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"La libertad produce monstruos, pero la falta de libertad produce infinitamente más monstruos"

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Garzón, condenado por «una nimiedad», recurre

23 de febrero de 2012

Nunca comprendí bien la unaminidad de todos los miembros del Supremo al condenar a Garzón por una nimiedad. La clave, según Gil Calvo, es que el prevaricador ha sido el propio tribunal. No les quedaba otro remedio, una vez que aceptaron celebrar un juicio oral tan ridículo y sin fundamento.

El Roto en El Pais (21-II-2012)

Si no hay unanimidad (ni de lejos) en la comunidad jurídica española ni en la internacional sobre el caso ¿cómo es posible que existiera tan rotunda unanimidad entre todos los miembros (de derechas y de izquierdas) que condenaron a Garzón? Algo huele a podrido en Dinamarca.

La escandalosa sentencia del Supremo contra el juez Garzón ha merecido numerosos análisis. Uno de los más lúcidos y originales, a mi juicio, ha sido este artículo de Enrique Gil Calvo en El País, que no quiero perder. Lo copio y pego a continuación, para archivarlo en el blog:

Veredicto

Lo que se ponía en tela de juicio no era la prevaricación de Garzón, sino la del Supremo al condenarle

Cuando Europa entera atraviesa un trance agónico de difícil resolución institucional, y como consecuencia la propia España peligra gravemente por su dependencia del Eurogrupo, he aquí que el Tribunal Supremo (TS) ha decidido aprovechar la ocasión para condenar a la inhabilitación por prevaricador al juez español que goza de mayor autoridad internacional por sus reiteradas contribuciones a la justicia universal. Y la suya ha sido una condena muy polémica, que ha abierto una grave fractura en nuestra opinión pública y que no va a ser entendida fuera de nuestras fronteras, derivándose de ella un indudable desprestigio de nuestra justicia y una más que probable desautorización futura por parte del Tribunal de Estrasburgo. Pero no puede decirse que sea una condena sorprendente para nosotros los españoles (aunque sí para los observadores foráneos), pues entraba dentro de las expectativas abiertas por todos los analistas que siguieron de cerca el triple enjuiciamiento entablado contra el juez Garzón.

Aunque tal condena me parezca una injusticia histórica, mi cualificación profesional no me autoriza a pronunciarme sobre su grado de legitimidad jurídica ni mucho menos sobre su factura técnica. Pero sí me creo autorizado a valorar algunos de los elementos extrajudiciales que concurren en la formulación y la recepción de semejante veredicto de culpabilidad. Acabo de sostener que la sentencia en sí misma no me sorprendió, pues la esperaba casi tanto como la temía. Pero en cambio sí me produjo gran sorpresa tanto la unanimidad del veredicto como la susceptibilidad con que la magistratura rechazó el coro de críticas que mereció la condena. ¿Pues qué esperaban? ¿Acaso se creían con derecho a recibir un aplauso también unánime?

Comencemos por la unanimidad del veredicto. Si resultó tan sorprendente fue porque el Ministerio Fiscal solicitaba la absolución y porque otros jueces habían refrendado la legitimidad de las decisiones de Garzón. A pesar de lo cual, los magistrados del Supremo avalaron unánimemente el veredicto de prevaricación. ¿Cómo explicar esta unanimidad que tan chocante y poco razonable resulta para el sentido común? Creo que bien podría admitirse como plausible esta posible interpretación: lo que se ponía en tela de juicio en las causas contra Garzón no eran tanto las posibles prevaricaciones a priori en que hubiera podido incurrir el juez procesado como la eventual prevaricación a posteriori en la que podría caer (o no) el TS al condenar a Garzón. De ahí esa unanimidad coral, pues el Supremo no estaba tanto juzgando al acusado como juzgándose a sí mismo, lo que le llevó en consecuencia a absolverse al unísono como órgano colectivo.

En efecto, la decisión de procesar al juez por tres causas a la vez había parecido tan sorprendente y contra natura desde un comienzo que, para la opinión pública, lo que estaba en tela de juicio era la legitimidad del Tribunal Supremo para juzgar a Garzón. ¿No se estaba forzando el procedimiento para personalizarlo fabricando una causa ad hominem? ¿Llegarían hasta el extremo de atreverse a condenarle, o se limitarían a hacerle pasar por las horcas caudinas para absolverle al final? Con ello, el proceso dejó de tener por objeto los actos pasados de Garzón para pasar a centrarse en la decisión última del TS, convirtiéndose en una querella de legitimidades planteada entre la autoridad moral de un juez y la autoridad formal de un tribunal superior. Por lo tanto, dado que el asunto no se supo detener a tiempo, y una vez que el procesamiento avanzó hasta el punto de abrirse el juicio oral, entonces la suerte quedó echada sin posible vuelta atrás, pues puestas así las cosas la causa ya no podía terminar más que con una condena previamente anunciada. De ahí la inevitable unanimidad para poder reafirmar y garantizar el principio de jerarquía institucional.

Así se entiende también la posterior intransigencia con que el TS rechazó las críticas contra su condena, unas críticas que a la portavoz del CGPJ le parecieron “intolerables”. ¿Acaso pretenden resucitar la censura y el delito de opinión o lesa majestad? ¿A qué viene tan extemporánea intolerancia? Semejante actitud revela la mala conciencia de la magistratura, dolida al advertir que está perdiendo legitimidad como consecuencia de sus propios actos. De ahí que para tratar de recuperarla reaccione exigiendo acatamiento a sus veredictos por inverosímiles que parezcan, lo que aún agrava más su propia deslegitimación. Pero la justicia sin legitimidad pierde su razón de ser. Pues como sabemos por Foucault o Bourdieu, la función de la magistratura es ejercer el monopolio legítimo de la verdad oficial. Y ese monopolio se desvanece en cuanto sus veredictos dejan de resultar creíbles.

Fin.

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Garzón ha decidido recurrir la sentencia extravagante del Supremo. La esperanza es lo último que se pierde. Veremos si el Tribunal Constitucional se atreve a enderezar el entuerto en que le ha metido el Supremo.

