El Mundo vuelve a las andadas al mezclar, si previo aviso, información con opinión en su portada. Todo aprovecha para el convento. El gran titular de primera, a cuatro columnas, puede poner los pelos de punta a cualquier lector interesado por la ética en el ejercicio del periodismo:
Los enviados del Gobierno ni siquiera sabían con qué etarras negociaban
¿Acaso no bastaba con decir “los enviados del Gobierno “no sabían”…?
¿A qué viene ese “ni siquiera” antes del verbo “sabían”?
Cumple una función muy clara en la deontología laxa de Pedro Jota Ramírez: añade al sujeto una adjetivación intangible y peyorativa. Es como decir, de manera elíptica, “los imbéciles o los despistados o los tontos del Gobierno ni siquiera sabían…”
Si el primer gran titular contiene la palabra “etarras”, el segundo gran titular incluye, siguiendo una vieja costumbre promovida por el trío Pinocho (Aznar, Acebes y Zaplana), el “11-M”. Una mezcla habitual, por yuxtaposición, muy útil para los creyentes en la teoría de la conspiración, uno de cuyos dogmas relaciona persistentemente a ETA con el 11-M con el fin impúdico de lavar la cara a los embusteros del Gobierno Aznar.
Entre medias, también por contacto físico, ya que el recuadro está abierto por arriba, El Mundo liga una frase entrecomillada de Patxi López, fuera de contexto, con su gran titular de portada:
Patxi López: “Ni el Gobierno ni los implicados en este proceso hemos cometido errrores”
Después de leer ambos titulares, pienso que olvidaron poner por escrito “je, je”.
Estas son no noticias para el director de El País.
En cambio, ambos diarios coinciden al destacar en primera la foto-noticia sobre el éxito de Penélope Cruz y “Volver” en los premios Goya, un sumario sobre la miserable profanación de la tumba de Gregorio Ordóñez y los avances en el conflicto de Irlanda del Norte.
En esta última noticia de agencias hay también sus matices:
El Mundo:
El brazo político del IRA reconoce por primera vez la autoridad de la policía del Ulster
El País:
El Sinn Fein salva el último obstáculo para el proceso de paz en el Ulster
Solo El País menciona “proceso de paz”. ¿Por qué será?
El País lleva en portada varias noticias olvidadas por El Mundo:
-Un piropo a la Policía y a la Guardia Civil por detener a casi 600 personas acusadas de corrupción, narcotráfico y/o blanqueo de capitales en un año y bloquear 3.000 millones en dinero negro en 2006, 50 veces más que el año anterior.
-Un pacto de la alemana E.ON con Endesa (presidida por Pizarro desde la era Aznar) para mantener en secreto la información confidencial suministrada por la eléctrica española antes de la oferta de compra.
-El fiscal implica a Juan Villalonga (compañero de pupitre de Aznar) en la venta delictiva de una filial de Telefónica
-La bomba demográfica también estalla en Irak
Estas son no noticias para el director de El Mundo.
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El mito del diálogo
FERNANDO SAVATER en El País
29/01/2007
Según parece, la proyectada y ya menguante asignatura de Educación para la Ciudadanía incluirá lecciones dedicadas al diálogo y a la negociación. Nada puede resultar más oportuno, en vista de la fenomenal catarata de equívocos y malentendidos -creo que no todos inocentes- que rodean el frecuente uso de esos términos tan ensalzados como aborrecidos. En una democracia parlamentaria, elogiar el diálogo es un empeño tan aparatosamente ocioso como pasearse por un hospital cantando loores a la medicina. En ambos casos parece más útil indicar los requisitos para que uno y otra sean efectivos, así como señalar sus límites en el tratamiento de males especialmente graves. Para empezar por lo más obvio, se dialoga con los amigos y se negocia con los enemigos o adversarios. El diálogo supone aceptar una base común de valores, a partir de los cuales se discute para ver qué orientación común es preferible en tal o cual proyecto. En la negociación se contraponen fuerzas y se pretenden ventajas estratégicas: es un pulso, no un intercambio argumental. En ciertos casos, los más civilizados, puede aliviarse la brusquedad negociadora con la persuasión dialogante, combinando ambos métodos. Pero la presencia de la violencia o la amenaza contra una de las partes anula dramáticamente esa posibilidad.
