La pederastia y la COPE no son de este Mundo

1. Dice ser no me lo digas!!

   muy buen trabajo de observación, Martínez Soler. Los medios se dan patadas por dejar claro su desvinculación política y moral en las noticias, pero todos sabemos que eso es imposible. Ya sea de izquierdas, de derechas, monárquico o republicano, al final los ideales políticos se imponen sobre el objetivismo que ha de estar presente en toda noticia. Por ello me es imposible leer determinados periódicos o ver determinados telediarios. Como el objetivismo está perdido, me es imposible ser objetivo yo mismo a la hora de comprar un periódico. Prefiero, por desgracia, un periódico que me va a dar las noticias acorde con mis ideales, aunque no pierdo la esperanza por encontrar ese periódico objetivo. tal vez 20 minutos??

   20 mayo 2006 | 15:14

2. Dice ser Johnymepeino

   Los que quedamos del S.XX aún conservamos el espíritu crítico, por lo tanto nos da para leer EL PAIS los domingos junto con LA RAZON.Lunes el ABC con el PERIODICO de CatalunyaMartes… y así hasta el infinito.El franquismo nos obligó a desarrollar la sordina. Uno puede aportar datos, el otro insinuar causas , el tercero una pincelada sobre las consecuencias de la noticia a nivel bursátil.Lo absurdo es casarse empecinadamente con un diario aunque sea próximo a nuestra ideología.

   20 mayo 2006 | 17:04

3. Dice ser david

   Lo que sí te va a ser díficil encontrar es la noticia de los Legionarios en la COPE.Eso sí, todas las relacionadas con la ruptura de España.Tampoco la busques en La Razón, perderás el tiempo y seguro que al detenerte en algún artículo lo único que conseguirás es hacerte mala sangre.

   20 mayo 2006 | 17:23

4. Dice ser axteta

   Al contrario de lo que mucha gente piensa, esta bien que los periódicos tengan distintas tendencias. Lo imprescindible es que los lectores sepamos quien es el dueño y de que pie cojea. Si todos dieran las mismas noticias con 20minutos ya tendríamos suficiente. ¿O no?.

   20 mayo 2006 | 20:59

5. Dice ser guronial

   Pedrastas en la iglesia católica…terroristas asesinos del GAL en la clase dirigente del PSOE…no sé a dónde vamos a llegar a parar…Otegi en la calle y la policía del PSOE dedicando todos sus esfuerzos a detener ilegalmente a jubilados del PP………el nacionalsocialismo sigue vivo…

   21 mayo 2006 | 02:06

6. Dice ser guronial

   Todos los imputados por el 11M trabajaban para la policía.Tranquilos, no os pongais nerviosos, dentro de poco El Mundo tiene previsto sacar las noticias fuertes.

