Denuncia, convoca y acapara. Cada diario con su verbo

En apenas una semana, ya podemos ver la posición aproximada del nuevo diario «Público«. No hay que ser muy fino para concluir que está escorado un poco a la izquierda de El País o que, al menos en las formas, es más cañero y radical.

También lo veo muy lejos de El Mundo, casi en sus antípodas. Por tanto, El País se nos va quedando en el centro del espectro de los diarios nacionales de pago, lo que no se si eso -a veces, en tierra de nadie- es bueno para su cuenta de resultados.

Pedro Jota – con las pecaminosas bendiciones episcopales de la COPE– cada día está más agresivo con ABC y La Razón a quienes pretende arrebatar el lector de derechas y/o de extrema derecha.

Sin ningún recato, El Mundo le hace (¿gratis?) la campaña electoral al PP. Está en su derecho. Cada día nos recuerda, con menor o mayor intensidad, los males que cree que nos aquejan o amenazan, naturalmente, y a su juicio, por culpa de Zapatero.

Hay una larga lista:

España se rompe, la bandera de España ignorada o pisoteada, persecución ligüística, el catalán arricona al castellano, no pintamos nada en el mundo, Bush se ríe de nosotros en la cara de Zapatero, el retrato del Rey en llamas, la Monarquía en peligro, los catalanes se lo llevan todo y no queda nada para los demás, ETA , más crecida que nunca, campa por sus respetos, el Gobierno se rinde ante ETA y el PNV, la economía en recesión, etc, etc. (Menos mal que no hay pertinaz sequía para culpar de ella a Zapatero).

Con razón o sin ella, retorciendo a veces la realidad o simplemente mintiendo, El Mundo alimenta a sus creyentes con lo que más gusta a su paladar, por amargo que sea.

Estamos en campaña electoral y ya sabemos (o, al menos, así lo creo yo) que votamos con el corazón (alguna vez, con las vísceras) y no con el cerebro ni con la cartera, como se empeña en decirnos la sabiduría convencional.

Público está en el lado opuesto a El Mundo y no pierde ripio. Hoy lleva la guerra de Irak a portada, con un gran titular tipo reportaje, para avergozar a Bush y a quienes apoyaron la invasión ilegal de ese país:

Los crímenes de los mercenarios

Y este subtítulo:

El Congreso de EEUU denuncia las atrocidades de los pistoleros de Blackwater

En consonancia con el recuerdo negro que nos trae de la guerra de Irak lo que, unido a las mentiras sobre el 11-M del «trío Pinocho«, dejó K.O. al Gobierno de Aznar, Público lleva hoy, arriba, un titular de campaña electoral que nunca veremos en El Mundo:

El PP acapara los símbolos

Pero (¡ojo!) lo que más me ha llamado la atención de su portada ha sido el antetítulo que Ignacio Escolar ha puesto, en rojo, a este titular del PP:

Patrioterismo

PAGS. 4 y 5

Se ve que estos jóvenes de Público vienen sin complejos y no les importa que se les vea el plumero desde el primer día. A mi me gustan las cosas claras. Por eso, puedo decir que en el periodismo que a mi me enseñaron mis viejos maestros no figura esa palabra tan peyorativa (patrioterismo) como parte de un título que pretende ser informativo.

Es una palabra espléndida para un comentario editorial o un artículo de opinión, pero muy inadecuada para una información sobre hechos, a menos que se le atribuya a alguien.

Los hechos son sagrados, las opiniones, libres.

Un diez a Ignacio Escolar por publicar la columna de nuestro Manuel Saco y un cero por esto del «patrioterismo» (por muy cierto que sea, en mi opinión) en un titular con aspecto tipográfico informativo.

Los navajazos tipográficos, por favor, deberían ir en cursiva.

Interesante editorial de El País sobre el «acoso real«. Lo pego aquí. Y como no me da tiempo para opinar sobre el tema, pues tengo que hacer un recado, diré que, siendo yo republicano de toda la vida, apoyo al rey Juan Carlos porque ha cumplido con un compromiso de libertad que tomó el día que fue coronado por las Cortes franquistas: la Monarquía de todos (creo que este título es mérito de Luis María Anson). Los ideales de libertad y de solidaridad de la República coinciden hoy con los ideales democráticos de la Monarquía Parlamentaria recogida por la Constitución de 1978. Cuando digo «¡Viva el Rey!» estoy diciendo, a la vez, «¡Viva la libertad»!.

