Hay tramos de autopista que tardaron años en adjudicarse por la oposición y el miedo de determinados ayuntamientos a perder el negocio derivado del paso de los automóviles por sus cascos urbanos. Si por ellos fuese, los viajes de Madrid a Ourense seguirían durando seis horas, en el mejor de los casos. Para que bares y gasolineras locales salvaran su negocio, los automovilistas debían perder su tiempo y su dinero.
Algo parecido ocurrió cuando, varias décadas atrás, los ayuntamientos habilitaron como peatonales las calles del centro de las ciudades: tuvimos que soportar manifestaciones y presiones del más grueso calibre por parte de comerciantes temerosos de que los clientes ya no entrasen en sus tiendas por no poder acceder a ellas en coche. Lo que resultó ser un cálculo completamente erróneo.
Ahora son las asociaciones de bares y restaurantes quienes calculan en cien mil, y hasta en doscientos mil (el cálculo debió de ser encargado a la agencia que mide los manifestantes del PP) los empleos que se perderán si los fumadores no pueden fumar dentro.
¿Pero cuántas varas de medir tiene el progreso?