   21 mayo 2006 | 02:11

7. Dice ser kuki

   El día 25 de enero de 2005 se celebró en Madrid una multitudinaria manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo con el lema «Memoria, Dignidad y Justicia con las Víctimas del Terrorismo». Entre los manifestantes se hallaban dos militantes del Partido Popular, Isidoro Barrios y Toñi de la Cruz. Una vez comenzada la marcha, hizo su aparición el entonces ministro de la Defensa, José Bono.Durante algún tiempo, el ministro caminó flanqueado por varias víctimas del terrorismo etarra, alguna de ellas procedentes de Navarra, sin que nadie le hiciera objeto ni de muestras de aprobación ni de desaprobación. Uno de ellos, Salvador Ulayar, le relató el calvario que padecieron desde el asesinato de su padre, que había sido alcalde en los últimos años del franquismo de Echarri Aranaz, municipio navarro que de ser un feudo carlista había pasado a convertirse en granero de terroristas de ETA.No debió gustarle esta conversación al ministro, porque en un momento dado sacó su teléfono móvil, hizo una llamada y abandonó a sus acompañantes para encontrarse poco después con la eurodiputada socialista Rosa Díez. Fue entonces cuando se produjeron los primeros incidentes. Mientras algunos vitoreaban a la valerosa militante socialista, otros comenzaron a increpar a José Bono. Se oyeron insultos amenazadores (también algunos aplausos) y en vista de que la tensión iba en aumento, los tres policías que le acompañaban, más otros tres de la escolta de Rosa Díez, a los que se sumaron cinco policías de la Brigada Provincial de Información más otros tres de la Primera Unidad de Intervención Policial, es decir, un total de catorce agentes, formaron una «cápsula de seguridad» para evitar que nadie pudiera acercarse al titular de Defensa del Gobierno de Rodríguez Zapatero.Finalmente, Bono optó por abandonar la manifestación. Para ello los catorce policías de escolta hubieron de emplearse a fondo y esta fue la causa de que se produjeran algunos empujones y zarandeos, pero finalmente lograron su objetivo sin que el ministro hubiera sido objeto de agresión alguna. Rosa Díez regresó a la manifestación donde fue recibida con muestras de simpatía.El baile de los instructoresEn la Brigada Provincial de Información se hallaba aquel día como jefe del servicio de retén, su inspector-jefe Javier Fernández Gómez que ordenó la apertura de diligencias policiales para depurar las posibles responsabilidades penales. Uno de los inspectores (número 56.589) que había prestado el servicio de escolta redactó una nota informativa en la que consideraba como un «logro» que las autoridades protegidas no hubieran sido objeto de agresión alguna. Esto debería de haber bastado para cerrar el asunto. Pero el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información, Rodolfo Ruiz Martínez, decidió que esto no era suficiente.El lunes 24 de enero de 2005, es decir, dos días después del suceso, el comisario Ruiz Martínez ordena al instructor inicial de las diligencias que ceda la instrucción al inspector jefe de la Brigada Provincial de Información (número 16.444). Se toma declaración a los agentes que formaron parte del operativo policial de protección al ex ministro quienes afirman que no se produjo «ningún tipo de agresión física en las personas que en ese momento se protegían». Además el instructor procedió a «visionar» los vídeos grabados por las cámaras de televisión que, casualmente, habían acompañado a Bono.Mientras el nuevo instructor y el secretario se hallaban en la sala de televisión de la Brigada Provincial de Información entró el comisario jefe de la misma, Rodolfo Ruiz Martínez y se produjo el siguiente diálogo: «Jefe, no se ve nada», le comentó el instructor. La respuesta fue antológica: «Si el ministro dice que le han pegado, le han pegado y eso no se cuestiona». Por cierto, que este comisario, otra casualidad más, antes de ser promovido por el Gobierno socialista a la Jefatura de la Brigada, se hallaba al frente de la comisaría de Vallecas, donde en la madrugada del 12 de marzo de 2004 «apareció» la decimotercera mochila.A pesar de ello, Javier Fernández Gómez redactó una nota informativa donde se refleja que «se logró que las autoridades en ningún momento fueran agredidas físicamente por parte de esos incontrolados». Esta nota se remitió a la Dirección General de la Policía. Poco después, el Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Constantino