Si el Rey de España se pusiera algún día al lado de un general golpista que amenazara nuestras libertades (como hizo su lamentable abuelo Alfonso XIII con el general Primo de Rivera el 23 de septiembre de 1923), entonces me tendría a mi en contra con todas mis fuerzas. Por ahora, el Rey me tiene a su favor con las mismas fuerzas.

Ahí queda eso.

Bueno, me voy corriendo que no llego.

TRIBUNA en El País: RAFAEL MATEU DE ROS

El ‘caso Sogecable’

El autor recuerda el «directo y feroz» ataque político y judicial lanzado en 1997 contra el Grupo PRISA y su presidente. RAFAEL MATEU DE ROS en El País

03/10/2007

Resulta difícil olvidar, al hilo del recuerdo del fallecido presidente del Grupo PRISA, Jesús de Polanco, los meses difíciles, inciertos, peligrosos, que le tocó vivir en primerísima persona, durante el llamado caso Sogecable. No fue una anécdota. El caso Sogecable fue un ataque directo y feroz contra los intereses del Grupo PRISA desencadenado por fuerzas políticas o sociales que pusieron todo el empeño del mundo en utilizar una excusa insignificante para organizar un proceso criminal en toda regla contra el Consejo de Administración de Sogecable.

Deberíamos saber algún día quiénes movieron las cuerdas del guiñol en ese oscurísimo episodio

Fue un aciago ejemplo de instrumentalización de la justicia para la satisfacción de intereses particulares, algo en lo que algunos accionistas no ya minoritarios sino marginales de determinadas sociedades cotizados se han convertido en especialistas, como un conocido y obsesivo abogado recientemente fallecido. Se ha dicho siempre -y nunca se ha desmentido- que la instrucción penal -con toda la parafernalia de un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional- fue incitada o dirigida desde el Gobierno en el poder o -más bien- desde algún núcleo concreto de ese Gobierno o del partido que lo sustentaba. No lo sé. Lo cierto es que alguna fuerza poderosa movía los resortes de aquel desdichado juez, de aquel fiscal imprevisible -que por sistema se oponía a todas las solicitudes de sobreseimiento- y de aquellos extravagantes y marginales abogados que tuvieron en vilo, durante meses, a todos los consejeros de Sogecable, incluidos no sólo los altos directivos de PRISA, sino también los representantes en el consejo de accionistas como Grupo March, BBVA y Bankinter. Aquel incidente rompió para muchos, quizás de manera irremediable, la credibilidad del partido político de referencia o -mejor dicho- la de quienes entonces estaban al frente del mismo. En los saraos de algunos amigos muy próximos al entonces presidente del Gobierno, encumbrados por él a la presidencia de grandes empresas todavía entonces públicas, el juez Gómez de Liaño era jaleado como un héroe.

Tengo a la vista, cuando escribo estas líneas, la querella firmada por el procurador de Jesús Cacho Cortés, el 29 de abril de 1997, a la que luego se adhirieron otros, «al tener noticia de la incoación» por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de las diligencias previas número 54/97-10 referentes a «idénticos o semejantes hechos». ¿Quién instó esas diligencias? ¿La denuncia de Jaime Campmany como hecho aislado? ¿Quién concitó la voluntad del instructor, la del fiscal y la de la parte querellante?

La excusa era nimia: la «supuesta apropiación» de los depósitos entregados en concepto de fianza por los suscriptores de Canal + al alquilar los descodificadores. Según los querellantes esos depósitos debían de haberse contabilizado de manera diferente a como lo hizo la empresa y deberían haber quedado inmovilizados. Sobre tan peregrina argumentación, desmentida por auditores y asesores y por los propios clientes de la plataforma, se montó una querella de chiste por «delitos de apropiación indebida, estafa y delito societario de falsedad» que, increíblemente, fue admitida a trámite por el juez Gómez de Liaño, alentada por el Ministerio Fiscal y que provocó multitud de sesiones en la Audiencia Nacional -en la mayoría de las cuales estuve presente-, recursos y apelaciones, para finalizar en la condena firme del juez por parte del Tribunal Supremo por delito de prevaricación y el vergonzante indulto que posteriormente le concedió el Gobierno.

