Domingo Jiménez Beltrán – Presidente de la Fundación Renovables 
Estamos ante una opción estratégica de enorme trascendencia para el futuro de nuestra economía, medio ambiente, progreso y el bienestar de la sociedad española en general. Tenemos que conformar nuestro futuro energético y hacerlo de forma urgente ante la ausencia de planificación y política energética en general, sobre todo de la última década o, lo que es peor ante la existencia de una “contrapolítica” nefasta, iniciada ya en la segunda legislatura de Zapatero y perfeccionada con perversa eficiencia (decía Bill McDonaugh que «hay algo peor que un nazi, y es un nazi eficiente») en las legislaturas de Rajoy con los hermanos Nadal como preclaros agentes.
Una reciente artículo de Javier San Pedro en El País, glosando al nuevo Nobel de Economía, Richard Thaler (quien ha demostrado que somos irracionales como agentes económicos, en contra de lo establecido), concluía con algo que viene a cuento y es que «la política puede ayudarnos a planificar mejor». Para el Nobel de Economía las decisiones complejas requieren ciertamente el concurso de políticos, expertos y ciudadanos en democracias maduras participativas, aunque reservando un papel primordial a la política como gestora de los riesgos a asumir en estos casos. Política que, como bien se viene mostrando en el caso español, debería hacerse en el Congreso en casos como el de la transición energética y en base a propuestas del Gobierno o, en su ausencia, a iniciativa del Congreso si, como es el caso actual, puede haber una mayoría suficiente en la oposición.
Me meto en estas honduras para exigir que la respuesta al desafío del cambio climático y a la conformación de la necesaria y oportuna transición energética que se pretende instrumentar en una cacareada Ley venga de la política y ya, urgentemente. Y es que, con la habilidad y eficiencia que caracterizan al ministro Álvaro Nadal, se ha puesto en marcha un proceso por el que se hurta a la política, al Congreso y a la ciudadanía la conformación urgente de la transición energética.
En primer lugar, el Gobierno no ha dado unas mínimas referencias en cuanto a su propósito, visión y objetivos en el tiempo de la política energética que pretendería instrumentar con la citada Ley. Lo que sí ha hecho en cambio el Ministro Nadal recientemente es criticar la política y estrategias de descarbonización de la Unión Europea (Hoja de Ruta para una Europa baja en Carbono, Hoja de Ruta de la Energía para 2050, Paquetes 2020 y 2030 y Unión Energética) contraponiéndolas a las medidas ahora iniciadas por EEUU con Donald Trump para reforzar la carbonización de su economía lo que, según Nadal, colocaría a la UE en desventaja en los mercados. Tal afirmación, además de irresponsable es falsa como bien han demostrado las ventajas competitivas de la UE por haber firmado y cumplido con el protocolo de Kioto.
En segundo lugar, en este contexto de falta de referencias políticas, o más bien equívocas, el Gobierno se tira el pegote de abrir una extensa consulta pública pidiendo aportaciones de colectivos, agentes socioeconómicos, ONGs …que, por supuesto serán, además de bien intencionadas, bien informadas, pero siempre sin saber muy bien para qué. Muchos parecen contentarse con la falsa esperanza de que les servirá para presentar alegaciones cuando se presente el Proyecto de Ley, lo que ya es un indicador de lo baldío del ejercicio.
En tercer lugar, el Gobierno, también humildemente, se ha sometido a atender el dictamen y propuestas en materia de transición energética de un grupo de 14 expertos identificados a propuesta de partidos políticos y agentes socioeconómicos. Aunque siempre sin someter cuál es la política a futuro a la que deben dar respuestas técnicas.
El pasado 23 de junio, el Gobierno Rajoy entregó a la Mesa del Congreso de los Diputados un informe plagado de falsedades para tratar de justificar su veto a la tramitación de la Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, la cual había sido remitida al Congreso por el Parlamento balear tras ser aprobada en esta cámara por unanimidad el pasado mes de abril.
