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Cinco preguntas pertinentes (o no) sobre trabajo sexual y derechos humanos

Por Ana Martínez

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Calle de Oslo por la noche. Foto: © Luca Kleve-Ruud / Dagsavisen / Samfoto

Oslo, Noruega, 11 de la noche. Las calles están vacías, a excepción de dos mujeres de origen africano que conversan bajo la luz de una farola. Varios policías vestidos de paisano se acercan y las interpelan de malas maneras: “¿Tenéis condones? ¿Dónde está vuestra documentación? No os queremos ver más por aquí”.

Acoso policial como en este caso, violencia, extorsión, hostigamiento o discriminación. Las personas que se dedican al trabajo sexual están especialmente expuestas a estas y a otras muchas vulneraciones de derechos humanos en todo el mundo. En su mayoría se trata de mujeres que, además, se enfrentan a múltiples formas de discriminación y desigualdades de género.

Amnistía Internacional ha publicado cuatro informes sobre trabajo sexual en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea que evidencian los abusos y violaciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras y trabajadores sexuales en estos países, la solución pasa por exigir a los Estados normas que protejan, respeten y hagan efectivos sus derechos humanos a la vez que abordan la trata, la explotación y la discriminación de género. Entre las medidas que Amnistía Internacional solicita a los gobiernos está la despenalización del trabajo sexual entre personas adultas cuando hay consentimiento.

Mona ejerce como trabajadora sexual y vive en las calles de Port Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea, con sus tres hijos. A menudo, sufren agresiones verbales. “Dormimos y nos bañamos en los desagües. En ocasiones, algún cliente nos paga una habitación. Si pedimos agua a los vecinos, nos persiguen y nos insultan. Me da mucha vergüenza, pero no hay esperanza para nosotros”, explica. Las trabajadoras sexuales y sus familias están particularmente expuestas a la violencia y a otros abusos de derechos humanos. La esperanza de la que habla Mona está precisamente en leyes que garanticen que todas las personas tengan acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, a la educación y a oportunidades de empleo, además de que gocen de una protección y seguridad mayores. La despenalización supone eliminar las leyes y políticas que criminalizan o sancionan el trabajo sexual y reforzar aquellas que penalizan la explotación, la trata de personas o la violencia contra quienes se dedican a ello.

A Laura, una trabajadora sexual de las calles bonaerenses, la asaltaron una noche a punta de navaja. Nunca lo denunció a la policía. “No me van a escuchar porque trabajo en esto”, asegura. Cuando el trabajo sexual está penalizado, las trabajadoras y trabajadores sexuales están también privados de medidas de protección que podrían servir para aumentar la vigilancia e identificar y prevenir abusos de derechos humanos tan atroces como por ejemplo la trata. A menudo, las víctimas son reacias a denunciar si temen que la policía tome medidas contra ellas por vender servicios sexuales.

Es el caso del modelo nórdico, que prohíbe la compra de servicios sexuales, criminaliza la organización del trabajo sexual y penaliza a las personas que ejercen este trabajo y que se organizan con el objetivo de sentirse más seguras. Amnistía Internacional destaca que estas personas tienen dificultades hasta para encontrar algo tan básico como el alojamiento, ya que sus arrendadores pueden ser procesados por alquilarles un hogar. “Algunos clientes te agreden en sus apartamentos. Pueden hacerlo porque saben que estás demasiado asustada como para ir a la policía. No nos queda otra opción que obedecer sus reglas porque estamos en su casa y no podemos llevarlos a la nuestra”, explica Tina, una mujer nigeriana que trabaja en las calles de Oslo.

La doble discriminación y el estigma que sufren algunos colectivos, como el LGBTI, es otra de las principales preocupaciones en torno a la vulneración de derechos humanos en el trabajo sexual. Virginia, una mujer trans que ejerció como trabajadora sexual en Buenos Aires durante años, explica las dificultades a las que tenía que hacer frente para acceder a los servicios médicos: “Cuando estaba enferma, iba al hospital, pero la gente siempre nos maltrataba. Nos decían que fuéramos a otra clínica porque allí no podían tratarnos…”. Ante este tipo de abusos, es necesario combatir la discriminación y los estereotipos de género perjudiciales, empoderar a las mujeres y al resto de grupos marginados y garantizar que ninguna persona carece de alternativas viables para ganarse la vida.

En definitiva, ¿qué deben hacer los gobiernos para proteger los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales? Amnistía Internacional demanda un marco jurídico que proteja a estas personas frente a la violencia, explotación y la coerción; que impulse su participación en la elaboración de las leyes y políticas que afectan a su vida y su seguridad; y que garantice el acceso a la salud, la educación y les ofrezca oportunidades de empleo.

Ana Martínez es periodista en Amnistía Internacional España.

3 comentarios

  1. Dice ser Anónimo

    Está claro que lo más lógico a todo esto es la legalización, regulación, etc., etc.

    Eso no quiere decir que se tenga que dejar de luchar contra mafias y demás, si no todo lo contrario; pero a aquellas personas (mujeres y hombers, que también los hay) que voluntariamente quieran “ejercer” deberían poder contar con un marco legal y cierta protección, cobertura sanitaria, y todo eso…

    15 julio 2016 | 10:13

  2. Dice ser Opinion

    Legalización y regulación parecen los 2 puntos necesarios.

    15 julio 2016 | 11:43

  3. Dice ser Judit

    Legalizar prostitución es sinónimo de legitimar relaciones de poder basadas en la supremacía de quién paga (hombre) por acceder al cuerpo de la mujer, quién en el mejor de los casos probablemente acceda condiciona por su situación de precariedad económica. ¿Y de qué se nutre la trata de personas con fines de explotaciòn sexual? Pues de la prostitución. Del intercambio económica de sexo, donde la vulneralidad de niñas y mujeres principalmente es la moneda de cambio. A esto se le llama abuso y vulneraciòn de derechos humanos. Decepcionante que Amnistía Internacional asuma postura reglamentarista.

    18 julio 2016 | 14:37

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