Antes de que todo esto sucediera, Jesús de Polanco, Carlos March y varios administradores más de Sogecable tuvieron que soportar durísimos interrogatorios en los que Liaño y el fiscal intervenían apostillando y endureciendo en muchos casos las preguntas de las acusaciones particulares e imponiendo a diestro y siniestro medidas cautelares notoriamente desproporcionados, todas las cuales la Sala de la Audiencia Nacional anulaba con posterioridad. Recuerdo perfectamente cuando decidió retener el pasaporte del señor March y la habilidad con la que Juan Luis Cebrián a través de un incidente de recusación más que justificado, consiguió evitar declarar ante el juez que -se dijo entonces- estuvo a punto de decretar su prisión cautelar. No llegó a tanto el entonces juez, pero sí extendió todo lo que pudo el alcance de las medidas económicas y el efecto sorpresa con el que pretendía tener bajo presión en todo momento a los imputados.

El 20 de junio de 1997, después de toda una mañana de interrogatorio y declaración, en la que Polanco hizo gala de un temple y un aplomo extraordinarios, y frisando ya el fin de la mañana de ese viernes, la secretaría del juzgado notificó la imposición al declarante de un aval de 200 millones de pesetas que debería ser depositado en el Juzgado a la mayor brevedad posible. Algunas acusaciones pretendieron elevar el aval a 4.000 millones de pesetas. Eran más de las dos y media de la tarde y todo el mundo en el juzgado daba por hecho que el aval no podía ser constituido hasta el siguiente lunes por la mañana, lo que suponía para el interesado el grave riesgo de ser detenido cautelarmente en cualquier momento. No hubo lugar. Ante la sorpresa del secretario, 15 minutos después de ser notificado el auto y antes de que la Secretaría del Juzgado cerrara a las tres de la tarde, el aval de Bankinter -autorizado y preparado de antemano con la cifra en blanco- fue firmado y entregado por mí al secretario, que no tuvo más remedio que aceptarlo y dar por constituida la garantía, no sin antes requerirme para que le justificara el carácter solidario de mi poder de representación y la suficiencia de límite, requisitos que obviamente se cumplían. No sé quéhubiera sucedido en otro caso. A Polanco se le impuso además la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, estar en todo momento a disponibilidad del mismo y no ausentarse del territorio nacional sin autorización del juez, que, al menos en una ocasión, le fue denegada.

Por cierto, nunca me encontré en las reuniones con Polanco al magnate prepotente que describen sus adversarios. Más bien, todo lo contrario: Jesús era un señor amable, un pasiego inteligentísimo, campechano, divertido y franco, que, por citar un ejemplo, nos firmó enseguida las contragarantías bancarias de rigor como cualquier cliente de a pie.

Hay otra anécdota del caso que no me resisto a dejar de comentar. En aquellos días vino a visitarme a mi despacho de Bankinter, por otro asunto, un familiar muy íntimo del juez. Al hacerle partícipe yo de nuestra preocupación por la probable comparecencia en la Audiencia Nacional del representante del banco en el consejo de Sogecable -también imputado como todos los demás- me llamó al poco tiempo para decirme que estuviéramos tranquilos, que nuestro representante nunca iba a ser llamado a declarar -lo que así sucedió por rara excepción- y que el asunto no iba contra nuestros intereses. Desde luego que no.

A Jesús de Polanco este episodio, tan arbitrario, le amargó profundamente durante un tiempo. No debería caer el silencio sobre el atropello tan grave que sufrieron los consejeros de Sogecable. Deberíamos saber algún día quiénes movieron las cuerdas del guiñol en ese oscurísimo episodio de nuestro reciente pasado. Mi recuerdo y mi respeto también para dos de los abogados que formaron parte del equipo de abogados y que ya no están con nosotros: el incombustible y eficaz Diego Córdoba y mi inolvidable amigo Santiago Ilundain, que defendía, con su proverbial maestría en lo mercantil y en lo fiscal, a los auditores igualmente imputados.

Rafael Mateu de Ros es abogado.

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