Muy interesante y clarificador también el artículo de José Yoldi en El Pais del 20 de febrero de 2012 sobre el segundo pleito montado contra Garzón, por si les fallaba el primero. (Y aún les queda el tercero y más interesante sobre los crímenes del franquismo). El título ya lo dice todo:

En la absolución, yo te condeno

Y me queda por recoger la Tribuna de Gaspar Llamazares el El Pais:

No acato, ni respeto un escándalo supremo

La condena anunciada del Tribunal Supremo al juez Garzón pone en evidencia la politización corporativa del poder judicial

22 FEB 2012

El linchamiento o juicio inquisitorial a Garzón resume, como pocos, nuestros males nacionales, en este caso, las aberraciones del poder que se convierten en afrentas a la ética civil y la justicia.

La condena anunciada del Tribunal Supremo pone en evidencia la politización corporativa del poder judicial.

El Roto en El Pais

El primero de ellos es la soberbia y prepotencia clasista de los que se consideran todavía hoy vencedores de la guerra civil y luego también de la interpretación de la transición. Los que no están dispuestos a que nadie cuestione, revise o interprete el pasado: ni de la impunidad, ni de las leyes, como ha hecho con el caso de las víctimas del franquismo, Baltasar Garzón. A él se le podía permitir sacar a la luz los trapos sucios de las “dictaduras bananeras”, pero ni hablar de sacar los colores a la Metrópoli del Imperio ¡Aquí somos más serios, aquí la impunidad del franquismo no se toca!

Se trata también de un juicio que simboliza el conflicto entre las Instituciones del Estado

La utilización burda de la Ley de Amnistía como ley de punto final y el menosprecio de derecho internacional en materia de Derechos Humanos reanuda la apropiación de la Constitución por los sectores que más la combatieron.

El segundo es un mal, tan viejo como el mundo, la codicia, que extiende un manto de silencio sobre la ominosa corrupción que durante décadas y, con pasividades y complicidades de muchos, se ha enseñoreado de nuestro sistema económico y social (especulación urbanística y financiera) y de nuestra clase política, contaminando “a todas” las Instituciones del Estado. La codicia de los plutócratas del Estado. Los Gürtel, Palma Arena y demás resumen la corrupción ramplona y una exhibición hortera por parte de empresarios, políticos y demás corte de los milagros.

Por ello, la defensa sin matices del derecho de defensa, interpretada como inmunidad de los despachos de abogados, deja inermes a los jueces en su lucha contra el delito de guante blanco.

El tercero de los males es muy nuestro, tan nuestro como la envidia. Envidia del éxito del juez Garzón que se puede permitir organizar cursos en el centro del imperio. Envidia de su valentía y de su trabajo, mientras otros dormitan a la sombra de los viejos muros de la Audiencia. Envidia de su soltura para mantener la profesionalidad y opinar políticamente. Envidia de su compromiso con las causas justas. Envidia de su imán mediático, de sus contactos internacionales, incluso de sus errores, de todo.

Pero envidia también transformada en rencor corporativo e institucional. Se trata también de un juicio que simboliza el conflicto entre las Instituciones del Estado. Un juicio al papel político y mediático en la lucha antiterrorista, a la persecución internacional de los crímenes contra la humanidad, y luego en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Un rencor supremo, una ira sorda. Por eso no es casual que todo empiece por las escuchas. Un debate jurídico transformado en un juicio por prevaricación. Una patología suprema.

Una factura también al papel de Garzón en la lucha antiterrorista, por parte de los mismos que le jalearon antes, y que no perdonan ahora su papel comprometido ante la opinión pública en el intento fallido de proceso de paz. Había que abortarlo y con la ayuda de los bárbaros de ETA se abortó, y ahora se trata de eliminar a todos sus actores “simbólicamente”.

¡Qué mejor forma de meterle mano ante la opinión pública que un juicio a sus supuestas extralimitaciones en materia de garantías! ¡Qué mejor forma de linchar a Garzón que cuestionando su compromiso con los derechos humanos! Una jugada maestra.

Nunca un tribunal tan alto pudo volar más bajo. Un esperpento, tan nuestro. ¡Una vergüenza nacional!

Y una estrategia también suprema donde se coordinan los tiempos, los temas y los actores. Todo ello encaminado a una crónica de una condena anunciada. La condena del juez Garzón, es la condena una vez más, de las víctimas de los juicios franquistas a la luz de las leyes de la transición, utilizadas como ley del silencio.

La condena también de la persecución penal internacional y del papel de la Audiencia Nacional en materia de derechos humanos. La condena del éxito de un juez mediático y polémico para que todo vuelva a la normalidad de los grises muros como diría García Lorca.

Pero también una factura atrasada de la política que no perdona. De la derecha y una llamada izquierda que comparten las razones y los pecados de la soberbia y la codicia. De una parte también de la izquierda que no olvida las viejas afrentas, ni las nuevas ambiciones.

En el fondo también la vieja aspiración a constituir al Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en una suerte de tercera Cámara que vigile y castigue los excesos de la política: el Estatut de Catalunya o el proceso de paz.

Una politización judicial que ha crecido al calor de la judicialización de la política, que junta extraños compañeros en el Consejo General del Poder Judicial y que desde ahí se extiende como una mancha de aceite. Despolitizando la justicia mediante el corporativismo conservador. Desjudicializando la justicia, degradando y privatizando el servicio público. Despolitizando la política al servicio de los mercados.

Todo junto se explica, pero todos juntos, estos juicios en cadena como bombas de racimo son una infamia. Nunca un tribunal tan alto pudo volar más bajo. Un esperpento, tan nuestro. ¡Una vergüenza nacional! ¡Un escándalo internacional!

Las injusticias que se comenten con la cobertura del derecho no deben ser ni respetadas, ni acatadas, precisamente en aras de la justicia. Como en el caso Dreyfus la justicia española, situada entre la verdad y el prestigio corporativo, ha preferido lo último, quedándose sin verdad y sin prestigio.

Es necesario que junto al legítimo derecho que asiste al juez Garzón para recurrir a todas las instancias se produzca un amplio movimiento en pro de la democratización profunda del poder judicial, así como del desarrollo social de la justicia como servicio público, a partir de la demanda de verdad y justicia para las víctimas del franquismo.

Porque el futuro está en la memoria ofendida de nuestros abuelos y el sentido de sus luchas, tanto como en la rebeldía de nuestros hijos.

Gaspar Llamazares es diputado de IU.