Méndez, en rueda de prensa declaró con manifiesta falsedad que «calculaba que pronto habría identificaciones y detenciones porque había suficientes indicios en la investigación policial». El comisario jefe de la Brigada de Información y el inspector-jefe Javier Fernández Gómez escucharon por la radio al Delegado.»Hazlo o vamos a tener problemas»El martes 25 de enero entra en escena el diario El País. En él se informa que dos militantes del PP de Las Rozas, Isidoro Barrios y Toñi de la Cruz, habían sido identificados entre los presuntos agresores del ministro Bono. El inspector Javier Fernández Gómez telefonea a Isidoro Barrios requiriendo su presencia en las dependencias policiales acompañado de abogado. Para facilitar su traslado, le envía un vehículo, sin distintivos policiales, a recogerle. Barrios contacta con su compañera de partido Toñi de la Cruz Bravo que decide acompañarle a prestar declaración.Mientras esperan la llegada de los citados, comparecen ante el instructor los tres escoltas del ministro Bono quienes tras ver el vídeo del incidente coinciden en que no hubo agresión física por impedirlo la cápsula de seguridad. Los tres comparecientes firmaron su declaración iniciada a las 10:45 horas. Pese a ello, el inspector-jefe Javier Fernández Gómez indica al instructor (16.444) que cuando llegaran los dos militantes del PP procediera a detenerlos y les leyera sus derechos, todo ello según órdenes del comisario Rodolfo Ruiz Martínez. El instructor se niega a hacerlo por no encontrar motivos para su detención. Javier Fernández Gómez le conmina: «Hazlo o vamos a tener problemas».Poco después, el inspector-jefe indica al instructor que no se preocupara por nada, porque él iba a ser quien ejerciera tal función, requiriéndole para que le asistiera como secretario, a lo que aquél se negó. En ese instante, hace acto de presencia el comisario jefe de la Brigada y cuando el instructor trata de argumentarle que no había motivos para practicar la detención ordenada, Rodolfo Ruiz Martínez le interrumpe para comunicarle que «estaba cesado como instructor de las diligencias» y que «abandonara el despacho inmediatamente».Cuando llegan los militantes del Partido Popular, en torno a las 13 horas, el inspector jefe, ya en funciones de instructor, les hace «información de derechos del detenido». Los detenidos estuvieron en dicha situación hasta las 16 horas, en que el nuevo instructor decide ponerlos en libertad.Mientras se tomaba declaración a los detenidos, los escoltas del ministro Bono comparecen de nuevo ante el instructor para entregar una nota manuscrita, inducida por el Jefe de la Brigada, en la que ampliaban su declaración anterior para dejar constancia de que «en un determinado momento se produjo una situación de violencia extrema, hasta el punto de que en algunos momentos nos vimos superados por la gran cantidad de personas que intentaban agredirle con sus manos, pies y algunos objetos contundentes al ministro». Añadían en su nota que «por esta razón centramos nuestra actuación en repeler e intentar evitar las agresiones, hechos por el cual no pudimos prestar especial atención a la fisonomía de los agresores».El instructor procedió a incluir el manuscrito en el texto de la comparecencia practicada al comienzo de la mañana. El acta de la comparecencia así complementada figuraba como instructor el inspector número 16.444, lo que obligó a imprimirla de nuevo consignando como instructor al inspector-jefe Javier Fernández Gómez, firmándola los escoltas del ministro Bono.Falseamiento del atestado policialA las 5 de la tarde de ese mismo día, ante el revuelo creado por la detención de los dos militantes del PP, el Jefe Superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño, ordenó que se le remitiera por fax copia de las declaraciones y diligencias practicadas. Fue entonces, cuando el Jefe de la Brigada Provincial de Información, Rodolfo Ruiz Martínez, y el instructor, Javier Fernández Gómez decidieron rehacer el original del atestado, omitiendo lo actuado por los dos primeros instructores e introduciendo un nuevo relato donde inflaron o abultaron los hechos «para que sirviera de justificación de las dos detenciones que habían practicado» (folio 19 de la Sentencia de la Audiencia Provincial).Para dar mayor verosimilitud al nuevo atestado requirieron la presencia del primer instructor a quien conminaron a