Viniendo a lo que nos interesa, insistir en que el diálogo -así, sin más aditamentos ni matices- es la solución de los problemas creados por el terrorismo etarra (y de su rentabilización por el nacionalismo vasco radical, que también es parte del problema) constituye una patraña y un fraude. O, en el mejor de los supuestos, un malentendido. Pongamos que a mí, en una de esas encuestas de planteamiento tan poco convincente que suelen hacerse, me preguntan si me parece aceptable «un final dialogado» para el terrorismo de ETA. Interpretando a mi modo la cuestión, puedo responder afirmativamente. Supondré que el encuestador llama «diálogo» a negociar con ETA las condiciones de su rendición cuando los terroristas admitan que tienen que dejar las armas: hablar con ellos de cuestiones penales, garantías de desarme, situación legal de los aún no procesados sin delitos de sangre, etc. Es algo que ocurrirá antes o después y ojalá fuera pronto (aunque sólo depende de ETA, claro). De modo que respuesta afirmativa. Pero también puedo contestar negativamente. Sospecharé que mi interrogador considera «diálogo» establecer un foro político extraparlamentario que incluya a portavoces de los terroristas junto a los partidos legales, con el fin de negociar concesiones políticas al nacionalismo (otras no le interesan a ETA) que refuercen su hegemonía en la CAV e incluso en Navarra, blindándola ante posibles intervenciones del Estado de Derecho, según el esquema del plan Ibarretxe más o menos radicalizado para premiar el «final de la violencia». De modo que mi respuesta será «no». O sea que, según este planteamiento hipotético pero nada fantástico, soy a la vez partidario del diálogo y contrario al diálogo… y unos me juzgarán entreguista, mientras que otros me tacharán de intransigente. Pero la culpa la tiene la ambigüedad de la palabra «diálogo», no yo.
Esa ambivalencia no desanima, desde luego, a quienes -como el lehendakari, por ejemplo- siguen predicando la buena nueva del diálogo, cuyas genéricas virtudes nos ensalzan una y otra vez de un modo escolar hasta devolvernos a los felices días del parvulario. O como el socialista Torres Mora (al que algunos conceden rango de ideólogo gubernamental, algo así como el Suslov de nuestro régimen), que en una reciente entrevista en El Mundo, tras el acostumbrado panegírico del diálogo, acuña este dictamen prodigioso: «El diálogo no ha fracasado, han fracasado los terroristas en su intento de dialogar». ¡Toma ya! Es difícil ser más autocomplaciente y con menos motivos que esta gente, la verdad.
A mi entender, el Gobierno en un principio planteó el «diálogo» con ETA según la primera de las dos acepciones que más arriba he dado del término. Pero cometió el error de dejar abierta la posibilidad, para más adelante -una vez liquidada la violencia terrorista en todas sus formas-, de emprender el segundo «diálogo» como premio de consolación al nacionalismo y camino para asegurarse su apoyo en el próximo mandato electoral. Con el resultado de que ETA y sus mariachis (que entre tanto han alcanzado un reconocimiento político como interlocutores respetables y aún críticos autorizados de las decisiones de los partidos democráticos) se han apresurado a saltar por encima de la primera mesa de diálogo para exigir inmediatamente la segunda. ¿Por qué no se centran en hablar de presos, beneficios penitenciarios, etc.? Sencillamente, porque todo eso lo dan por descontado. Están convencidos de que una vez consolidada su posición política en el País Vasco y ya abandonado el terrorismo innecesario, el acercamiento de los presos y su próxima puesta en libertad es cosa he-cha. Aunque justificadamente denegada, es probable que la simple propuesta de excarcelación de De Juana Chaos venga a reforzar esta convicción (como contraste, recordemos la triste suerte de Bobby Sands y sus diez compañeros del IRA, que murieron sucesivamente durante una huelga de hambre en la prisión de Mazen sin lograr ablandar a Margaret Thatcher). De modo que ¿para qué se van a molestar en suplicar lo que piensan obtener de cualquier modo? Más les vale ir directamente a lo difícil, a por aquellas concesiones que una vez desaparecida la amenaza terrorista bien pudieran negárseles sin mayores remilgos. Hay que aprovecharse de los efectos de la intimidación mientras dura. Sobre todo cuando se les están mandando constantes mensajes de que, hagan lo que hagan, en cuanto dejen de cometer fechorías estaremos encantados de volver a escucharles: «Hay que esperar a que vuelvan a hacer algún gesto, seremos generosos, etc.». Lo apropiado para desanimarles sería indicarles inequívocamente de una vez que están a punto de ver caducar todos los plazos, más allá de los cuales no obtendrán el más mínimo beneficio penal…; es decir, que se les tratará por fin como merecen, dejen las armas o no.
