto es que las autoridades no están invirtiendo lo suficiente en vivienda social para impedir que quienes están en situación más vulnerable se queden en la calle.

Es una realidad invisibilizada. Amnistía Internacional ha denunciado también que ni siquiera se conoce verdaderamente la magnitud de lo que está sucediendo. Vean: un total 34.193 personas fueron desahuciadas en España por impago de alquiler en 2016. Normalmente, en un post de estas características vendría aquí una comparativa de cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas familias, cuántos menores. Pero eso no es posible en España, porque aunque ya el Comité DESC (Derechos Sociales Económicos y Culturales) de la ONU recomendó esa comparativa en 2012, y el Relator de Vivienda de Naciones Unidas, un análisis de evaluación de impacto de los desalojos que incluya una perspectiva de género, el Gobierno no lo ha publicado. A pesar de que la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 se indica que mediante convenios con las Administraciones competentes, el Gobierno podrá promover procesos específicos de adjudicación de viviendas protegidas a las víctimas de violencia de género, es difícil hacerlo cuando el presupuesto que se está debatiendo destinado a la prevención de esta violencia apenas ha crecido un 9,9%, es decir, menos de 28 millones de euros, fundamentalmente destinados para dispositivos electrónicos y a campañas de sensibilización.

No es el único presupuesto insuficiente: de aprobarse, este año se reduce aún más la partida dedicada a acceso a la vivienda y fomento de la edificación: 466 millones, un 20,6% menos respecto del año pasado.

Vanessa ni siquiera tenía los datos de contacto de la oficina en Móstoles del Observatorio Regional de Violencia de Género, que presta asistencia psicológica, social y jurídica cuando se entrevistó con Amnistía Internacional. ‘La trabajadora social no me había contado nada de esto’, explica. Víctima de malos tratos físicos y psicológicos por parte de su pareja, con la que estuvo desde los 17 a los 31 años, asegura que no se sentía respaldada por ninguna administración. ‘No sabía adónde ir. Me sentía atrapada’. Ahora, con 34 años y dos hijas, reside en Móstoles, en el edificio ocupado “La dignidad”. ‘El apoyo de mis amigos y vecinos del edificio “La Dignidad” y Stop Desahucios Móstoles ha sido increíblemente importante para mis hijas y para mí. No me sentí protegida hasta que vine aquí’. Todavía copropietaria de un piso con la persona que le daba palizas, sigue esperando una vivienda alternativa. ‘La trabajadora social me dice dice que debería alquilar una habitación. Lo haría si viviera sola, pero no puedo hacer eso con mis dos hijas’, lamenta.

Y sí, es que los desahucios destrozan familias, hombres, mujeres y menores, pero no afectan de igual manera a todas las personas. Y no, a Sofía no la callan, pero la esconden.

Ana Gómez Pérez-Nievas es periodista en Amnistía Internacional España

1 comentario · Escribe aquí tu comentario

  1. Dice ser la verdad

    “tres sinónimos de desamparo: mujer, sola y pobre”

    Otros tres sinónimos: “hombre, solo y pobre”

    05 Mayo 2017 | 00:27

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