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¡Aleluya! Rajoy abjura de la teoría de la conspiración

17 de abril de 2007

Vengo de la presentación del libro de Miguel Maura «Así cayó Alonso XIII» (Editorial Marcial Pons), en el que hay una amplia introducción escrita por su nieto, Joaquín Romero Maura, que creo que merece un comentario aparte. Pero es un poco tarde y lo dejaré para otro día.

Tanto el profesor Santos Juliá como Santiago Carrillo, testigo directo de aquellos años, han hablado esta noche de la derecha y de la izquierda de antes y de ahora.

Y ambos han distinguido entre los conservadores cristianos (del tipo de don Antonio Maura o de Miguelito Maura) que proclamban la tolerancia hacia el contrario y respetaban las reglas del Estado de Derecho y también de los nacional-católicos que llevaron a la derecha española hacia un fascismo clerical. Gil Robles y los suyos nos dejaron huerfanos de derecha civilizada por mucho tiempo, naturalmente con la ayuda del golpista Francisco Franco.

El chiste del Roto de hoy me ha recordado que todavía vemos por aquí a muchos heredereos de ese fascismo clerical. Un libro que vale la pena releer y, quizás, enviar copia a monseñor Rouco Varela.

Pero, para mí, lo más destacable de la prensa de pago de hoy ha sido la entrevista de Rajoy en el Heraldo de Aragón (recogida por El País) en la que abjura de la teoría de la conspiración sobre ETA en el 11-M, urdida por el Partido Popular con la ayuda de Pedro Jota Ramirez y de la pecaminosa emisora de los obispos.

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Volver a la Ilustración

GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ en El País

16/04/2007

La defensa del individuo y de su autonomía moral constituye un desiderátum de civilización que debe ser el objetivo de la pedagogía de la libertad en el ámbito educativo y también en el social y político. Desde la asignatura de Educación para la Ciudadanía, hasta el comportamiento de los profesores, de los líderes sociales y de los políticos, en sus respectivos campos, éste es el fin exigido y debido más universal. Frente a los falsos ídolos, al interés tribal y al fanatismo colectivo como barbarie manipulada, el respeto a la dignidad del individuo, la bandera del iluminismo, que es medida del progreso en la sociedad actual, representa el núcleo esencial de las tareas del porvenir en la enseñanza, en la acción colectiva y en la política para una sociedad bien ordenada. Por eso la vuelta a la Ilustración es una exigencia moral para nuestro tiempo y especialmente para nuestro país. Es la forma de medir el progreso de la humanidad según se produzca el desarrollo de las condiciones morales y de la capacidad de autodeterminación, y es también el máximo deber de la ciudadanía ilustrada, de los profesores y de los políticos responsables.

El diagnóstico de las raíces, esas prédicas radicales del odio y del desprecio del otro, del adversario, de esos comportamientos hostiles oscuros y desaforados y de esas descalificaciones totales y sin remisión, son el primer paso para su condena, su rechazo y para la búsqueda de caminos alternativos marcados por la tolerancia, la amistad cívica y el juego limpio. Su origen está en la falta de respeto, en la no consideración de los demás, en la dialéctica amigo-enemigo, en el oscurantismo, en la pobreza, en la explotación, en las técnicas de envilecimiento que practican medios de comunicación -afortunadamente no todos-.

La Ilustración supuso la conquista de la autonomía moral de las personas y la superación del paternalismo de la teología como gran controladora del pensamiento y de la acción humana. La persona supo caminar por sí misma y toda la cultura de las luces produjo un gigantesco esfuerzo para salir de la minoría de edad y para aprender y saber. Las grandes instituciones políticas y jurídicas del XIX y del XX son deudoras del XVIII. Incluso las corrientes intelectuales aparentemente enfrentadas con el racionalismo iluminista, como el romanticismo, generan líneas liberales y sociales en autores como Victor Hugo o Lamartine, que contribuyen al fortalecimiento de las ideas heredadas del siglo anterior.

Los enemigos de las luces comprenderán el peligro de su difusión y desde posiciones eclesiásticas y contrarrevolucionarias por un lado y fascistas, leninistas y anarquistas por otro, harán todo lo posible para contrarrestar sus efectos, y para luchar contra alguna de sus grandes conquistas como el constitucionalismo o los derechos humanos. Rechazan la idea del hombre abstracto e incluso, como De Maistre, la propia noción de hombre. Afirma éste que ha conocido a franceses, ingleses y alemanes e incluso a persas por medio de Montesquieu, pero que nunca ha conocido a un «hombre». Creen en la constitución natural de cada pueblo, que marca sus instituciones, y no al revés, con constituciones normativas que marquen a la realidad social. Los antimodernos creen que la realidad natural es la que condiciona a las normas y no al revés, sueñan con volver a la sociedad estamental y al corporativismo y rechazan el protagonismo del individuo. Ese enfrentamiento se produce ya en el siglo XX, con los totalitarismos nazi, fascista y estalinista, con el Estado y el partido de clase como nuevos salvadores, con construcciones ilusorias y llenas de peligros que deshumanizan y arrinconan a la persona. Desde esas premisas organizan el más formidable ataque contra la dignidad humana y contra el liberalismo social e ilustrado.

La salida de esa tremenda crisis de humanidad después de la II Guerra Mundial fue muy traumática e incluso ayudó al renacimiento del Derecho natural, el atribuir al pensamiento positivista la responsabilidad por los trágicos efectos del conflicto, cuando en realidad fueran positivistas como Kelsen, Hermann Heller o Fernando de los Ríos quienes más se enfrentaron y sufrieron las agresiones de los defensores del «nuevo orden». En el levantamiento militar contra la República española, los fundamentos intelectuales originarios los plantearon casi exclusivamente los iusnaturalistas y las coberturas posteriores también, mientras que positivistas acreditados como González Vicén y más tarde Elías Díaz fueron represaliados y perjudicados en sus carreras académicas; también el autor de estas líneas y otros profesores. Además, el tipo de iusnaturalismo que defendieron era el más clásico y reaccionario de todos los posibles y siguió apoyando a un régimen corporativo, orgánico y perseguidor de las libertades.