Los partidarios del diálogo a lo loco, caiga quien caiga, nos apedrean constantemente con denuncias más o menos explícitas de las medidas judiciales que pueden «dificultarlo», es decir, que amenazan convertirlo en algo distinto a dar la razón a los nacionalistas: así que no será Ibarretxe quien desafía a la justicia, sino los jueces quienes desafían al sentido común (oído, cómo no, en la tertulia de Francino en la SER), la declaración de Jarrai y Segui como partes del entramado etarra son un abuso que trata de criminalizar a todos los jóvenes independentistas vascos, etc. La verdad es que en el País Vasco el terror fundamental, de fondo, lo pone ETA: pero de la administración del terrorismo para acogotar a la población no nacionalista se encargan desde hace mucho otros. Un caso reciente y repetido todos los años: el de la fiesta de San Sebastián. Lo malo no es que en la izada de bandera que da comienzo a la jornada festiva en la plaza de la Constitución hubiera muchas pancartas a favor de ETA, de Juana Chaos, de la amnistía, llamando asesino al PSOE (¿se imaginan las fiestas patronales de otra población española en que se permitiera insultar o amenazar tan gravemente a cualquier partido?), hasta el punto que Odón Elorza dijera que le parecieron «excesivas»…, pues por lo visto hay un límite admisible para estas cosas, que sólo él conoce; ni siquiera es lo peor que todo eso no ocurriera espontáneamente, en el tumulto del gentío a las doce de la noche, sino que se preparase tranquilamente desde las cinco de la tarde con numerosas personas que colgaban los carteles y guirnaldas subversivas a la vista de municipales y ertzainas…, como todos los años desde hace una década. No, lo malo es que tres televisiones retransmiten durante horas la izada sin aventurar la más mínima palabra ni comentario sobre este paisaje urbano terrorista. Y lo peor es que este año algunos ciudadanos (de ¡Basta Ya!, que son de los pocos que quedan por allí) han presentado denuncia documentada contra el Ayuntamiento por estos sucesos, que sigue su trámite, de la cual han dado cuenta los medios periodísticos nacionales menos afines al «diálogo», pero ninguna de las publicaciones de ámbito donostiarra, tan atentas a todo concurso de quesos que ocurre en nuestra demarcación. Que quede claro: con esos silencios mediáticos y los terrores que reflejan cuentan los «dialogantes» para que al final del «proceso de paz» haya paradójicamente más nacionalismo que antes y no más libertad y visibilidad para los no nacionalistas, como sería lógico esperar.
Bien, muy bien que se incluya «diálogo y negociación» como temas de la minusvalorada e injustamente criticada Educación para la Ciudadanía. Lo único que me preocupa ahora es quién dará la asignatura…
Fernando Savater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.
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Abrochense los cinturones. Según el genial y tierno Peridis en El País, nos aguardan mayores dosis de crispación.
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En El País, José María Benegas rompe su silencio sobre la lucha contra el terrorismo:
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Y, por último, los internautas no debemos perdernos el editorial que nos dedica hoy El País
EDITORIAL de El País
La zanja digital
29/01/2007
Varón, de entre 15 y 34 años, con estudios superiores, con trabajo y residente en una capital de provincia. Éste es el perfil, cada vez más marcado, del internauta español. Aunque el número de internautas crece en España en todos los ámbitos sociales -ya superan los 10 millones-, lo está haciendo a mayor velocidad entre hombres jóvenes con alta preparación académica y residentes en municipios de más de 100.000 habitantes, lo que está agrandando la brecha digital. Es decir, la diferencia que separa a quienes pueden acceder a la maraña de contenidos y servicios que ofrece la sociedad de la información y quienes no pueden hacerlo, principalmente jubilados, amas de casa, parados, inmigrantes y habitantes de zonas rurales.
Es un problema muy grave, más aún si se considera el acceso a Internet de calidad y por alta velocidad: hay 4,5 millones de españoles, que residen en 2.534 municipios, que no disfrutan de acceso a Internet de banda ancha y que, por tanto, tienen conexiones deficientes y que, además, son más caras para ellos que las que se pagan en una gran ciudad. Las operadoras aducen que el coste del despliegue que deben hacer es excesivo para la demanda existente en las zonas rurales, de donde huyen sus habitantes jóvenes, entre otras cosas, por las dificultades para teletrabajar, chatear o realizar gestiones con su banco o ayuntamiento.
El Gobierno central y las comunidades autónomas han puesto en marcha varios planes para acabar con la brecha digital, como la implantación de telecentros públicos en las zonas rurales. Sólo son parches para un problema de mayor envergadura. No se puede obligar a las operadoras a extender redes donde no hay clientes, pero sí se les puede exigir, tanto a ellas como a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), que no torpedeen las iniciativas de ayuntamientos que, ante la falta de interés privado, intentan ofrecer servicio público de acceso a Internet a sus ciudadanos. El Gobierno debería aprovechar la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información en tramitación, para extender la consideración de servicio universal (al que todo ciudadano tiene derecho) a la banda ancha, como ya ocurre con la telefonía.
Es el momento de concretar iniciativas para que la brecha digital no se convierta en una zanja insuperable. Recuperar el retraso exige asumir la extensión de la sociedad de la información como la principal prioridad en todos los niveles de la administración. Sin la extensión de las nuevas tecnologías, no aumentará la productividad; y sin crecimiento de la productividad, no está garantizado el de la renta por habitante a largo plazo. La productividad española apenas crece desde hace más de diez años; en realidad, lo hace menos que en ninguna de las economías de la OCDE.
FIN