Hoy martes debería comenzar en esa reunión de amiguetes en que se ha convertido el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la deliberación de si se admite a trámite o no la querella presentada por el partido Socialista contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el ex secretario general del PP valenciano (supongo, aunque no pondría la mano en el fuego), Ricardo Costa, la tesorera, Yolanda García, y catorce populares más, presuntamente relacionados en la trama de corrupción Gürtel.
En esa reunión no está en juego tanto el destino político de Camps y los demás presuntos implicados, sino, una vez más, y van dos, el concepto de imparcialidad de juicio, al que todos los españoles tenemos derecho.
Que el presidente del tribunal, De la Rúa, que fue calificado por Camps como “más que amigo”, se mantenga en esa causa vuelve a poner en entredicho el papel higiénico del Consejo General del Poder Judicial como árbitro entre jueces y ciudadanía.