Tras la reinstauración de la democracia, se disiparon esos peligros con la Constitución, que ha permitido un régimen político libre durante casi treinta años, aunque no ha estado exento del peligro de recaídas en los viejos modos. Quizás el momento más visible fuera el golpe de Estado de febrero de 1981, aunque no el único. Momentos delicados fueron el uso ilegal de acciones policiales para combatir el terrorismo, en varias etapas y con diversos Gobiernos, aunque el más conocido, con los GAL, ha sido ya resuelto, con serias condenas a los considerados responsables.

También desde otra perspectiva muy diferente resulta muy preocupante el sistemático comportamiento del Partido Popular de oposición radical al Gobierno desde que perdió las elecciones en 2004. Está creando una tensión constante que ha trascendido a la sociedad, faltando al juego limpio y a la lealtad hasta ahora mantenidos en materia de terrorismo. Algunas de las formas utilizadas en esa política recuerdan a tácticas schmittianas por la consideración del adversario como enemigo y por la siembra del rechazo radical y del odio contra el presidente del Gobierno y otros dirigentes socialistas, además de una descalificación general de las instituciones. En todo caso, esa forma de proceder no ayuda al fortalecimiento del sistema y puede contribuir seriamente a deteriorar el clima de convivencia y a la necesaria cooperación política entre unos y otros, mayoría y oposición en cuestiones de Estado.

No sé si será predicar en el desierto pero hay que restablecer el clima de la cultura política ilustrada y abierta y superar la insoportable tensión que genera principalmente el Partido Popular. Quizás sólo con los resultados de las elecciones autonómicas y municipales primero, y generales después, se podría volver a la normalidad. En todo caso sería deseable cambiar cuanto antes el clima, pero de verdad, no con fingimientos ni mentiras, ni con un comportamiento real destructivo y con unas palabras contradictorias que pretenden simular moderación. Sería deseable que todos pensasen en ello y, sobre todo, que pudieran actuar desde las buenas reglas del juego limpio.

Gregorio Peces-Barba Martínez es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.

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Y esta es la información (de la que les hablé ayer) que ha publicado La Voz de Almería sobre el Consejo de 20 minutos España celebrado en el Hotel Catedral, a pocos metros de donde yo nací:

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Elmundobórico ataca de nuevo con ETA en el 11-M
El Vaticano invade nuestra soberanía

24 de febrero de 2007

Por más vueltas que le doy, hoy no encuentro ningún parecido entre las portadas de los dos primeros diarios de pago de España. No coinciden ni en el precio. Sólo en la fecha. Naturalmetne, cada director es muy libre de servir el alimento editorial que sus lectores le reclaman, cuando deciden gastarse un euro de su bolsillo en comprar un diario y no el otro. O los dos a la vez, como hago yo, a causa de este vicio bloguero que tengo.

Muy oportunamente, y sin necesidad de mencionarlo, la portada completa de El Mundo llama hoy a sus lectores más entregados a manifestarse en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que rebajó al sanguinario etarra De Juana Chaos la pena por un artículo. Nada que ver con sus terribles asesinatos por los que ya cumplió su condena.

Pedro Jota establece, por su cuenta y riesgo, relación directa de causa/efecto entre la huelga de hambre y la reducción de esa pena por el Supremo. Y lo da a tres columnas:

De Juana deja la huelga de hambre tras lograr la reducción de su pena

En la misma portada que critica tan sutílmente al Supremo celebra, a bombo y platillo, o sea con cuatro columnas, la decisión de la Audiencia sobre el extravagante «caso del ácido bórico» (matacucarachas, ¿lo recuerdan?) por el que una jueza conservadora, que el PP quiere colocar en el Consejo del Poder Judicial, insiste en estrujar los procedimientos para mantener cierta relación -hasta ahora loquinaria- entre ETA y el 11-M.

La portada entera de El Mundo se la llevan ETA/11-M y el etarra De Juana. De ambos asuntos, El País no da ni una sóla línea en su portada de hoy.

Por el contrario, El País dedica su portada al riesgo creciente español en Afganistán, al funeral por la soldado muerta allí por una mina y al polémico fallo del Constitucional a favor del Vaticano sobre los profesores de religión.

De estos tres asuntos, El Mundo no da ni una sóla línea en su portada. Los considera «no noticia«.

El más escandaloso de ellos es, a mi juicio, el que se refiere al fallo, dudosamente constitucional, del TC a favor de la soberanía del Estado Vaticano sobre el Estado Español.

Los obispos más extremistas de la COPE y el ala nacionalcatólica del Partido Popular están muy envalentonados, debido a la blandenguería demostrada por el Gobierno, presuntamente laico, del presidente Zapatero («perro ladrador, poco mordedor») en cuanto se topa con la Iglesia.

Quizás. por ello, los obispos están tirando tanto de la cuerda para ganar terreno, sin atender al alto riesgo que corren de romperla y de quedarse definitivamente sin un duro de nuestros impuestos.

La sentencia del Tribunal Constitucional obligará ahora a los partidos políticos laicos a incluir en sus programas electorales la derogación total e inmediata de los acuerdos vigentes entre el Estado español y el Vaticano. La decisión de los miembros católicos del TC a favor de los intereses del Vaticano no nos deja otra salida a quienes deseamos, fervientemente y en aras de la democracia, que la Iglesia esté respetuosamente, y de una vez por todas, separada del Estado, como ocurre en tantos países civilizados de Occidente.

¡Ya está bien!

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Ahí va un artículo largo -aviso- pero muy interesante, del profesor Gil Calvo. Es uno de esos artículos que aún hacen imprescindible la compra de algunos diarios de pago.

La política del resentimiento

ENRIQUE GIL CALVO en El País

24/02/2007

En contra de lo que era lógico esperar, la estrategia de oposición radical que ejerce el Partido Popular (PP) contra el Gobierno de Zapatero se está intensificando al acercarse el ciclo electoral que cerrará la legislatura. Esto es sorprendente, pues lo razonable hubiera sido una secuencia de dos fases equilibradas: una etapa sostenida de oposición frontal, destinada a cohesionar a sus bases sociales y afianzar su fidelidad; y un último tramo, al acercarse las elecciones, de retorno al centro, a fin de buscar el voto moderado de las clases medias que deciden el resultado electoral.

