La subida de impuestos ha dejado de ser un globo sonda veraniego para convertirse en otro de los ejes de enfrentamiento político entre Gobierno y oposición, como hemos podido comprobar esta mañana durante el debate que han mantenido en el Congreso la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro.
No sólo eso, si no que la difusa reforma fiscal dibujada por el Ministro de Fomento, José Blanco, durante sus bolos periodísticos estivales, se perfila como uno de los elementos centrales en la discusión sobre cómo y cuándo España podrá dejar atrás lo peor de la crisis.
El hecho es que, si nos atenemos a las cifras que conocemos hasta ahora, y a falta de mayor concreción sobre el alcance de la subida del IRPF, sus efectos parecen más que limitados y los beneficios escasos para el mucho ruido que genera esa medida.
Si se mantuviera el concepto de «rentas altas» que se aplicó en el último debate del Estado de la Nación -las que superan los 24.000 euros de ingresos anuales- cuando se habló de suprimir la desgravación por hipoteca a ese tipo de rentas , el aumento de impuestos afectaría a 5,36 millones de contribuyentes.
En cambio, si se aceptan las tesis de los partidos de izquierda y de los sindicatos para que afecte sólo a las rentas anuales de 60.000 euros o más, serían unos 600.000 los afectados, que aportan un 3,7% de la recaudación por IRPF. Con lo que la potencia recaudatoria de la medida sería aún mucho más limitada.
Por todo ello parece lógico tomarse un tiempo para madurar una decisión de tal trascendencia y empezar por plantearse medidas alternativas al anunciado aumento del IRPF, como las que proponen los técnicos del Ministerio de Hacienda asociados a Gestha:
1. Restituir el Impuesto de Patrimonio sobre las grandes fortunas eliminado por el Gobierno y que afecta a 35.000 contribuyentes, que podrían aportar 1.000 millones de euros al erario público.
2. Mejorar la lucha contra el fraude fiscal para reducir la economía sumergida en España a la mitad, y dejarla en el 10%. Se podrían conseguir unos 38.000 millones de euros, si se incluyen 13.000 millones de cuotas impagadas a la Seguridad Social.
3. Introducir nuevos impuestos medioambientales para industrias contaminantes.
Medidas todas ellas lógicas y necesarias incluso si el contexto económico no fuera tan crítico como el que atravesamos, y muy especialmente el de la lucha contra el fraude fiscal. Aunque al parecer se han conseguido algunos progresos -en 2008 se recaudó un 30% más pese a la crisis, tras aumentar un 25% las inspecciones-, queda mucho trabajo por hacer.
Si además les sumamos que el diagnóstico sobre dónde están las principales bolsas de fraude parece bastante claro, como demuestra el último barómetro fiscal de 2008(pdf), sólo se trata de actuar. Y cuanto antes, mejor.
