Por Josefina Salomon 
El doctor Lemus* tiene miedo de ir al trabajo. Cada vez que se enfrenta a una paciente que ha sufrido una complicación obstétrica, sus jefes esperan que levante el teléfono y llame a la policía. Esperan que, ante la mínima sospecha, denuncie a sus pacientes por haberse inducido abortos, lo que está prohibido en el país, en cualquier circunstancia. Si no lo hace, él mismo puede terminar tras las rejas. Aquí cuenta cómo es ser médico en El Salvador, donde la línea entre ser doctor y policía es cada vez más fina.
Cecilia Vázquez, en la prisión de San Salvador. Imagen: Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional lanza hoy el informe Familias separadas, abrazos rotos, que explora el impacto de la absurda ley anti-aborto de El Salvador en las familias de las mujeres que están actualmente en prisión, acusadas de haber tenido abortos ilegales.
Comencé a trabajar en el hospital en el 2007, cuando el aborto ya estaba prohibido en todas las circunstancias (la ley fue modificada en 1998). En El Salvador, es muy difícil trabajar como médico y prestar servicios de salud a mujeres que tienen problemas obstétricos porque la legislación prohíbe todas las formas de aborto y eso crea un ambiente en el que todas las mujeres se hacen sospechosas.
En mi hospital hay un clima de miedo y desconfianza entre los compañeros de trabajo. Vivimos situaciones muy extremas, muy tristes. Muchas mujeres que llegan al hospital están en situaciones límite. La gran mayoría que llega con problemas obstétricos, hemorragias graves o pérdidas espontáneas de sus embarazos es acusada de inducirse un aborto y denunciada inmediatamente. En muchos casos las terminan condenando a 20 ó 40 años de cárcel.
En mi hospital ha habido varios casos. Recuerdo que una vez llegó a la sala de emergencia una mujer embarazada con un shock hipovolémico (enorme pérdida de sangre que no permite que el corazón bombee suficiente sangre al cuerpo). La joven era de una zona rural y había viajado una hora y media para llegar al hospital.
La chica estaba casi inconsciente pero lo primero que hizo la médica que la atendió fue preguntarle qué había pasado, qué había causado la hemorragia. Insistió con eso y luego llamó a la policía. Inmediatamente la paciente fue esposada, ahí mismo en la cama del hospital. Apenas le dieron el alta la llevaron a juicio y la condenaron a 30 años de prisión por, supuestamente, haberse inducido un aborto. Un año después, cuando esta joven estaba en la cárcel, nos dimos cuenta que padecía de un linfoma y que esa probablemente había sido la causa de la hemorragia. La joven no recibió la atención que debía y murió dos años después, en la cárcel. Esta paciente que había llegado al hospital en busca de ayuda fue vulnerada en cada uno de sus derechos.
En El Salvador hay una enorme doble moral porque si una mujer quiere una interrupción voluntaria del embarazo y tiene los medios económicos para pagarlo, el mismo médico que denuncia a algunas en público es quien le ofrece esos mismos servicios en privado. Pero si tú no tienes para pagarlo, simplemente vas a ser denunciada.
El problema es que muchos médicos no entienden lo que es el secreto profesional y muchos jefes ponen presión para que denuncien a mujeres.Te dicen que si no denuncias este tipo de situaciones, formas parte del delito, eres cómplice y estás expuesto a perder tu trabajo. Nos hacen dejar de ser médicos y convertirnos en policías.Varias veces mis jefes me han llamado la atención pero yo les digo que no puedo violar el secreto profesional que les debo a mis pacientes. Cuando conoces tus derechos, nadie te puede intimidar. Varios colegas han realizado comentarios, me han estigmatizado mucho, pero tengo un carácter bastante fuerte, no caigo ante la presión.
Con otros colegas estamos dando talleres a médicos jóvenes para explicar qué es el secreto profesional. Les explicamos sus deberes y que las pacientes pueden tomar acciones legales contra ellos si violan el secreto. Si fuésemos más abiertos sobre el tema tendríamos menos muertes maternas porque muchas tienen lugar porque personas no capacitadas realizan procedimientos peligrosos en el mercado negro.
Tengo miedo cuando hago mi trabajo, temo por mi seguridad, ser denunciado por un caso de este tipo. Pero yo hago lo que tengo que hacer sin notificar a nadie. Tengo normas de seguridad para protegerme y para proteger a mis pacientes.
No es nada fácil trabajar el tema en mi país pero tengo que hacerlo, tengo que ofrecerle a la mujer ayuda médica porque para eso llega al hospital.
*El nombre es un seudónimo para proteger la identidad del doctor. Amnistía Internacional tiene en marcha la campaña Mi Cuerpo, Mis Derechos, para exigir que se deje de coaccionar, criminalizar y discriminar a las personas simplemente por tomar decisiones sobre su cuerpo y su vida, y que sus derechos sexuales y reproductivos sean protegidos.
Josefina Salomon es periodista y trabaja en Amnistía Internacional.
No se si os habéis fijado que el 20 zurullos ya no censura los comentarios, si no que desactiva al usuario sin que se entere, el si ve sus comentarios pero los demás no lo pueden ver.
que rastrero es el fanegas de Torresandino
30 noviembre 2015 | 08:36
Entiendo la diatriba del doctor, y lo que debe hacer es luchar por su legalización, pero a la vez obedecer la ley,y si no lo hace, atenerse a las consecuencias.
Todo el mundo sabe que hay leyes estúpidas e irracionales, puestas por unos pocos que tampoco las cumplen, pero si decidimos no cumplirlas, no debe sorprendernos el castigo.
Un saludo.
30 noviembre 2015 | 11:10