Pues bien, a tres meses de las próximas elecciones locales, el PP sigue sin retomar su olvidado viaje al centro; y en lugar de moderarse, por el contrario extrema su populista radicalismo antisistema. ¿Cómo se explica esta táctica aparentemente irracional, que amenaza con resultar tan contraproducente para sus intereses electorales, según pronostican los sondeos demoscópicos?

La interpretación convencional la entiende como una estrategia nihilista y destructiva, que busca no atraer a los electores moderados sino, al revés, apartarlos de las urnas para que se abstengan y dejen de votar a su rival. Por eso el PP siembra la sospecha, el descrédito y la desconfianza en contra de Zapatero, a fin de que los tibios e indecisos dejen de apoyarle, le retiren su confianza y deserten de las urnas. Ahora bien, esta estrategia es arriesgada, pues si su oposición antisistema se radicaliza demasiado, el PP corre el peligro de despertar un latente voto de castigo o miedo contra sus propias siglas. Al fin y al cabo, si Zapatero gobierna no es porque ganase las pasadas elecciones sino porque las perdió el PP, dada la indignación ciudadana contra la ejecutoria última del Gobierno de Aznar. Y algo parecido podría ocurrirle también ahora al PP. Si extrema demasiado su oposición antisistema es posible que los ciudadanos indignados (o atemorizados por su radicalismo extremista) se precipiten a las urnas a fin de pararle los pies, evitando su ominoso retorno al Gobierno. De modo que, dado este riesgo, y si el PP fuera un calculador racional, para prevenirlo debería moderar su mensaje opositor. Y sin embargo no lo hace. Al revés, cada día se muestra más radical y fanático. ¿Cómo entender este enigma que parece irracional?

Una posible explicación es que los estrategas del PP hayan dado por superada la hipótesis expuesta al comienzo, según la cual son las clases medias moderadas las que deciden el resultado electoral, lo que exige ofrecerles programas políticos de corte centrista para tratar de atraerlas. Ahora bien, es posible que este silogismo ya no resulte aplicable en estos tiempos de acelerado cambio socioeconómico, caracterizado por la incertidumbre del empleo precario, la individualización (Beck), la modernidad líquida (Bauman) y el declive del capital social (Putnam). Hoy la estructura de clases se está desvertebrando de tal forma que ya no se puede decir que la nuestra sea una sociedad de clases medias. Por el contrario, según ciertos observadores, estamos asistiendo al fin de la clase media, que es la siguiente pieza a caer después de que la aburguesada clase obrera se hubiera desintegrado hace ya tiempo. Y ante este proceso de desclasamiento generalizado, deja de tener sentido una estrategia política de tipo centrista que se dirigía a una clase media que ahora mismo ya no existe, porque se está descomponiendo ante nuestra vista.

¿Y qué es lo que queda en su lugar? Un agregado disperso de fracciones de clase residuales que se parece demasiado a aquella pequeña burguesía del periodo de entreguerras, base social del fascismo, el nazismo y los demás movimientos populistas de corte radical. Lo cual explica muy bien el actual retorno de la nueva derecha integrista y reaccionaria que en EE UU está representada por los neocon (mesianismo imperial) y los teocon (fundamentalismo religioso); en Europa por el populismo xenófobo (Le Pen, Haider, Fortuyn, Vlaams Blok, etc), cuya música sociológica está detrás de la letra política del programa deSarkozy, y en España por la santa alianza (encarnada por la COPE) entre el catolicismo conservador (Abc) y el radicalismo pequeñoburgués (El Mundo), las dos sensibilidades ideológicas que hoy inspiran la cultura política del PP.

No obstante, por plausible que parezca este nuevo escenario sociológico, no acaba de explicar por completo la extremista radicalización del PP. Si sólo fuera por eso, Rajoy debería hablar como Sarkozy. Pero lejos de hacerlo así, el PP recurre a una retórica agresiva de hostilidad entre las dos Españas que no se corresponde con la realidad objetiva de nuestra estructura social. Para eso fabrica un enemigo interior al que acusa de balcanizar España (con su política autonómica) y de traicionar a los muertos (con su política antiterrorista).

¿Por qué se empeña el PP en recrear una imaginaria fractura civil, de dudosa verosimilitud y escasa rentabilidad en el mercado electoral? Aquí entramos en un terreno difícilmente analizable en términos objetivos y racionales que es el de las pasiones (Hirschman) o las emociones políticas (Elster), pues en esta dimensión psicosociológica es donde hay que buscar el sentido último de lo que cabe llamar la estrategia del resentimiento (o la política del despecho) que hoy anima al PP.

No sería la primera vez que ocurre algo parecido, pues para poder explicar la seducción del pueblo alemán por parte del nazismo también ha habido que recurrir a la política del resentimiento. Véase el reciente opúsculo de Philippe Burrin, un reputado historiador suizo experto en la «solución final» que dio a los judíos el nazismo: Resentimiento y apocalipsis (traducido por Katz Editores, Buenos Aires, 2006). Su autor sostiene que el exterminio masivo se adoptó como consecuencia del aprendizaje de la descivilización inducida por la política del resentimiento antijudío que desarrolló Hitler en su ascenso al poder. La fabricación de un enemigo inventado, el cosmopolitismo judío, al que se atribuía la doble derrota a traición (la célebre «puñalada por la espalda») sufrida por los alemanes ante el internacionalismo bolchevique y el universalismo liberal, fue una forma eficaz de nacionalizar al pueblo alemán creando una comunidad popular cohesionada por su odio al enemigo interior. Y cuando la guerra se dio por perdida, el resentimiento indujo a morir matando como hizo Sansón con los filisteos, mediante el exterminio preventivo de los judíos para hacerles pagar la futura derrota alemana por anticipado.

Pues bien, mutatis mutandis, y a otra escala de magnitud incomparable, esa misma retórica del resentimiento es la que hoy está desplegando el PP a fin de cohesionar a sus bases sociales, nacionalizándolas a través del odio a un enemigo interior fabricado para la ocasión: el presidente Zapatero, al que se atribuye la puñalada por la espalda sufrida por el PP entre el 11-M y el 14-M.