firmarlo, cosa que hizo porque «no quiso aumentar la situación de tensión que se vivía en la Brigada» y evitar correr la misma suerte que el segundo instructor. El jefe de la Brigada y su inspector-jefe destruyen el original primitivo. En el atestado se incluye la referida nota manuscrita de los escoltas del ministro Bono como si se hubiera producido a las 22 horas del día 22 de enero. También incluyeron unas manifestaciones del ministro de Defensa que había declarado a los medios de comunicación que «había sido objeto de amenazas, empujones y puñetazos, uno de ellos en las costillas». Añadieron asimismo que los militantes del PP se hallaban en las proximidades del ministro de Defensa «adoptando una actitud y gestos amenazantes», lo que no se desprendía en modo alguno del «visionado» del vídeo del incidente. No contentos con haber falseado las diligencias, los jefes policiales «hacen desaparecer informáticamente el cuerpo original del atestado 305, destruyen la inicial comparecencia de los agentes 56.589 y 79.914, así como su diligencia de gestiones, ambas impresas, firmadas y selladas, y destruyen la inicial comparecencia de los escoltas del señor Bono, igualmente impresa, firmada y sellada» (folio 23 de la sentencia de la Audiencia Provincial).El atestado así falsificado se remite al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, quien con fecha 14 de junio de 2005, dictó auto acordando el sobreseimiento provisional por entender que no había quedado acreditado que los acusados por la Policía participasen en la agresión referida por el ministro Bono o en el intento de agredirle.El relato anterior es fiel reflejo de los «hechos probados» de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que el pasado 8 de mayo de 2006 dictó sentencia contra Rodolfo Ruiz Martínez y Javier Fernández Gómez, a quienes condena por un delito de detención ilegal a la pena de dos años de prisión, inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años, y a una indemnización solidaria de 12.000 euros, cantidad que serán satisfechas ambas a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Asimismo, condena por un delito de falsificación de documento público a la pena de 3 años de prisión, multa de seis meses, con una cuota diaria de seis euros (1.080 euros en total) e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos años, a Rodolfo Ruiz Martínez, Javier Fernández Gómez y José Luis González Salqueiro (secretario del atestado falseado). Finalmente, condena a Rodolfo Ruiz Martínez, como autor responsable de un delito de coacciones, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a una pena de seis meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros (1.080 euros en total). Los condenados deberán hacer frente a las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.—————El que fuera ministro del Interior y hoy ministro de Defensa, José Antonio Alonso, compareció en el Congreso a requerimiento del Grupo Popular para dar su versión de lo ocurrido. Sostuvo que hubo agresión contra el ministro Bono y avaló la versión de los policías condenados, llegando incluso a rechazar que hubiera habido «tres instructores de las diligencias», afirmando además que «es falso que el comisario-jefe expulsara de las dependencias policiales a un funcionario».Los hechos probados por la Audiencia Provincial demuestran que el ministro Alonso no sólo no dijo la verdad en el Parlamento sino que defendió y, por tanto, encubrió la conducta delictiva de los condenados. Consintió, además, que se enviara al ostracismo al inspector número 16.444 que, dando prueba de una encomiable entereza, se negó a cumplir la orden de detención ilegal.La petición al ministro Alonso para que presente la dimisión es proporcionada ante la gravísima violación de los derechos fundamentales de los dos militantes del Partido Popular. Conviene recordar que el artículo 17.1 de la Constitución proclama que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad y determina que nadie puede ser privado de su libertad sino en la forma y en los casos previstos por la ley.En las proximidades del ministro Bono se hallaba un sinnúmero de personas, aunque la «cápsula de seguridad» impidió que pudieran acercarse al mismo y, por tanto, agredirle, si alguien tuvo intención de hacerlo. ¿Por qué se detuvo, precisamente, a los militantes del PP? Sin duda para transmitir la idea de que la oposición practica o