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Ciudadanos y el autoconsumo: Cuando el veto pesa más que el voto

Por Hugo Morán – Exdiputado

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Veinticuatro vetos (si mi información es correcta) ha registrado hasta la fecha el Gobierno contra otras tantas iniciativas del Congreso en lo que llevamos de legislatura, y todo parece indicar que esta va a ser la tónica preponderante en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo hasta que la misma se de por concluida. Es evidente, cada vez más, que es mucho mayor la capacidad del Consejo de Ministros para encorsetar la acción del Parlamento, que la de éste para condicionar las decisiones de aquél.

La variable que se ha producido ahora respecto a otros vetos anteriores que venían siendo reiteradamente rechazados por la mesa de la Cámara Baja, es que en el caso de la Proposición de Ley de Autoconsumo que había sido impulsada por todos los grupos parlamentarios excepto el Popular y Foro Asturias, ha sido una de las formaciones firmantes -Ciudadanos- la que se ha descolgado sorprendentemente de su compromiso inicial para colocarse del lado del Gobierno.

En ningún momento compartí el optimismo, y en algún caso euforia, de quienes querían leer en la composición del hemiciclo el relato del desmontaje de todo el entramado legislativo construido a golpe de mayoría absoluta por un Gobierno condenado ahora poco menos que al papel de convidado de piedra, a merced de las hostiles conveniencias parlamentarias de la oposición. No cabe en nuestra Constitución la figura del gobierno cameral.

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Transición energética: ¡que alguien pulse el interruptor!

Por Hugo Morán – Expidutado

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El día 3 de junio de 2008 se constituía en el Senado la Comisión Mixta no permanente para el Estudio del Cambio Climático. El consenso parlamentario permitió colocar en la agenda política del país un problema de orden global, frente al cual España no podía permanecer indiferente. Bien es cierto que la citada Comisión carecía de capacidad legislativa; era, como bien rezaba su título, una Comisión de Estudio cuyo alcance último no podía ir más allá del de acordar en su seno un conjunto de recomendaciones dirigidas a distintas instancias.

Aún en sus limitadas competencias, la misma se convirtió en un foro de alto nivel en el que comparecieron autoridades nacionales y mundiales, representantes de instituciones económicas y sociales de distinta índole, portavoces de ONGs, académicos e investigadores, en una abigarrada agenda que ocupó tres años de trabajos, a cuya finalización el Parlamento alumbró un documento con más de trescientas páginas en las que se condensaron análisis y diagnósticos, y que concluía con un conjunto de 100 recomendaciones para implementar una agenda de acción frente al cambio climático desde todos los frentes posibles. El documento de conclusiones hubo de pasar el filtro de la correspondiente votación parlamentaria, y salió adelante con la única abstención del Grupo Popular y el acuerdo del resto de formaciones.

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