Es por puro despecho ante la derrota entonces sufrida que el PP ha designado a Zapatero como el enemigo interior, en tanto que beneficiario de aquella traición figurada al Gobierno del pueblo español. De ahí que, cegado por el resentimiento, el PP anteponga su ansia de venganza a cualquier cálculo electoral, estando dispuesto a perder las elecciones con tal de destruir a Zapatero, que es su forma de morir matando a la manera de Sansón. Y para ello siembra la fractura civil esperando contagiar el virus del resentimiento a sus seguidores para que aprendan a odiar al enemigo interior, formando contra él una comunidad cohesionada por el despecho. Lo malo es que al hacerlo así también se contagia el aprendizaje de la descivilización, derribando el civismo y las instituciones democráticas como hizo Sansón con el templo de los filisteos.

Enrique Gil Calvo es profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

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Como hemos visto, El Mundo no dedica ni una línea en portada al caso de los profesores de religión, pero sí le dedica, en cambio, un editorial favorable a los dueños de la COPE y una información breve, en página interior, a dos columnas.

Por el contrario, El País se suelta el pelo con este asunto y le dedica las dos columnas de portada, más un editorial contra el poder de la Iglesia frente al del Estado y tres páginas completas de rica información sobre el escandaloso caso de los profesores de religión convertidos por el TC en catequistas, encargados de lavar el cerebro a nuestros hijos.

En mi opinión, la religión, cualquiera que sea, debe estar respetuosamente reservada al ámbito familiar y muy lejos de la escuela, en donde que debe primar siempre la razón y nunca la fe.

Creo que, en estos asuntos que parecen tan evidentes, caminamos peligrosamente hacia atrás. Si en temas de religión la oferta del PSOE quiere parecerse a la del PP van listos los socialistas. Muchos votantes preferirán optar por el original y no por la copia. O abstenerse, que es lo peor en estos momentos.

EDITORIAL de El País

¿Catequista o profesor?24/02/2007

¿Catequista o profesor? No queda claro si el enseñante de religión católica en la escuela pública tiene para el Tribunal Constitucional una condición u otra, de acuerdo con su decisión de reconocer a los obispos la facultad de designar a este tipo de profesorado, que sin embargo contrata y paga el Estado, y de exigirle no sólo el adecuado nivel académico, sino una conducta moral acorde al credo religioso cuyas enseñanzas imparte.

Para el Constitucional, los acuerdos suscritos entre España y el Vaticano en 1979 son en este punto plenamente compatibles con la Constitución española.

Las dudas sobre la constitucionalidad de tales acuerdos las planteó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el caso de una profesora de religión católica despedida, tras 10 años de docencia, por haberse divorciado y mantener una relación afectiva con otro hombre. El Constitucional no entra a dilucidar si el despido de la profesora es o no constitucionalmente correcto, pero el hecho de admitir que la enseñanza de la religión católica en la escuela pública exige, más allá del cumplimiento de la ley, un determinado comportamiento personal en quien la imparte, suscita la natural inquietud sobre la idea que puedan tener los magistrados sobre la aconfesionalidad del Estado y la aplicación sin restricción alguna de los derechos fundamentales al conjunto de ciudadanos. La resolución del Constitucional, adoptada por unanimidad, tiene el aroma de otra época, en la que la separación entre la Iglesia y el Estado no tenía todavía unos contornos definidos.

La posición del Tribunal no suscitaría reticencias si la enseñanza de la religión católica se produjera en el ámbito propio de la Iglesia, como catequesis dirigida a sus fieles. Pero esa enseñanza se desarrolla en el sistema educativo público y con profesores legalmente contratados y pagados por el Estado. Si a estos enseñantes se les exige para el desempeño de su función, además de los requisitos generales de la ley, una conducta moral cuya inobservancia puede llevarles al despido, se estará admitiendo en el seno del sistema educativo un foco de confesionalismo incompatible con el actual Estado. Y que, además, coloca a este colectivo de enseñantes en una situación de discriminación inaceptable. El Constitucional se cuida de dar ese paso y recuerda que la designación por los obispos de los profesores de religión católica está sujeta al control jurisdiccional del Estado. Y también que tienen el amparo de la Constitución y de las leyes laborales. Pero la sentencia es poco clarificadora, facilitando que la Iglesia saque partido de esa confusión para seguir tomando posiciones en el sistema educativo público.

FIN

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¿Niegan o dan pistas los acusados del 11-M?

20 de febrero de 2007

El juicio del 11-M (es un milagro que se esté celebrando con normalidad democrática) está recibiendo la cobertura informativa prevista. No hay sorpresas. Cada oveja con su pareja.

El Mundo, como era de esperar (o de temer), titula a cuatro columnas con los apellidos de Ghalyoun y Bouchar (esta vez no los llama por el nombre de pila, más familiar) y les adjudica un verbo muy positivo para ellos: «niegan».

Ghalyoun y Bouchar niegan haber estado en Leganés pese a los rastros de su ADN

El primer sumario que destaca El Mundo en su portada es de risa:

Ghalyoun sostiene que cuando declaró que «El Tunecino» quería atentar en España como respuesta a la Guerra de Irak se refería a robar bancos y joyerías

La portada abre con las fotos de tres de los acusados, a toda página, sobre un pie de foto singular:

Declaran los tres acusados por la fiscal de poner las bombas

¿Añaden lo de «por la fiscal» para rellenar la línea o lo hacen con alguna intención especial?

¿Acaso no se da por hecho que las acusaciones corren a cargo de la fiscalía?

El País lleva el juicio del 11-M como segunda noticia y a dos columnas a media página:

Dos supuestos autores del 11-M dan pistas del atentado en la vista oral

Obsérvese que, según este diario, los sujetos no son Fulano y Mengano sino «dos supuestos autores del 11-M» y éstos no niegan sino que, por el contrario, dan pistas del atentado.

El sumario de El País evita lo de «robar bancos y joyerías»:

Basel Ghalyoun declara que El Tunecino justificó ataques a España por la guerra de Irak

En un recuadro, con fondo en color, El País destaca:

Una conspiración llena de agujeros. «Trashorras no habló de ETA», según el informe policial

El País manda, arriba, a cuatro columnas, con Aznar como sujeto pero creo que se le fue la mano al añadirle innecesariamente la palabra «también«, para recordarnos la información de días pasados cuando dijo que envió policías a Guantánamo:

Aznar también envió espías del CNI a interrogar presos en Guantánamo

Siempre me ha llamado jocosamente la atención el latiguillo que utilizan algunos colegas para presumir de su información exclusiva:

…Estos hechos aparecen acreditados en notas remitidas a Exteriores (…) a las que ha tenido acceso El País,…

¡Gran mérito del periodismo de investigación!. Es la típica filtración interesada de una fuente oficial a un diario amigo que le garantiza un tratamiento adecuado a sus intereses. Cuando gobernaba Aznar, esas presuntas «exclusivas» solían ir a parar al diaro El Mundo .