convive con actitudes de la extrema derecha. Se trató de una detención por razones políticas. Resulta sospechoso que fuera el diario El País quien identificara precisamente a los dos militantes del PP de las Rozas. Y más aún que el delegado del Gobierno, que sin duda actuó con el conocimiento de la cúpula del Ministerio del Interior, hubiera anunciado las detenciones cuando no había ni un solo dato objetivo que avalara tal decisión. La Audiencia Provincial es en este punto prudente, pero «tiene la leve sospecha de que las previsiones o vaticinios de las detenciones» que hizo Constantino Méndez –que al menos ha tenido la gallardía de asumir sus responsabilidades políticas, tal vez con la esperanza de servir de «cortafuegos» del incendio que podía abrasar al compañero de pupitre del presidente Rodríguez Zapatero– «pudieron haber influido en el proceder de ambos acusados, quienes se olvidaron que son Policía Judicial, sirvieron a fines o criterios que son contrarios a la justicia que propugna un Estado de Derecho e hicieron ciertas las afirmaciones del señor Delegado del Gobierno en Madrid».Memoria histórica: la doctrina del PSOE sobre la responsabilidad políticaHagamos un poco de memoria histórica. Recién instaurada la democracia en España se produjo un hecho que puso en pie de guerra, y no sin razón, al Partido Socialista. El 27 de agosto de 1977 se produjo un grave incidente en Santander. Jaime Blanco, diputado socialista, fue detenido en el curso de una algarada por defender a un ciudadano que estaba siendo reducido por un agente de la Policía Armada como autor de los disturbios producidos al término de una manifestación convocada por la izquierda en pro de la autonomía de Cantabria. El alborotador, a causa de la intervención del diputado, pudo darse a la fuga. Hubo dos versiones contrapuestas. El diputado afirmó que se había identificado como tal y a pesar de ello había sido detenido y conducido a dependencias policiales. En el camino al cuartel de la Policía Armada fue agredido por un agente de paisano fuera de servicio. Los policías que practicaron la detención mantuvieron que no conocieron la condición de diputado de Blanco hasta que estuvieron en el cuartel policial. Tan pronto como el jefe de la Policía Armada fue informado de su detención ordenó su puesta en libertad. Se abrió expediente disciplinario al agente agresor del diputado.El portavoz socialista, Gregorio Peces Barba, denunció lo ocurrido de inmediato a la Mesa del Congreso que designó una comisión de investigación integrada por el centrista José Luis Navarro y el entonces comunista Pablo Castellano. El informe se debatió en la sesión del día 13 de septiembre de 1977 y al día siguiente se presentaron diversas mociones. El PSOE no pidió la dimisión del ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, pero sí lo hicieron los socialistas catalanes. Las mociones de reprobación del ministro no prosperaron. Fue el primer pleno de la democracia y la detención ilegal constituyó el único punto del orden del día.En aquella histórica sesión, los socialistas abogaron por la urgente necesidad de reconvertir a los cuerpos policiales procedentes del régimen franquista para transformarlos en una verdadera policía democrática no represiva sino garante las libertades recién estrenadas.Merece la pena recordar la postura de Felipe González:Nosotros concebimos y defendemos la existencia de las Fuerzas de Orden Público. No pretendemos, como se hizo en los comienzos del régimen franquista, ni supresiones ni creación de Cuerpos generales distintos. Simplemente queremos que las Fuerzas de Orden Público se sitúen en el papel que les corresponde. Es decir, en el papel de defensores de la legalidad democrática que, en definitiva, es la voluntad emanada de la mayoría del pueblo… Queremos que las Fuerzas de Orden Público actúen con reglamentos claros, que en su propio seno se elimine cualquier comportamiento arbitrario; que conozcan sus derechos y facultades, que actúen, en definitiva, al servicio del pueblo y para el pueblo.Más contundente se mostró Alfonso Guerra:Hay, sin duda, una responsabilidad directa de los números de las Fuerzas de Orden Público que puedan cometer una falta, pero ésa es una responsabilidad menor; la mayor es la delegada, la que pertenece a las autoridades gubernativas, en este caso al Gobernador Civil y al Ministro del Interior… Para nosotros se trata de mucho más que del