No me ha gustado nada ese «también«, tan sesgado, en un titular que pretende ser informativo. Es digno de la cultura periodística laxa de El Mundo y no de la de El País que yo conocí.

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Libertad y expresiones odiosas

MARC CARRILLO en El País

20/02/2007

La penalización del discurso del odio ha resurgido en el debate público europeo. Aprovechando la actual presidencia de la Unión Europea, la ministra alemana de Justicia, Brigitte Zypries, ha propuesto que todos los Estados de la UE penalicen la negación del Holocausto. En la actualidad, varios ya disponen en su legislación penal de una previsión de esta naturaleza. Además de Alemania, Francia, Bélgica, la República Checa y otros, en España, el Código Penal también prevé como acción punible en su artículo 607.2, la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen delitos de genocidio.

Son medidas propias de una modalidad de democracia militante, que el Estado democrático adopta frente a discursos revisionistas de la historia, que niegan la evidencia del exterminio cometido por los nazis de judíos y otras minorías étnicas o políticas.

No obstante, la pregunta ya recurrente que ante este tipo de medidas se plantea es si la libre expresión de ideas queda coartada a través de este singular ius puniendi del Estado. O dicho de otro modo, las expresiones odiosas, despreciables…, ¿son un límite infranqueable en la sociedad abierta? En el ordenamiento jurídico español el tema no está del todo resuelto, puesto que el citado precepto del Código Penal fue objeto de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional hace más de seis años por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona y sigue pendiente de sentencia. Entre los argumentos que este tribunal penal expone para sostener que el precepto en cuestión supone una violación de la libertad de expresión, destacan aquellos que subrayan que las ideas negacionistas no suponen una conducta que pueda encuadrarse dentro de la provocación del delito, puesto que el Código ya sanciona en otros preceptos las conductas que comportan una invitación a violentar otros derechos fundamentales. Por esta razón, sostiene que el bien jurídico protegido resulta muy difuso, dado que lo que el tipo penal del negacionismo está sancionando es la difusión de ideas y doctrinas, sin que además se exija otro elemento adicional definidor del delito, como sería la incitación a la realización de conductas lesivas sobre derechos de las personas. Y concluye afirmando que en nuestra sociedad la sanción penal de una conducta como la que tipifica el artículo 607.2 carece de justificación, puesto que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la limitación de un derecho fundamental ha de quedar justificada por la protección de otro derecho. Un requisito que el delito del negacionismo histórico no cumple.

Es evidente que al respecto la Audiencia adopta una posición liberal. En este contexto, para el mundo jurídico anglosajón la sanción penal de estas conductas no está prevista. David Irving, el conocido y espurio historiador inglés, que ha llegado a afirmar que Hitler era amigo de los judíos, no ha sido perseguido penalmente en su país -a diferencia de Austria- por sus miserables expresiones. En los Estados Unidos, en general, se parte del criterio de que es un fin legítimo del Estado que la libertad de expresión ha de fomentar un debate social completo y abierto, asegurando -como expone el profesor Owen Fiss en su trabajo sobre La ironía de la libertad de expresión- que el público oiga todo lo que debería. En relación con las expresiones de odio el Tribunal Supremo se ha mostrado contrario a su sanción, por rechazables que puedan ser. Así, en su sentencia del caso R.A.V. v. St. Paul 505 U.S. 377 (1992), relativo a la quema de una cruz, invalidó la ordenanza de la ciudad de St. Paul que regulaba las expresiones de odio, porque esa disposición no respetaba el principio de la neutralidad de contenido. En la línea de facilitar el acceso al debate público de todas las expresiones, el Tribunal sostenía que con esta ordenanza el Estado favorecía al tolerante frente al intolerante. Lo que significa que, salvo que la actitud del racista sea directa o implícitamente violenta, no debe haber impedimento jurídico para que la sociedad conozca lo que dice y libremente adopte una posición al respecto.

En el contexto constitucional español ello significa que la negación o el revisionismo de hechos contrastados por la historia, por miserable y odioso que pueda resultar, es una consecuencia más de la libertad de expresión. Un derecho que como manifestación de ideas, opiniones y pensamientos, a través de obras de investigación histórica o de ensayo ideológico, puede resultar tanto un ámbito para las aportaciones que ensalzan la condición humana, como una plataforma de las excrecencias que ponen de relieve la profunda crueldad y miseria de la que el ser humano puede ser capaz. Incluso, con pretensiones de ensayo histórico. Por eso, negar la Shoá o, por ejemplo, no condenar un atentado terrorista, por miserable que sean estas actitudes no son perseguibles en el orden penal.

Cuestión distinta es cuando, por ejemplo, el negacionista actúa también con violencia. Es obvio que entonces la represión penal de la ley democrática ha de ser todo lo contundente que la lesión de derechos exija. Así lo prevé el artículo 510.1 del Código Penal cuando sanciona a los que provocaren a la discriminación, al odio o la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión (…), situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, etc.

Pero el fondo de la cuestión, es la respuesta jurídica a dar a las expresiones de odio que se traslucen en la negación de un genocidio. Desde un punto de vista moral, se puede considerar legítimamente que la negación misma es un acto de violencia contra las víctimas. Pero en términos jurídicos, la expresión miserable no puede ser perseguida con la lógica del ius puniendi del Estado. Cosa distinta es lo que en el ámbito civil pueda llevar a cabo la persona lesionada por la expresión odiosa. Porque, sobre todo, al contrario de las dictaduras, las democracias han de tolerar las controversias más vivas e incluso hirientes. En este sentido, es mucho mejor conocer lo que dice un neonazi, un idólatra de Ataturk y negador del genocidio armenio, un defensor de los exterminios campesinos de Stalin, un revisionista del franquismo, un negador de los crímenes de los militares argentinos, etc. Por otra parte, es un débil argumento jurídico establecer diferencias en función de la singularidad represiva de un determinado genocidio. Las víctimas son todas iguales. ¿No?

Marc Carrillo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra.

FIN

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No lo toquéis más, que así es el himno

05 de febrero de 2007

La polémica sobre el uso o abuso del himno nacional o de la bandera de España en saraos partidistas me trae el recuerdo de aquel poema («¡Que lástima!») de León Felipe, el poeta que nos advierte siempre de los riesgos que tiene desenterrar el hacha fratricida, siempre el hacha.

¡Que lástima! Que lástima que yo no tenga una casa solariega con el retrato de un abuelo que ganara una batalla… Y añado: ni un himno ni una bandera…

También a mi me dan envidia esos otros países que ya superaron la guerra de himnos y banderas o que aún no han entrado en ellas.

Alguna vez he contado (por lo menos a mis hijos) una anécdota que me ocurrió durante la transición política de la dictadura a la democracia.

Iba yo camino de Castellana 3, donde trabajaba a las órdenes del entonces vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril Martorell, y crucé, no sin cierto temor, por una manifestación que transcurría ruidosamente por la plaza de Cristo Rey de Madrid.

No me asustaron las personas que gritaban sus consignas sino las banderas que tremolaban con el aguila franquista y los colores rojo y gualda.

Proseguí, triste, mi camino. Cuando entré en el despacho de Abril Martorell -que antes fue de Carrero Blanco y de Manuel Azaña-, le comenté mi desazón por aquel espectáculo de corte fascista, aderezado con los colores de la que debería ser la bandera de España o sea, la mía y la de mis hijos. Le dije que había sentido miedo al verme rodeado por esas banderas rojo y gualda y que eso no debía ser bueno para la democracia que tratábamos de construir entre todos y para todos.

A los pocos días, el vicepresidente me pidió que leyera un decreto recién publicado en el BOE. Por primera vez, se regulaba el uso no partidista de la bandera de España. Sentí, en aquel momento, la emoción y el orgullo de haber contribuido, al menos en una parte mínima, a la concordia entre los españoles.

¡Que lástima que no tengamos hoy políticos activos de la talla de Fernando Abril que trabajen por la concordia!. Momentos extraordinarios, como el que vivimos, exigen el concurso de personajes también extraordinarios.

¡Anímense!

Metodología

ENRIQUE GIL CALVO en El País

05/02/2007

«Éste es un país de locos», declaró el lehendakari al tener que acudir a declarar como imputado de desobediencia a la Ley de Partidos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y al margen de las consideraciones que también pueden hacerse sobre su misma locura y la de su propio partido, al convocar desafiantes manifestaciones de protesta ante los tribunales que violan al menos en espíritu el imperio de la ley, lo cierto es que Ibarretxe tiene razón. Esto parece una locura, pues la actual espiral justiciera que anima a los intransigentes partidarios de la línea dura en materia de firmeza antiterrorista está dando cada día que pasa una nueva vuelta de tuerca en la misma dirección desprovista de cualquier sentido común, dada su obsesión por rizar el rizo de la persecución inquisitorial a los «culpables» de favorecer el diálogo y la negociación. Y hasta tal punto extreman su postura paranoica que han llegado a caer en el más espantoso de los ridículos. ¿Cómo se puede perseguir judicialmente el simple hecho de dialogar con la izquierda abertzale? Somos el hazmerreír de Europa, en ninguno de cuyos tribunales podrían representarse espectáculos semejantes. Y si no fuera tan trágico, ya que hay muertos por medio, esta farsa delirante resultaría cómica. ¿Acaso han perdido el juicio?

No, no lo han perdido, pues en su locura hay un método. Y como en toda metodología, cabe distinguir entre medios tácticos y fines estratégicos. Respecto a los recursos empleados, la táctica es hacer mucho teatro para escenificar un artificial enfrentamiento melodramático lleno de ruido y de furia que permita llevar la iniciativa, romper la agenda gubernamental (distrayendo la atención con falsos problemas que tapan las cuestiones prioritarias, como la especulación urbanística) y arrinconar a Zapatero contra las cuerdas. Y en este sentido, dada su aureola fatídica, los Tribunales brindan un escenario más melodramático que nuestro redundante Parlamento, donde la crispación y la bronca están a la orden del día. De ahí que a estos «locos» les guste tanto llevar a sus adversarios a los tribunales con razón o sin ella, haciéndoles pasar por la ley del embudo de sus horcas caudinas.

Y respecto al objetivo que pretenden alcanzar estos montajes judiciales, hace ya mucho tiempo que su estrategia política está demasiado clara: es la de hacer un juicio de intenciones ad hóminem, a fin de sembrar la sospecha sobre la legitimidad de nuestros gobernantes, destruyendo así la confianza que depositó en ellos la ciudadanía. Aunque luego la acusación sea falsa y todo quede en nada, el caso es imputar, inculpar y calumniar, con objeto de sembrar la desconfianza y el descrédito sobre los acusados en falso. Es la misma estrategia política seguida por la oposición contra Zapatero: mientras se mantuvo el llamado proceso de paz, se le acusó sin pruebas y en falso de pagar precio político a ETA; y cuando la ruptura del «proceso» ha demostrado que no hubo pago alguno, se le acusa sin pruebas y en falso de seguir negociando en secreto con ETA la forma de reabrir el «proceso». Todo para poder declararlo sospechoso número uno ante la ciudadanía.

Estrategia de la sospecha que se beneficia de su complicidad con la cúpula judicial que comparte sus intereses. Es uno de los grandes fallos de la transición a la democracia, que logró depurar a los militares golpistas pero no supo hacer lo mismo con la judicatura franquista. Y de esos polvos surgen estos lodos, como se demuestra con la negativa del Supremo a revisar los crímenes judiciales del franquismo. De ahí que a nuestra derecha se le llene la boca hablando de la independencia judicial, que aplican de forma sui géneris a la española. Dime de qué presumes y te diré de qué careces, pues sólo son independientes del Gobierno para interpretar las leyes al servicio de la oposición, demostrando así por la vía de sus autos que dependen políticamente de quién les nombró. Una independencia judicial que se reclama no para garantizar la imparcialidad de sus decisiones, como corresponde, sino para inmunizar su sectaria parcialidad a discreción.

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