hecho del incidente con un Diputado. Se trata del respeto de los derechos humanos, porque sino hubiese sido un Diputado, tal vez los jóvenes golpeados el 27 de agosto en Santander no hubieran podido hacer llegar a la opinión pública la existencia de este incidente. Se trata, por tanto, del respeto de los derechos humanos que todos debemos defender, entre ellos las Fuerzas que, justamente por ser de Orden Público, están comprometidas en su respeto.Y sentenció:Pero en verdad, ante estos sucesos, ¿quién tiene que responder ante las Cortes? Desde luego, no los autores materiales, que están cumpliendo órdenes, instrucciones. Tiene que responder el Gobierno, y concretamente el Ministro del Interior… Y de todo esto, ¿quién es el responsable? El responsable es usted, señor Martín Villa, usted, señor ministro del Interior; usted, que es el símbolo del franquismo en este Gobierno.Los hechos posteriores demuestran que Rodolfo Martín Villa, procedente de los sectores reformistas del franquismo, tuvo éxito en la difícil y delicada tarea de transformar a la temida Policía Armada en una policía al servicio del binomio libertad-seguridad. A él se debe el cambio de denominación –Policía Nacional– que llevaba implícito el abandono de comportamientos represivos para convertirse en un cuerpo de defensa de las libertades y de la seguridad de los ciudadanos.Por eso resulta inconcebible que un partido, cuyos máximos dirigentes defendían con tanta contundencia la necesidad de esa policía democrática, olvide cuando está en el poder que el respeto a la ley y a los derechos humanos figura en el frontispicio de nuestro Estado social y democrático de Derecho.Con el agravante de que el ministro del Interior, encubridor de una actuación tan manifiestamente ilegal, pertenece a la carrera judicial. La Justicia ha hablado y ha desautorizado, a pesar del bochornoso amparo de la Fiscalía General del Estado, no sólo a los policías que tan abusivamente actuaron sino al ministro del Interior y al Gobierno por mandar al ostracismo a un policía ejemplar que cumplió con su deber al negarse a ejecutar una orden ilegal, injusta y arbitraria. Al ponerse, por puro sectarismo político, del lado de los que delinquieron para beneficiar al partido en el poder, el ministro Alonso ha menguado casi hasta el extremo la legitimidad moral para sentarse en el Consejo de Ministros. También el ministro Bono mintió, según la sentencia, cuando afirmó haber sido agredido.Pero Alonso resistirá. Su estrategia pasa por parapetarse en primer lugar detrás del presidente del Gobierno y después en los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia Provincial demorando ad calendas grecas cualquier asunción de responsabilidad. Pero los hechos probados son irrefutables y las responsabilidades políticas, ineludibles.Post scriptumDespués de escrito este artículo, y el mismo día en que en el Congreso el Grupo Popular iba a exigir la dimisión del ministro Alonso, la cadena SER revela que una ciudadana navarra, que quiere mantener su identidad en el anonimato, había presentado en el Juzgado número 4 de Pamplona una denuncia acusando a los dos militantes del PP de intento de agresión al ministro Bono. Según su versión, no sólo vio el intento sino que consiguió evitar que los denunciados lograran su propósito. Pronto supimos que se trataba de una militante socialista y otros testigos presenciales han declarado que se trata de una incalificable fabulación. Por otra parte, se olvida que la sentencia de la Audiencia Provincial ha establecido de manera indubitada que el ministro no fue objeto de agresión alguna. Ampararse en el falso testimonio de una de sus militantes o el de su marido demuestra que el PSOE no tiene ninguna intención de regresar al idealismo democrático de la transición. Pobre España.

   21 mayo 2006 | 02:28

8. Dice ser paketep

   Pero qué pesado que eres, kuki!. No puedes colgar ese coñazo en una página web y conformarte al menos con linkarlo?.Me aburro de tener que saltarme vuestros rollitos conspiranoicos cada vez que pasáis por los comentarios de alguien. Ya que no respetáis nuestra inteligencia, respetad al menos las ruedas de nuestros ratones, que no tienen la culpa!

   21 mayo 2006 | 11:52

9. Dice ser Letizio Pantoja

   NI una tregua contra estos malnacidos. unete a la red blogger contra la Pederastia

   08 mayo 2008 | 11:36

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